La madrugada del 3 de enero de 2026, una operación militar coordinada por Estados Unidos sacudió el centro de Caracas y desencadenó el mayor cambio político en Venezuela en más de dos décadas. La captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, ejecutada por fuerzas especiales estadounidenses, marcó el fin abrupto de su gobierno y el inicio de una transición bajo presión internacional. La misión, denominada Operación Determinación Absoluta, dejó un saldo de al menos 47 militares venezolanos y 32 agentes cubanos muertos, y trasladó a Maduro a Nueva York, donde permanece bajo custodia en un centro federal de máxima seguridad, enfrentando cargos de narcoterrorismo y conspiración.
Por infobae.com
El nuevo poder tutelado
El vacío de poder fue ocupado inmediatamente por Delcy Rodríguez, quien asumió la presidencia interina en un contexto de máxima tensión. Su administración conservó la mayor parte de la estructura chavista, incluyendo mandos civiles, militares y judiciales, pero debió operar bajo la supervisión constante de Washington. Desde el inicio, la gestión de Rodríguez quedó sujeta a una agenda de control internacional y exigencias públicas para garantizar la apertura democrática, la liberación de presos políticos y la reforma de sectores estratégicos.
La transición no supuso el colapso de las instituciones heredadas del chavismo, pero sí una transformación forzada y acelerada de las reglas del poder. La presión directa de la Casa Blanca, encabezada por Donald Trump y el Secretario de Estado Marco Rubio, obligó a Rodríguez a implementar una serie de concesiones progresivas. Muchas de estas decisiones contradicen no solo los discursos oficiales que dominaron la vida política venezolana durante los últimos veinticinco años, sino también principios fundamentales establecidos por Hugo Chávez, marcando una ruptura inédita en la narrativa y la praxis del régimen.
Liberación de presos políticos
Desde su anuncio el pasado 8 de enero, el proceso de liberación de presos políticos ha sido lento, opaco y marcado por la incertidumbre. Organizaciones como Foro Penal han confirmado la excarcelación de 344 personas desde el 8 de enero, pero ninguna ha recibido libertad plena. A la mayoría se le imponen medidas sustitutivas y restricciones de movilidad, manteniendo un control estatal sobre sus vidas.
Las liberaciones, casi siempre nocturnas y sin previo aviso, han obligado a los familiares a organizar operativos improvisados para rescatarlos en calles desiertas o zonas alejadas. Casos como el del periodista Biagio Pilieri y el ex alcalde Enrique Márquez ilustran la metodología: son abandonados por funcionarios en lugares públicos, sin recursos ni información. La falta de listas oficiales por parte del Ministerio Público y del Ministerio de Servicio Penitenciario agrava la angustia, pues obliga a las familias a esperar durante horas en las afueras de centros de tortura y cárceles comunes como El Rodeo o Tocuyito sin certezas sobre el destino de sus allegados.
Promesa de amnistía
El gobierno provisional de Delcy Rodríguez ha presentado la Propuesta de Ley de Amnistía General, que abarca todos los casos de violencia política desde 1999, pero excluye delitos graves como homicidio, narcotráfico y violaciones de derechos humanos. Esta medida, exigida por Estados Unidos y celebrada con cautela por la oposición, ha sido puesta bajo la lupa por organizaciones como Foro Penal, que advierten el riesgo de impunidad para quienes ordenaron o ejecutaron la represión estatal. El cierre de centros emblemáticos como El Helicoide o La Tumba se ha anunciado como un gesto simbólico, pero persiste el control judicial del chavismo y la permanencia de jueces designados por el régimen.
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