Pasado el primer impacto, el socialismo sigue tratando de metabolizar o, al menos, acertar a comprender la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero por tres delitos de corrupción —tráfico de influencias, organización criminal y falsedad documental—. La noticia generó una conmoción absoluta que fue derivando, con el paso de las horas, de la negación y la indignación a la preocupación. La lectura del auto del juez José Luis Calama forzó cierto reposicionamiento estratégico, pero bajo la base de una premisa que sobrevoló toda la jornada: la defensa de la figura del expresidente.
Por abc.es
«Confiamos en su inocencia». A última hora de la noche de este aciago martes, fuentes gubernamentales ya avanzaban que Pedro Sánchez utilizaría su primer pronunciamiento público, en sede parlamentaria, para cerrar filas. Una directriz, la de ensalzar «el buen nombre» del exdirigente socialista, que ya había dado a los suyos en privado a primera hora de la mañana y que llevó a las últimas consecuencias en la sesión de control al Gobierno de este miércoles.
«Todo mi apoyo a Zapatero», sentenció, en una frase perfectamente medida y percutida tras la primera embestida de Alberto Núñez Feijóo pidiendo responsabilidades por lo sucedido. Sánchez se ata al expresidente en una fase muy embrionaria del procedimiento, sin tener todavía todos los elementos de la investigación sobre la mesa. Un movimiento arriesgado y sobre el que varios cargos socialistas consultados reconocen sus reparos. «Conviene ser prudentes, más después de haber leído el auto. Esto puede llevarnos por delante. Puede ser el final», señala gráficamente un dirigente, que no oculta la trascendencia que tiene para el proyecto socialista que los indicios sobre el expresidente se acaben sustanciando en sede judicial.
En el Ejecutivo, sin embargo, parecen inmunes al riesgo. O, al menos, han decidido asumirlo. «Si luego sale que todo es cierto, no tendré ningún problema en desdecirme», señala un ministro que mantiene que el auto «tiene indicios, pero no tiene pruebas directas» contra Zapatero. Esta es la tesis que mantienen, el día después, en la Moncloa y en Ferraz. Se aferran a que en la redacción del juez no se incluye ningún elemento que «incrimine» al expresidente, que constate que existió el tráfico de influencias o que participara de ningún entramado societario.
En el Gobierno se parapetan en el respeto a la investigación, pero también reconocen cierta sensación de alivio, porque partían de una imputación aislada a primera hora de la mañana y al leer el auto no apreciaron ningún elemento de prueba que la sustentara. Las fuentes consultadas confían en que si los hubiera, ya aparecerían en el auto. «Nos mantenemos firmes en la creencia de la inocencia de Zapatero», aseguran, conscientes de que el proceso será largo y de que su posición actual es casi un acto de fe.
En el Ejecutivo tienen muy presente cómo se gestionó —para mal— el caso de Santos Cerdán. Durante semanas y meses se estuvo desmintiendo cualquier irregularidad y predicando que el entonces secretario de Organización del PSOE estaba libre de toda tacha hasta que llegó un informe demoledor de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Ahora, en la Moncloa defienden que esto no tiene nada que ver, porque no existen pruebas documentales, al contrario de lo que ocurrió entonces. «Leído el auto, lo que hacemos es tranquilizarnos porque no aporta pruebas concretas contra el expresidente», sentencian.
En este punto, el Gobierno y el partido hacen cierta autocrítica y rectifican respecto a los primeros pronunciamientos que apuntaban a un caso de ‘lawfare’. Del «no pararán» de Montse Mínguez al «el que pueda hacer que haga» de la número tres del PSOE. En las terminales socialistas reconocen ahora cierta precipitación, pero culpan a los medios de comunicación por su exigencia de una reacción inmediata a los hechos. En este sentido, fuentes socialistas se remiten a la comparecencia que Zapatero dio en el Senado, donde —consideran— aportó explicaciones de algunas de las cuestiones que ahora se le requieren.
El cierre de filas oficial presenta fisuras cuando se pulsa a cargos en privado. Tras la lectura del auto, los dirigentes consultados siguen en cierto estado de ‘shock’, sin querer creer que pueda ser cierto, pero aceptando que los indicios que refleja el juez son «muy graves». De ahí, que internamente se reclame mayor prudencia y que la investigación llegue hasta el final. En el partido temen que la implicación de Zapatero en algo presuntamente delictivo pueda acabar siendo el ‘game over’ definitivo de la legislatura. No porque Sánchez vaya a convocar elecciones —este miércoles volvió a confirmar que las elecciones serán en 2027—, sino porque algún socio parlamentario se acabe descolgando de la mayoría ante la evidencia.
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