Donald Trump dio a Irán un ultimátum claro: debía renunciar al enriquecimiento y aceptar suministro exterior de combustible nuclear para un uso estrictamente civil; de lo contrario, el ataque del 27 de junio de 2025 sería solo un aperitivo. En Teherán, los ayatolás pensaron —como Nicolás Maduro en su momento— que el presidente estadounidense iba de farol. Solo después comprendieron hasta qué punto hablaba en serio.
Por David Alandete / abc.es
El programa nuclear iraní, presentado por Trump como la razón central para ordenar el ataque del 28 de febrero, es el hilo más persistente de la confrontación entre Washington y Teherán desde hace más de dos décadas. La pelea no es solo si Irán quiere o no una bomba, sino cuánto tarda en poder construirla si toma esa decisión, qué capacidad industrial conserva y qué margen real tienen los inspectores internacionales para verificarlo. En la Casa Blanca lo traducen a un cálculo político: el día que Irán pudiera rozar el 90% con rapidez, el coste de frenarlo se disparaba y la ventana de decisión se estrecharía hasta quedar reducida a unas horas.
Los orígenes del programa se remontan en realidad a antes de la Revolución Islámica de 1979, pero el foco estadounidense se enciende en 2002, cuando un grupo opositor denunció la existencia de instalaciones nucleares secretas y el asunto dejó de ser un proyecto energético para convertirse en una crisis de proliferación en pleno ciclo posterior al 11-S. Desde entonces, Irán ha defendido que su programa es civil y que tiene derecho a enriquecer uranio como Estado soberano, mientras Estados Unidos y sus aliados han leído ese enriquecimiento como el punto de partida técnico del camino hacia un arma nuclear, porque quien domina el ciclo del combustible reduce su dependencia exterior y gana autonomía estratégica.
El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) ha sostenido que, hasta 2003, Irán desarrolló un «programa estructurado» con actividades relevantes para un dispositivo nuclear. La evaluación posterior dominante en la inteligencia occidental fue que Teherán detuvo un programa formal de armas ese año, pero no abandonó conocimientos, infraestructura ni la capacidad de aproximarse de nuevo a esa meta. Ese matiz —no hay bomba declarada, pero sí toda una plataforma industrial y científica— es lo que alimentaba la tensión permanente: sanciones cuando avanzaba, negociación cuando se estancaba, amenazas cuando se aceleraba.
Hubo mucha presión hasta que Barack Obama decidió abrir una vía de deshielo con límites y verificación. El acuerdo de 2015 intentó cerrar el debate con un intercambio clásico: restricciones a la producción y un régimen de inspecciones de la OIEA a cambio de alivio de sanciones. En términos prácticos, Washington aceptaba que Teherán siguiera enriqueciendo, pero a niveles bajos y bajo vigilancia intensa. La lógica era ganar tiempo y previsibilidad.
La objeción, desde el primer día, fue política: el pacto nacía con un problema interno en Estados Unidos y con una contestación frontal de Israel. Los republicanos y Benjamín Netanyahu lo consideraron demasiado permisivo por su carácter temporal y por dejar fuera el programa de misiles y la red de milicias aliadas de Irán en la región. Netanyahu fue invitado entonces a repudiarlo en el Capitolio, en una escena que tensó la relación con los demócratas y dejó el acuerdo marcado como una herencia frágil.
Trump, en su primer mandato, retiró a Estados Unidos del pacto en 2018 y reimpuso sanciones dentro de una estrategia de «máxima presión». Su argumento fue que el acuerdo era insuficiente y que, a largo plazo, normalizaba a Irán como potencia nuclear latente.
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