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miércoles, 17 de junio de 2026

¿Por qué la caída del "Niño Guerrero" no significa el fin del Tren de Aragua?

 

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La reciente baja de Héctor Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, en un búnker neutralizado al sureste del estado Bolívar, provocó un inmediato suspiro de alivio en diversos sectores de la sociedad venezolana y global que, apresuradamente, decretaron el fin del Tren de Aragua. Sin embargo, en el análisis de la inteligencia criminal, las celebraciones prematuras suelen ser el preludio de nuevas mutaciones delictivas.

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Para el abogado venezolano Rolnar Sanabria, exfiscal público de la nación y director del Latino Institute for Security Efficiency (LISE) con sede en Tulsa, Oklahoma, la realidad es otra: la megabanda hace mucho tiempo dejó de depender de un solo individuo.

Autor del libro “Tren de Aragua: Anatomy of a Transnational Criminal Empire” (2026), Sanabria ha expuesto sus análisis en escenarios globales como la 109th IAI Educational Conference en Orlando y el IV Congreso Internacional de Criminalística de la IAI División Colombia en Medellín. A partir de su experiencia, explica que la organización construyó una robusta arquitectura criminal con células operativas en múltiples países, rutas logísticas propias y fuentes de financiamiento diversificadas. “Niño Guerrero” era el símbolo y fundador, pero la maquinaria continuó operando mientras él estuvo en la clandestinidad.

— Doctor Sanabria, tras la baja de “Niño Guerrero”, muchos sectores piensan que es el fin de la organización. Desde la perspectiva de la inteligencia criminal, ¿por qué la caída de la cabeza no significa el colapso del Tren de Aragua?

— Sería un error conceptual pensar que se trata del fin de la organización criminal. El Tren de Aragua hace mucho tiempo dejó de depender de una sola persona. El día que cae un líder así, las economías criminales que construyó no desaparecen. Los corredores del crimen siguen activos. Los negocios siguen abiertos. Las operaciones en distintos países están diseñadas para continuar generando dinero de forma casi autónoma.

El “efecto hidra” y la aceleración de las franquicias

Esta resiliencia se debe a que las corporaciones delictivas de esta escala no dependen de una sucesión formal. El Tren de Aragua se sostiene sobre liderazgos regionales que operan con autonomía táctica en Venezuela, Chile, Perú, Colombia y Estados Unidos. Ante la ausencia del líder central, los mandos intermedios imponen su poder según el control territorial y su capacidad de violencia en el momento.

Históricamente, la caída de un fundador acelera la descentralización. Desde la intervención en el penal de Tocorón en 2023, la banda ya venía operando bajo un modelo de franquicias, por lo que el escenario más probable no es el colapso, sino una transformación profunda: las células con alta autonomía se volverán aún más independientes, dando paso al temido “efecto hidra”.

Al golpear el núcleo central en el estado Bolívar sin desmantelar primero las redes periféricas, el riesgo inmediato es la dispersión. La evidencia empírica en el estudio de carteles internacionales, como los mexicanos, demuestra que abatir al líder reduce la violencia a corto plazo, pero la incrementa después debido a la fragmentación en facciones más pequeñas, erráticas e impredecibles.

Estas células usan el nombre, los métodos y la reputación de intimidación del Tren de Aragua, pero operan de forma independiente, lo que dificulta la labor de inteligencia al no existir un solo nodo que perseguir, sino una red distribuida que impone terror y extorsión para silenciar.

— ¿Varía el portafolio de delitos (extorsión, microtráfico, trata de personas) cuando la organización se fragmenta, o se mantienen las mismas economías criminales?

— Lo que estamos viendo es una adaptación inteligente al entorno de cada país, lo cual habla de la madurez criminal de esta organización. En Colombia, Perú y Chile, el modelo es más tradicional y más violento: extorsión sistemática, tráfico y explotación sexual, secuestro y microtráfico. En Chile, por ejemplo, las autoridades desmantelaron recientemente una célula financiera que lavó cerca de 90 millones de dólares mediante criptomonedas, y en marzo de 2025 se condenó a 34 líderes con penas de hasta 560 años de prisión.

