

La captura de Nicolás Maduro y las decisiones políticas adoptadas en Venezuela desde entonces no han supuesto el desmantelamiento de la estructura represiva del país. Si bien no se ha registrado una ola de persecución comparable con la de momentos más críticos de 2024 y 2025, las autoridades han seguido privando de libertad a ciudadanos por motivos políticos. La organización Justicia, Encuentro y Perdón ha documentado las detenciones de al menos 14 personas por estas razones en los últimos 5 meses.
“Más allá de que haya habido o no detenciones masivas por razones políticas, el aparato represivo no se ha desarticulado y eso lo vemos precisamente con nuevas detenciones. Sobre todo, lo vemos con toda esa dinámica de revictimización de las excarcelaciones; el poder y el sistema de justicia todavía son utilizados para castigar a disidentes”, afirmó la abogada Martha Tineo, coordinadora de la ONG.
En entrevista con El Nacional, la defensora de derechos humanos expresó que pareciera que hay una “línea roja” que las autoridades saben que no deben cruzar. Desde el 3 de enero, los anuncios del gobierno interino de Delcy Rodríguez han sido supervisados por el gobierno de Estados Unidos, que planteó un plan de tres fases: estabilización, recuperación y transición hacia la democracia.
Como parte de esa estrategia, está contemplado el desmantelamiento de la estructura represiva del chavismo. El 8 de enero, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, anunció la liberación masiva de presos políticos en el país y posteriormente el Legislativo sancionó una Ley de Amnistía que, de acuerdo con Justicia, Encuentro y Perdón, así como con otras organizaciones de derechos humanos, ha derivado en liberaciones efectuadas de forma selectiva.
También se anunció el cierre de El Helicoide, denunciado como un megacentro de torturas controlado por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, pero hasta la fecha sigue funcionando. Hace dos semanas, Jorge Rodríguez informó la excarcelación de 300 presos políticos que no recibieron la amnistía por supuestamente cometer crímenes graves.
“A pesar de promesas, de anuncios que hablan de excarcelaciones y todo lo demás, el poder sigue decidiendo quiénes sí y quiénes no”, afirmó Tineo.
14 presos políticos tras la captura de Maduro
De acuerdo con Justicia, Encuentro y Perdón, en los últimos 5 meses las autoridades han detenido a al menos 14 personas por motivos políticos: 8 militares o funcionarios de seguridad del Estado y 6 civiles.
La abogada señaló que la ONG había podido verificar, al momento de la entrevista con El Nacional, la salida de prisión de al menos 752 presos políticos, pero subrayó que de esa cifra solo un pequeño grupo de ciudadanos recuperó plenamente su libertad mediante la Ley de Amnistía.
“Por aplicación de Ley de Amnistía, (han salido de prisión) un poco más de 100. La mayoría de quienes han salido, más de 600, ha sido por revisión de medidas, es decir, medidas sustitutivas a la privativa de libertad. Estas personas se mantienen judicializadas, enfrentando cargos gravísimos, violaciones del debido proceso, el derecho a designar abogados de confianza, y están con un peligro inminente de volver a prisión porque las medidas cautelares pueden ser revocadas en cualquier momento”, alertó.
Tineo afirmó que los anuncios de liberaciones hechas desde el poder constituyen “una estrategia” para impulsar la matriz de que en Venezuela están liberando a los presos políticos, cuando en realidad “son libertades condicionadas”.
Más de 600 presos políticos en Venezuela
En Venezuela, señaló, hay más de 600 personas que continúan detenidas por motivos políticos.
“No se trata de una restitución de derechos. Esto ha sido más bien una estrategia de comunicación política. Justamente para impulsar la matriz de que en Venezuela están liberando presos políticos, cuando en realidad son libertades condicionadas. Han salido más de 700, pero quedan más de 600, y eso deja muy claro que el aparato represivo no se ha desmantelado, que el sistema de justicia sigue siendo instrumentalizado para tener rehenes políticos, porque lo que nos ha dejado de lección la historia reciente es que tener prisioneros y rehenes políticos resulta más funcional al régimen”, manifestó.
La coordinadora de Justicia, Encuentro y Perdón explicó que los detenidos son utilizados en momentos de máxima presión, interna o externa, como ya ocurrió en 2024, cuando se agravó la crisis de legitimidad en el país tras el fraude en las elecciones presidenciales del 28 de julio, o a finales de 2025, cuando el gobierno estadounidense mantenía un despliegue militar en el Caribe.
“Excarcelar presos políticos les sirve como una válvula de oxígeno”, afirmó.
Martha Tineo recordó que esta estrategia de excarcelaciones no es nuevo y afirmó que, a lo largo de los últimos 27 años, se han registrado múltiples ciclos de liberaciones que no han implicado la salida de todos los presos políticos. Añadió que la ONG ha computado más de 20 víctimas de desaparición forzada en Venezuela.
“Las desapariciones forzadas no solo dejan absolutamente desprotegidas a las víctimas directas, sino que a las familias las someten a esta desgracia. Fue muy ilustrativo lo que ocurrió con la señora Carmen Navas. Someten a las familias a no solamente a ese infinito sufrimiento, sino además a un desgaste físico, emocional y económico. Es una búsqueda desesperada que va agotando todos esos recursos hasta llevarlas a ese punto límite en el que ya no aguantas más”, expresó.
También advirtió sobre la situación de ancianos en las prisiones, y aseguró que al menos 50 personas con enfermedades graves o en estado terminal continúan privadas de libertad. Para ambas situaciones, indicó la defensora de derechos humanos, la legislación venezolana establece restricciones para la privación de la libertad, salvo excepciones, y medidas humanitarias.
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