Un grupo mayoritariamente integrado por mujeres se concentró el martes en Caracas, desplegó pancartas y fotos, y reclamó que las excarcelaciones no se hagan de forma gradual al recordar las promesas incumplidas por parte del Gobierno chavista
Decenas de familiares de presos políticos se concentraron el martes en la Universidad Central de Venezuela para solicitar al Gobierno Chavista la “liberación masiva” de los detenidos y rechazar que el proceso ocurra “a cuentagotas”. Activistas de la Alianza por la libertad, colectivo que lleva más de 40 días manifestándose frente a la Embajada de Estados Unidos en Caracas, desplegaron una pancarta con el mensaje “Libertad para todos los presos políticos” y sostuvieron fotografías de sus familiares.
“Sabemos que se viene un proceso de transición y un proceso democrático a partir del 1 de agosto con una mesa de diálogo entre la Asamblea Nacional de 2015 y la actual. Queremos que en esa mesa de negociación estemos reflejados”, expresó Gabriela Álvarez, quien reiteró la demanda de inclusión y solicitó el apoyo de Estados Unidos para la liberación de los presos políticos, cifra que según la ONG Foro Penal asciende a 372 personas.
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Entre los manifestantes se encontraba Magaly Sánchez, de 56 años, quien viajó desde Monagas a Caracas para visitar a su hijo Félix Aguilera, detenido desde 2024 y a quien considera “injustamente detenido”. Sánchez contó que pagó 40 dólares para trasladarse junto a su nieta.
Yamile Vidal, hermana del ex alcalde del municipio Independencia en Anzoátegui, Carlos Vidal, pidió su liberación y aseguró que fue víctima de una “componenda política”. El ex mandatario municipal fue detenido en 2022 y acusado de encabezar una red dedicada al desvío y venta ilegal de gasolina, según informó en ese momento el entonces ministro de Petróleo, Tareck El Aissami, actualmente también arrestado.
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Los familiares realizaron numerosas protestas y pernoctaron en diferentes cárceles tras el anuncio de excarcelaciones masivas y la aprobación de una ley de amnistía en febrero. Este instrumento contempla un período de 27 años, desde 1999, pero limita la concesión a personas vinculadas con 13 hechos ocurridos en 13 años distintos, dejando fuera otros casos, especialmente los relacionados con operaciones militares, corrupción, homicidio y violaciones de derechos humanos.
Sin embargo, la ley de amnistía fue presentada en enero por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, tras la captura del ex dictador Nicolás Maduro en Caracas por parte de Estados Unidos, y hasta este 22 de julio el Gobierno chavista no cumplió con su promesa.
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Por su parte, la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos exigió el sábado pasado una evaluación técnica independiente de la infraestructura de la cárcel Rodeo I, en el estado Miranda, tras el doble terremoto del 24 de junio. La organización denunció en la red social X que las autoridades no establecieron protocolos preventivos ni permitido el acceso de organismos independientes para verificar el estado del penal y las condiciones de reclusión.
Según el Comité, los presos políticos permanecen en un área común interna bajo vigilancia estricta, y reclaman no quedar atrapados en celdas consideradas inseguras ante posibles nuevos sismos. La ONG advirtió que persisten amenazas y temor a que funcionarios vuelvan a emplear la fuerza del Grupo de Respuesta Inmediata de Custodios (GRIC) u otro grupo violento para obligar a los detenidos a permanecer en celdas cuya seguridad estructural no ha sido verificada.
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El Comité solicitó el cese de amenazas, represalias y criminalización contra las víctimas, sus familiares y las organizaciones que denuncian la situación de los presos políticos, e instó a permitir el ingreso de organismos nacionales e internacionales independientes.
“La responsabilidad política de prevenir nuevas violaciones recae directamente sobre Delcy Rodríguez, como autoridad interina del Ejecutivo. El Estado conoce el riesgo y está obligado a actuar”, subrayó la organización.
(Con información de EFE)
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