— Frente a esta diversificación de delitos, ¿cómo cambia la dinámica cuando la organización pisa territorio norteamericano?

— En Estados Unidos el modelo cambia porque el entorno cambia. La banca privada, el crédito accesible, los cajeros automáticos interconectados: esa infraestructura financiera se convierte en una vulnerabilidad que el Tren de Aragua aprendió a explotar. Vemos apertura fraudulenta de cuentas con identidades robadas, solicitud de créditos a nombre de terceros y el ATM jackpotting. De hecho, entre octubre y diciembre de 2025, el Departamento de Justicia presentó cargos contra 87 personas vinculadas al Tren de Aragua en Nebraska, acusadas de infectar cajeros automáticos con el malware Ploutus para forzarlos a dispensar efectivo.

El debate de la soberanía y la cooperación binacional

El operativo que arrinconó al líder criminal fue calificado por el Ministerio de Comunicación de Venezuela y agencias estadounidenses como una “operación combinada”, basada en apoyo tecnológico especializado e intercambio de inteligencia. Como exfiscal, Sanabria subraya que esta cooperación operativa cuenta con un piso jurídico sólido: la Convención de Palermo contra la Delincuencia Organizada Transnacional (ratificada por Venezuela en 2002), el artículo 153 de la Constitución Nacional que promueve la integración, y la Dirección de Asistencia Mutua en Materia Penal del Ministerio Público. Cuando existe voluntad política, las herramientas legales funcionan.

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Respecto al encendido debate sobre la soberanía nacional, el jurista es taxativo al diferenciar la soberanía declarativa de la material. Aunque los artículos 1, 5 y 11 de la Constitución de 1999, la definen como un derecho irrenunciable, en el derecho internacional la soberanía exige tres elementos prácticos: control territorial efectivo, capacidad de aplicar la ley dentro de las propias fronteras y autonomía real en las decisiones de seguridad.

Bajo esa premisa, Sanabria cuestiona el silencio histórico ante previas cesiones de soberanía real a actores no estatales. Recuerda cuando las Farc y el ELN establecieron zonas de control permanente en Apure, Táchira y Zulia, o cuando asesores foráneos participaron en decisiones estratégicas del aparato de seguridad.

El sureste del estado Bolívar no es un refugio accidental; el Arco Minero proveyó al Tren de Aragua de una economía paralela basada en la minería ilegal de oro y coltán con total impunidad. La diferencia fundamental, según el experto, es que aquella presencia delictiva nunca fue consentida formalmente ni respondía a un marco legal, mientras que esta operación binacional fue reconocida públicamente, amparada en tratados vigentes y facilitada por el propio Estado venezolano.

Hacia una reforma estructural de la justicia

La neutralización del líder del Tren de Aragua en el sur del país, donde hubo una acción conjunta de dos gobiernos, envía un mensaje de disuasión global: no existen santuarios de impunidad permanentes.

El director de LISE traza la ruta que el país necesita para refundar su sistema de seguridad de manera seria y duradera, desmarcándose de la improvisación.

— Si tuviera que definir el principal desafío que enfrentan hoy los gobiernos para erradicar por completo a este imperio criminal transnacional, ¿cuál sería?

— Desmantelar las economías criminales que lo sostienen, porque mientras exista el negocio, siempre habrá alguien dispuesto a ocupar el lugar del que cae. Lo que Venezuela necesita para enfrentar esto de manera estructural no es solo más operaciones; es una renovación profunda, jurídica e institucional.

En lo jurídico se requiere independencia judicial real, un Ministerio Público autónomo que investigue sin interferencia política, cadena de custodia de la evidencia con valor probatorio efectivo y cooperación judicial internacional activa mediante tratados de asistencia mutua en materia penal. En lo institucional, urge la certificación de profesionales forenses basada en competencias reales, estándares científicos internacionales para el análisis de evidencia, analistas de inteligencia criminal formados con rigor y evaluados por lo que producen, y la meritocracia como principio rector.

El crimen organizado transnacional no se combate con improvisación. Se combate con Estado, con ciencia, con derecho y con gente preparada.

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