De cumplir íntegramente su pena, el exministro José Luis Ábalos saldría de prisión a los 82 años. La condena del Tribunal Supremo fija 24 años entre rejas, pero con un límite máximo efectivo de cumplimiento de 16 años y medio. Koldo García ha sido condenado a 19 años y solo cumplirá un total de 15. Las defensas de ambos, no obstante, confían en anular acudiendo al Tribunal Constitucional, donde alegarán indefensión y vulneración de derechos fundamentales para forzar la nulidad total o parcial del juicio.
Por Pelayo Barro / theobjective.com
Durante la celebración del juicio por el caso mascarillas en el Tribunal Supremo, no fueron pocas las veces que tanto Ábalos como Koldo plantearon sus dudas sobre la legalidad de algunas de las pruebas presentadas por la UCO. También sobre diversas decisiones judiciales que afectaban a su caso. En privado, sus defensas aseguraban que, una vez que conocieran la sentencia, acudirían al Tribunal Constitucional para presentar un recurso de amparo. Y, según entendían, veían muchas posibilidades de que prosperase.
Una vez conocida la sentencia, según ha sabido THE OBJECTIVE, ya se han puesto a trabajar en ese recurso. Es la única vía que les queda, al haber sido condenados en última instancia por el Supremo. Ese recurso aludirá a diversas situaciones que se produjeron durante la fase de instrucción y de juicio oral, empezando por la famosa carta de Ábalos que fue interceptada en la Comunidad Valenciana por agentes de la Guardia Civil.
En noviembre de 2023, Koldo y Ábalos utilizaron al hermano del primero, Joseba García Izaguirre, como correo. Le pidieron que llevara un sobre con documentos para el aún diputado del Congreso. En el sobre habían escrito el nombre de Ábalos. La furgoneta de Joseba fue detenida en un control de tráfico. Un operativo del Grupo de Acción Rápida (GAR), la unidad antiterrorista de la Guardia Civil, se había preparado por indicación de los investigadores de la UCO. Sabían, por las conversaciones intervenidas al exasesor, que se iba a producir algún tipo de intercambio relevante para la investigación. Sin embargo, en el sobre, tan sólo se halló el informe del Tribunal de Cuentas sobre el expediente de compra de mascarillas en Transportes.
El hecho de que fuese un documento de fácil acceso, tal y como la UCO refrendó ante el Supremo, hizo pensar a los investigadores que aquella maniobra había sido una trampa precisamente para intentar boicotear la investigación al afectar a las comunicaciones de un diputado aforado.
El asunto ya fue planteado por la defensa de Ábalos ante el Tribunal Constitucional. Alegaron que «la función representativa del recurrente como diputado no se ha visto afectada por ser investigado por la Guardia Civil antes de haber sido solicitado y obtenido su suplicatorio». Sin embargo, la defensa de Ábalos y la de Koldo pretenden insistir en ello una vez finalizado el proceso.
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