Venezuela se encuentra en un proceso de excarcelación de presos políticos que será a su vez complementado con una nueva Ley de Amnistía, algo que en cualquier otro escenario se podría celebrar a plenitud. Sin embargo, en el país ha estado llevándose a cabo con tal opacidad que ha logrado la revictimización de presos políticos y sus familiares.
Así lo asegura Martha Tineo, directora nacional y cofundadora de Justicia, Encuentro y Perdón, una ONG que ha hecho seguimiento constante a los presos políticos para asistirlos tanto a ellos como a sus familiares.
Tineo señala que, dada la forma en la que estas excarcelaciones están ocurriendo, es prácticamente imposible determinar con exactitud cuántas personas han sido liberadas.
Más preocupante aún es que, a medida que se han registrado estas excarcelaciones, han ido apareciendo casos de presos políticos que anteriormente no habían sido reportados. “Siento que con esto se destapó un hueco sin fondo”.
-¿Qué evaluación hace de la manera en la que se han estado llevando a cabo las excarcelaciones de los presos políticos?
-Desde el anuncio del 8 de enero, hemos denunciado que el proceso ha sido absolutamente revictimizante y carente de toda transparencia. Aunque se prometió la liberación de un número importante de presos políticos, la realidad ha sido muy distinta. Inicialmente, el Ministerio de Servicios Penitenciarios reportó 116 excarcelaciones, de las cuales solo pudimos verificar 77. Posteriormente, las autoridades mencionaron una cifra de 406, pero al analizar los anuncios oficiales, detectamos que estaban incorporando excarcelaciones ocurridas en periodos anteriores, incluyendo diciembre de 2024, 2025 y principios de 2026. Esta falta de información veraz, oportuna y verificable termina por revictimizar a las personas. Al no existir listas oficiales, cronogramas ni criterios claros, el vacío informativo se llena con rumores y desinformación. Esto solo genera un mayor sufrimiento para los detenidos y sus familias, quienes siguen esperando saber quiénes serán liberados, bajo qué condiciones y por qué.
-¿Esto ha afectado a los familiares de esos presos políticos?
-La familia, en su desesperación, se ha movilizado a los diferentes centros de detención, que hay que insistir, no solamente son estos tres o cuatro a los que hemos podido hacerle seguimiento. Nosotros habíamos logrado identificar 90 centros de reclusión en Venezuela en los que había presos políticos. Entonces vimos cómo los familiares se trasladaron a todos esos lugares a esperar a sus familiares, porque es algo humano. El proceso ha seguido lamentablemente marcado con esa profunda opacidad, seguimos viendo anuncios de cifras que no son verificables y a las organizaciones de la sociedad civil, en comunicación con las víctimas, haciendo un seguimiento riguroso a la información; en la medida en la que hemos ido verificando, hemos ido haciendo anuncios.
-¿En total qué cifra de excarcelaciones manejan?
-Desde el anuncio del 8 de enero y hasta este momento, hemos logrado verificar la excarcelación de 455 presos políticos. Es un número muy inferior a lo que se ha reportado. Cuando se hizo ese anuncio, nuestro registro era de 1.011 casos, pero hoy la cifra de los que quedan sigue estando entre los 800 y 900. ¿Y esto por qué ocurre? Porque en Venezuela se aplica el patrón de Sippenhaft, que es la extensión de la persecución política a familiares; hay familias enteras presas por chantaje y amenazas. Muchos de estos casos no se habían denunciado porque a los familiares se les decía que, si los visibilizaban, la situación de sus parientes iba a empeorar. Ahora, ante la expectativa de las liberaciones, la gente ha empezado a denunciar. Entonces, al tiempo que verificamos excarcelaciones, estamos incorporando casos viejos que no conocíamos y que efectivamente califican como prisión política. Por eso la cifra no termina de bajar.
-Ante este escenario en el que se empiezan a conocer nuevos casos ¿existe una manera exacta de saber cuántos presos políticos hay en Venezuela?
-Nosotros siempre supimos que esto tenía mayores dimensiones de las que habíamos podido verificar. Lo sabíamos porque trabajamos directo con las víctimas y sus familiares; ellos mismos, al volver de las visitas en los centros de reclusión, nos reportaban que habían llegado diez presos más de los que nadie sabía, y así sucesivamente. Sin embargo, para verificar esos reportes seguimos una metodología muy rigurosa. No es un simple "suma diez más"; tenemos que identificar a la persona con datos completos, fecha de detención y sitio de reclusión. No nos basta solo con la información del familiar, hacemos una investigación del caso para determinar si efectivamente es persecución política. Ese rigor es lo que nos permite hablar con propiedad y ofrecer credibilidad. Siento que con esto se destapó un hueco sin fondo. El sistema de justicia se instrumentalizó a tal punto que cualquier autoridad cuenta con cuerpos de seguridad para detener arbitrariamente, un fiscal para acusar y un juez para condenar. Cuando se da rienda a esa arbitrariedad, pasan estas cosas. Por eso, para tener una cifra exacta, hace falta cruzar la data: si tienes a los órganos que detienen, al Ministerio Público y a los tribunales, pídeles que crucen y publiquen la información.
-En medio del proceso de excarcelación y del desarrollo de la Ley de Amnistía, ¿le sorprende que desde el chavismo se ataque el trabajo de las ONG?
