“Nos sentimos engañadas”. Estas fue el reclamo general de los familiares de los privados de libertad del Internado Judicial de Barinas (Injuba), en referencia a las promesas realizadas por el Ministerio de Servicios Penitenciarios respecto a que los traslados solo serían voluntarios.
“Nos dijeron que ellos decidirían por voluntad propia si querían ser trasladados o no, que incluso podrían escoger el penal al que querían ir. También nos aseguraron que muchos presos regresarían a los estados donde cursan sus causas y que a los de Barinas no los tocarían, pero nada de eso está ocurriendo”, según confirmó el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) a través de un comunicado.
Hasta ahora, desde el Injuba han salido más de 15 traslados de hombres hacia distintos estados del país, entre ellos Carabobo, Guárico, Lara, Miranda, Portuguesa y Zulia, donde han sido reubicados en diversos centros penitenciarios que ya presentan sobrepoblación, agravando aún más el hacinamiento en esos recintos.
Aunque Francys Veloz, directora del anexo femenino de Injuba, anunció el desalojo total de las 112 mujeres privadas de libertad que permanecían en el penal, hasta tempranas horas de la mañana de este martes las internas continuaban en el recinto. Según la información suministrada a algunos familiares, podrían ser trasladadas a penales ubicados en Miranda y Táchira.
Los reclusos del Injuba tomaron el penal como medida de protesta tras una requisa que calificaron de violenta y durante la cual denunciaron maltratos físicos y torturas. A pesar de ello, Julio García Zerpa, ministro para el Servicio Penitenciario, continúa sin dar la cara a los familiares.
El funcionario llegó a Barinas la misma noche de los hechos, pero nunca salió del recinto, pese a que los familiares exigían ser atendidos por él. Quien finalmente se reunió con ellos fue el general de división, Giuseppe Cacioppo, director de Seguridad Ciudadana de Barinas, encargado de permitir el ingreso de un reducido grupo de familiares al penal para luego transmitir la información al resto. Fue en ese momento cuando se les prometió que los traslados serían voluntarios.
Hasta ahora no existe un listado oficial que precise cuántos privados de libertad han sido trasladados, quiénes son ni cuáles fueron sus destinos. Ante la falta de información, los familiares han tenido que organizar redes de apoyo y recorrer penales en distintos estados del país para intentar localizar a sus seres queridos. Lo que sí han podido constatar es que los traslados no fueron voluntarios.
“Muchos fueron sacados y señalados como líderes negativos simplemente por haberse subido a la placa para protestar por sus derechos”, declaró uno de los familiares a OVP.
Por otra parte, fue el propio general Cacioppo quien anunció la destitución del director de Injuba, Elvis Macuare Guerrero, cuando se trata de una información que corresponde comunicar al Ministerio de para el Servicio Penitenciario. Asimismo, que Sanin Omar Colmenares es quien sustituirá a Macuare como director del penal de Barinas, lo poco que se pudo conocer es que es exfuncionario de la extinta Policía Metropolitana.
OVP pudo constatar que desde la tarde del lunes fue instalado un equipo de jueces y fiscales en el recinto; sin embargo, hasta el momento solo se ha registrado una libertad. Se espera que la revisión de casos pueda beneficiar a otros privados de libertad.
Una protesta anunciada
Los privados de libertad de Injuba padecen las mismas calamidades que se registran en otros recintos penitenciarios del país, donde la escasez de agua potable y el deficiente suministro de alimentos por parte del ministerio son descritos por los familiares como inhumanos.
La alimentación de los reclusos se basaba principalmente en granos, pasta, masas elaboradas con harina y mortadela. Solo podían acceder a una alimentación adecuada cuando recibían visitas de sus familiares o cuando estos lograban hacerles llegar la paquetería.
En cuanto a la atención médica, esta era prácticamente inexistente. Incluso había reclusos con tuberculosis y personas diabéticas recluidas en enfermería sin recibir dietas especiales, comprometiendo seriamente su salud, y prueba de ello fueron las condiciones en las que fue trasladado desde Injuba el preso político, Tito Livio Volcanes Dávila, quien llevaba días manifestando fuertes dolores.
No fue sino hasta el 19 de mayo cuando finalmente fue llevado a un centro asistencial, en estado severo de deshidratación, donde tuvo que ser intervenido quirúrgicamente tras presentar una peritonitis aguda.
El penal, dividido en cuatro módulos, y un anexo femenino tiene capacidad para albergar a 450 reclusos; sin embargo, en él permanecían recluidos un aproximado de 1.312 hombres y mujeres, registrando un hacinamiento crítico de 291,55%.
Todas estas condiciones de reclusión se agravaron con los presuntos maltratos cometidos por el recién designado director, Elvis Macuare Guerrero, quien llegó al recinto ejecutando requisas descritas como violentas, durante las cuales botaban las pertenencias de los reclusos.
En una primera intervención del ministerio se realizó el traslado de al menos 40 privados de libertad hacia el Centro Penitenciario Yare III. Además, aislaron a un grupo de 120 reclusos en un área conocida como “el tigrito”, donde, según denuncias, fueron golpeados y privados de alimentación. También comenzaron a desechar los alimentos que con esfuerzo llevaban los familiares, redujeron la paquetería y el jueves 21 de mayo suspendieron las visitas.
Posteriormente, el domingo 24 de mayo, se ejecutó una nueva requisa considerada violenta, momento en el que los internos decidieron declararse en huelga, salir de sus celdas, tomar el recinto y denunciar mediante videos difundidos públicamente los abusos que estaban sufriendo.
Según las denuncias, la respuesta del director fue disparar contra la población penitenciaria, dejando al menos una persona herida con perdigones. Mientras tanto, hacia el área del anexo femenino fueron lanzadas bombas lacrimógenas, obligando al desalojo de las mujeres privadas de libertad.
Un grupo de privados de libertad subió a los techos de las torres y exigía únicamente la destitución del director y ser escuchados. Esta manifestación provocó comunicados por parte de instituciones como el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, pronunciamientos que se han vuelto repetitivos, tal como ocurrió en los casos de la muerte de Víctor Quero Navas en el Internado Judicial Rodeo I y la masacre de Yare III, sin que hasta ahora exista resultado alguno en dichas investigaciones.
Mientras tanto, Julio García Zerpa, ministro para el Servicio Penitenciario, continúa sin responder públicamente por estos hechos y las autoridades siguen recurriendo a los traslados como respuesta habitual ante situaciones violentas dentro de los recintos penitenciarios.
Desde OVP ratificamos nuestra exigencia: la destitución e investigación inmediata de este ministro que no ha hecho más que burlarse de las personas privadas de libertad y sus seres queridos.
Observatorio Venezolano de Prisiones
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