La Fiscalía Anticorrupción asegura que la investigación contra el empresario venezolano Alejandro Betancourt —dueño, entre otras empresas de la rentable marca de gafas Hawkers— está “incompleta” y, por eso, ha recurrido el archivo que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz acordó el pasado 25 de marzo.
Por Irene Dorta | EL PAÍS
El ministerio público sostiene que existen indicios de que Betancourt y otros cinco sospechosos introdujeron dinero en Europa procedente “de un fraude” de 4.350 millones de dólares (3.778 millones de euros) derivado de un “supuesto préstamo que se firmó en marzo de 2012 por parte de la petrolera estatal venezolana PDVSA y la empresa privada Administrador Atlantic”. El instructor dio carpetazo al procedimiento después de confirmar que el supuesto fraude ya había sido enjuiciado y archivado en Venezuela, pero para el fiscal esto no es motivo suficiente para dejar de investigar en España y urge a tomar declaración a más testigos.
El juez Pedraz abrió esta investigación en 2025, tras recibir una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción contra seis ciudadanos venezolanos —entre los que se encontraba Betancourt—, a los que situaba en una trama de blanqueo de capitales. El origen de las pesquisas, sin embargo, es de una información procedente de Suiza que apuntaba a un entramado de operaciones de compra de acciones, adquisición de inmuebles de alto valor y apertura de empresas para ingresar en el conducto europeo un dinero de PDVSA por el que, además, se pagaron “sobornos” a funcionarios venezolanos.
La Fiscalía había denunciado, además, al primo de Betancourt Pedro José de Jesús Benito Trebbau, al empresario venezolano Francisco Convit y otras tres personas por delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales. Pero el magistrado justificó el archivo de la causa hace unas semanas: “La justicia venezolana es la competente para investigar y enjuiciar los delitos que cometen sus ciudadanos en su territorio. Y, visto que en el presente caso ha determinado que el préstamo […] es conforme a la legalidad de dicho país y no constituye delito, la resolución dictada al efecto tiene eficacia jurídica internacional, máxime a la vista del convenio [firmado] entre España y Venezuela sobre ejecución de sentencias penales de 1994”.
A Anticorrupción, sin embargo, le parece que el asunto se “ha cerrado prematuramente” porque lo que se indagó en Venezuela no fue la corrupción entre “los empresarios y los funcionarios corruptos” que es lo que está bajo el foco en España. “Como se sabe, el instructor tiene el deber de agotar las fuentes de prueba disponibles antes de concluir que no existen indicios racionales de criminalidad”, apunta el fiscal en un escrito al que ha tenido acceso EL PAÍS.
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