Por Nelsly Teherán
Lo que las personas creían que era un corte momentáneo en el servicio de agua por tuberías se ha convertido en un problema que han tenido que soportar desde el 24 de febrero, cuando Cumaná, Araya y Marigüitar quedaron repentinamente sin el suministro del líquido tras la obstrucción del túnel de trasvase Guamacán, ubicado en el Turimiquire, estado Sucre.
Las versiones oficiales indicaron que el daño fue causado por un presunto movimiento sísmico. Desde la fecha del incidente, la gobernadora de la entidad, Jhoanna Carrillo, prometió que pronto sería solucionado; sin embargo, lejos de lo que esperaban los cumaneses y pese a que la presidenta encargada Delcy Rodríguez, en una visita el 2 de marzo confirmó que “ya estaba restablecido el servicio”, tres días después se declaró una emergencia hídrica en la entidad.
Un cambio a la realidad
Desde entonces, no solo se prohibió el uso de autolavados, la quema, tala y llenado de piscinas, sino que la ciudadanía ha visto afectada su vida, cambiando horarios de limpieza, abandonando los espacios laborales parcialmente y padeciendo problemas de salud.
Es el caso de Michelle Galatón, una mujer de 54 años de edad, habitante de la calle Urdaneta en la parroquia Valentín Valiente. Ella padece de artrosis severa en la cervical y, contrario a lo que los médicos indican, fue obligada a cambiar su rutina para sobrevivir ante la falta del servicio.
Su historia es como la de aproximadamente 500.000 ciudadanos que habitan solo Cumaná (sin contabilizar los que viven en los municipios Cruz Salmeron Acosta y Bolívar), quienes desde hace semanas no solo lidian con un reporte técnico, sino también con la obligación de cargar litros de aguas en botellones, envases de refrescos y baldes.
Galatón tiene prohibido llevar en sus hombros más de tres kilos, pero la realidad de Cumaná desafía cualquier orden médica. En ocasiones camina 15 minutos desde su residencia hasta el Parque Ayacucho, donde la Cruz Roja mantiene una jornada para regalar agua potable.
Para llevar a cabo actividades de aseo, Galatón viaja 30 minutos hacia la población de San Juan al menos una vez a la semana para lavar su ropa en el río ubicado en el sector El Recreo, como otros cumaneses. En algunas oportunidades visita a su hermano, quien vive cerca de la Panamericana, donde en horario nocturno sale agua en una tubería ubicada en la parte baja de la casa.
Un golpe al bolsillo
El presunto movimiento sísmico no solo causó una fractura estructural en el sistema de trasvase del embalse del Turimiquire, sino que dejó también una fractura marcada en el bolsillo de los sucrenses.
Comprar envases de 5 litros tiene un costo de 5,16 dólares aproximadamente. En otros lugares y dependiendo de la marca o capacidad de almacenamiento, la inversión puede ser desde 3,99 dólares, 15 dólares e incluso 18 dólares.
Asimismo, la recarga de estos envases puede oscilar entre los 200 Bs y 400 Bs; considerando que un ciudadano llena al menos tres de estos diarios, el gasto es de aproximadamente 17 dólares semanales.
A esto se le suman el costo de los pasajes para dirigirse a los ríos y el de las pastillas potabilizadoras que muchos compran. Incluso la inversión en tanques que van desde los 160 dólares y bombas de agua que, aunque sí es cierto que es un gasto único, representan más de lo que un trabajador común dispone en un mes.
Vida laboral, comercios y escuelas
Durante este periodo, numerosos sectores han mostrado sus exigencias y preocupaciones, tales como el Colegio de Bionalistas, la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Cumaná y el Colegio de Ingenieros de Sucre. Este último indicó en una rueda de prensa para medios locales, el pasado 12 de marzo, preocupación por no ser considerados para participar en los trabajos de recuperación. Mientras esto sucedía, el gremio de economistas exigió que fueran exonerados del cobro de impuestos, ya que muchas empresas y negocios habían detenido sus actividades laborales.
Por su parte, instituciones educativas como la Universidad de Oriente, Universidad Nororiental Gran Mariscal de Ayacucho (UGMA) y la Universidad Católica Santa Rosa (Ucsar), así como escuelas, liceos públicos y privados, han paralizado sus labores académicas.
Como medida ante la situación, inicialmente impartieron clases de manera virtual, tal como en tiempos de pandemia por el COVID-19, donde se usaban aulas virtuales de Classroom, grupos de WhatsApp y videoconferencias para que los estudiantes de los diferentes niveles educativos no detuvieran su formación.
Para la fecha, aunque algunos mantienen estas medidas, otros lo combinan con un horario en el que niños, niñas y jóvenes visitan las instituciones, uno o dos días, un máximo de tres horas.
Denuncias y otras irregularidades
La situación ha desencadenado un sinfín de quejas, denuncias y al menos 10 protestas protagonizadas por comunidades como Los Chaimas, La Llanada, Las Palomas, La Copita, El Bosque y Ciudad Jardín.
La tensión alcanzó su punto máximo el pasado 28 de marzo, cuando ocho técnicos quedaron atrapados dentro del túnel Guamacán durante las labores de reparación. En su momento las autoridades no dieron detalles; sin embargo, al día siguiente informaron en un comunicado que los rescataron ilesos.
Pese a eso, el incidente alimentó las denuncias por parte de la ciudadanía sobre la improvisación y falta de seguridad en los trabajos.
Jhoanna Carrillo, gobernadora del estado, aseguró abastecer de agua a comunidades mediante el envío de cisternas, pero no con la capacidad ni frecuencia para que los ciudadanos puedan solventar.
Michelle Galantón comentaba que en su sector ubicado en las adyacencias de la avenida Santa Rosa de Cumaná envían a una cisterna una vez a la semana, y aun así su capacidad de almacenamiento no le permite resolver con eso los siete días.
“Todavía hay un hermetismo, no se sabe en sí qué es realmente lo que ha pasado. Muchos creemos que no fue un sismo, sino falta de mantenimiento”, señaló la cumanesa.
Galanton finalizó mencionando que deben ofrecer un cronograma real de la reparación y mejorar la atención para los sectores vulnerables, en especial de personas mayores, quienes sufren por la incompetencia de las autoridades.
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