-Las organizaciones de la sociedad civil hemos sido estigmatizadas, criminalizadas, perseguidas, incluso por vía legislativa todas estas leyes para restringir nuestro trabajo. Históricamente eso siempre ha pasado precisamente en sistemas autoritarios. Los defensores de Derechos Humanos siempre vamos a ser incómodos al poder, porque es el poder el que comete las violaciones de los derechos, es el Estado. Entonces, siempre que haya alguien que denuncie eso, va a molestar. Lo que pasa es que en un Estado democrático es esa labor, no se criminaliza, no se condena, no se lleva a prisión a los defensores. En el caso venezolano se ha tratado bajo la premisa del enemigo interno a grupos determinados de la sociedad civil como organizaciones, defensores, periodistas. Estamos en un sistema de absoluta arbitrariedad. Si a mí me parece que tú eres disidente, pues yo te mando a meter preso. Pero es que yo puedo ser disidente en un sistema democrático y eso no tiene que representar la privación de mi libertad. De nuestra labor se ha dicho que hasta le cobramos a las víctimas, los medios que hacen periodismo de investigación pudieran llamar e investigar si eso es así. Al final, ya eso forma parte de estas falacias que buscan ensombrecer nuestro trabajo.
-Con respecto a la Ley de Amnistía, ¿qué fallas han encontrado en la manera en la que se ha desarrollado?
-No es que se busque ser una voz disonante o negativa. Pero estamos tomando esto como algo novedoso y la verdad es que no es el primer intento de Ley de Aminstía, otros ya inclusive se concretaron. Hemos vivido experiencias pasadas y esas experiencias nos han dado cuenta que han sido procesos excluyentes, revictimizantes, donde no se construye un relato de la verdad, donde no se reconoce el daño causado, donde no se establece ningún tipo de reparación integral a las víctimas, donde no se hace ningún anuncio de garantía de no repetición. Pareciera casi una cartilla, pero esos son los estándares internacionales en materia de Derechos Humanos. Las víctimas tienen derechos y uno de esos derechos es el de la verdad. Que se diga que mi hijo no era fascista, que se diga que no estaba contratado por fuerzas extranjeras para hacer tal cosa. La verdad es importante. El tema de la justicia es tan sagrado, y a veces hay que recordárselo a las propias víctimas que están dispuestas a todo para conseguir la libertad. Es muy doloroso. Hay víctimas dispuestas a "borrón y cuenta nueva", a un "sí, yo pido, perdón, yo me arrepiento, lo que sea para ser libre"; pero no, una sociedad necesita justicia, si no tenemos justicia lo que vamos a tener es la certeza de que estos crímenes atroces van a seguir ocurriendo.
-Más allá de la libertad, ¿de qué sirve una Ley de Amnistía si no se desarticula el Estado que oprimió a estas personas?
-Por eso, en ocasiones, es importante explicarse bien. Yo formo y fundé una organización en la que mi cofundadora es la mamá de Geraldine Moreno, una joven asesinada en las manifestaciones de 2014. ¿Cómo no voy a estar yo de acuerdo con cualquier cosa que signifique la libertad para los presos políticos si tengo más de una década luchando por esto? Hay que ser cuidadosos, yo soy la primera que apoyará cualquier mecanismo que devuelva la justicia plena a esos presos políticos, pero el asunto más más allá. Pensemos en un escenario utópico con una ley que libera, reconoce el daño, que narra la verdad, que asegura justicia y reparación, que no deja a nadie por fuera. Pongamos ese escenario, pero si tú no desarticulas el aparato represivo, si no cesa en la persecución por razones política, entonces hoy pueden salir todos, y ya para mañana puedo estar empezando a abrir un nuevo registro de nuevos presos políticos. Por eso, además de una ley de amnistía debe existir un proceso de reinstitucionalización del sistema de justicia, porque esos funcionarios que cometieron esos crímenes no sean solo destituidos, sino también investigados, juzgados y condenados conforme al debido proceso si se determina que violaron los Derechos Humanos.
-En la Ley de Amnistía se habla de la vida y la paz como motivos para su desarrollo. ¿Puede Venezuela alcanzar la paz como sociedad solo con excarcelaciones y sin justicia para violadores de Derechos Humanos?
-Yo me temo que no. Porque más allá de liberarlos a todos hay que reconocer el daño, reparar a las víctimas. Tiene que haber justicia. Yo no creo que una paz sin justicia. La sociedad venezolana es una sociedad extraordinaria, pacífica, que tiene en su ADN la Constitución, la institucionalidad democrática. Hay que ver todo lo que ha pasado en el país y aun así la gente pide hoy lo mismo de hace 12 años: libertad, democracia, respeto a los Derechos Humanos. Ha pasado de todo y estamos en la misma actitud de buscar una redemocratización sin violencia y en paz, pero no por eso hay que decirle a las víctimas reconcíliense, no es eso, se tienen que dejar de violar los Derechos Humanos. Es que tú me maltratas y me pides que me reconcilie contigo, yo diría que no he hecho ningún daño, me lo hiciste tú a mí. Además, se habla de reconciliación, la reconciliación no es impuesta, pasa por el reconocimiento del daño. Reconoce primero que me dañaste y a sí restablezcamos la confianza y yo decido si me quiero reconciliar. Nadie está obligado a reconciliarse con nadie. Entonces, ¿por qué es tan importante entonces el restablecimiento el estado de derecho? Porque eso es lo que hace que mis derechos sean respetados, garantizados, independientemente de que yo tenga una posición distinta a ti, de que tú me reconozcas o no, me sientas como tu aliado político o no. El asunto es que yo sea un ciudadano como tú, y tú tienes que respetar mis derechos, y yo tengo que respetar mis deberes, Así tendremos paz. En una sociedad no hay paz con injusticia, tampoco hay paz sin democracia.
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