La devastación provocada por los terremotos que golpearon a Venezuela ocurre en un país donde años de censura y persecución contra el periodismo han debilitado profundamente el ecosistema informativo. La población enfrenta esta tragedia sin un acceso confiable a la información, precisamente cuando más la necesita para salvar vidas, y con redes de comunicación severamente limitadas. Reporteros Sin Fronteras (RSF) hace un llamado a las autoridades para que hagan todo lo posible por restablecer de manera urgente el acceso a los medios de comunicación y a las herramientas de información.
Cuando una catástrofe ocurre en un territorio, garantizar que los periodistas y los medios puedan trabajar libremente y que, en consecuencia, la población reciba información forma parte de las condiciones esenciales para una respuesta eficaz a la crisis. Sin embargo, en Venezuela, mientras millones de personas buscan información confiable sobre las zonas de riesgo sísmico tras dos terremotos que ya han dejado más de 2.500 muertos y más de 12.000 heridos (cifras al 3 de julio), continúan existiendo importantes restricciones al trabajo periodístico: al menos 65 sitios web de noticias nacionales e internacionales permanecen bloqueados en el país, según el registro de la organización Venezuela Sin Filtro, especializada en censura digital. Además, los periodistas que trabajan sobre el terreno enfrentan obstáculos y, sobre todo, años de represión que han debilitado a todo el ecosistema mediático.
El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) advirtió desde el 25 de junio sobre la necesidad de garantizar el ejercicio del periodismo y, cuatro días después, denunció actos de hostigamiento y restricciones que afectan la cobertura informativa y la circulación de información. Edgar Cárdenas, secretario general del CNP en Caracas, indicó a RSF que la limitada presencia de periodistas en La Guaira, una de las zonas más afectadas por la catástrofe, así como las restricciones impuestas en torno a los hospitales públicos, “aumentan la preocupación por la opacidad en el manejo de información sensible sobre víctimas, daños y atención de la emergencia”.
“Los desastres naturales ponen a prueba la capacidad de un país para informar a su población. En Venezuela, esta tragedia también revela el costo de varios años de ataques contra la libertad de prensa y el derecho a la información. Cuando un ecosistema informativo es debilitado sistemáticamente, las consecuencias se vuelven especialmente evidentes en momentos como este, cuando la población necesita información confiable para proteger su vida y acceder a la ayuda. La conectividad, la presencia de periodistas sobre el terreno y el acceso a datos públicos verificables deben formar parte integral de cualquier respuesta humanitaria. RSF hace un llamado a las autoridades venezolanas para que levanten de inmediato y de manera definitiva los bloqueos contra los medios y las plataformas informativas, garanticen una cobertura periodística libre y aseguren a toda la población el acceso, sin censura ni restricciones, a la información esencial para enfrentar esta tragedia.
Una prensa debilitada por años de represión
Años de represión han reducido el pluralismo de los medios y debilitado a las redacciones que aún siguen activas, como El Pitazo, Efecto Cocuyo, Runrun.es, Armando.info, TalCual y El Nacional. Estas disponen de menos recursos y de una capacidad reducida para responder a una emergencia de gran magnitud. En este contexto, los periodistas suelen depender de sus propios medios o de redes de solidaridad para permanecer sobre el terreno.
Muchos periodistas se han visto obligados a abandonar el país debido a la represión y al deterioro progresivo de las condiciones para ejercer el periodismo bajo el gobierno de Nicolás Maduro. Esa represión también se ha traducido en detenciones de periodistas: a comienzos de este año fueron liberados seis de ellos, entre ellos Rory Branker, de La Patilla, quien continúa sujeto a restricciones judiciales. Según el informe regional Voces desplazadas: radiografía del exilio periodístico en América Latina (2018-2024), elaborado por Proledi (Programa para la Libertad de Expresión y el Derecho a la Información) de la Universidad de Costa Rica, junto con Fundamedios y la Cátedra Unesco de la Universidad Diego Portales, Venezuela registra el mayor número de periodistas obligados al exilio en América Latina: 477 periodistas venezolanos fueron forzados a abandonar el país entre 2018 y 2024.
Entre los ejemplos más recientes de cierre de medios, varias emisoras de radio fueron clausuradas a comienzos de 2026. La estación Urbana 94.3 FM, ubicada en Guatire y con 16 años de funcionamiento, fue cerrada en febrero de 2026 tras una intervención de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y de la Guardia Nacional, que además confiscó sus equipos. Otras emisoras, como Unika 92.1, Impacto 105.3 FM y Rítmica 104.1, corrieron la misma suerte. Estas decisiones evidencian la continuidad de un control administrativo sobre los medios que reduce la capacidad del panorama mediático venezolano para informar a la población, incluso en situaciones de emergencia.
La cobertura de la catástrofe también se ha visto obstaculizada por años de censura digital, agravada por los daños que los terremotos causaron a la infraestructura de telecomunicaciones. Desde los sismos del 24 de junio, los periodistas entrevistados por RSF han reportado extensas zonas sin conexión estable y la necesidad de recurrir a redes de terceros o a equipos satelitales para transmitir información. Héctor Estepa, periodista independiente que colabora con varios medios españoles, calificó las condiciones de trabajo como “catastróficas” y señaló que, en algunas zonas, “si quieres tener Internet, la única solución es Starlink”. En una situación de emergencia, cuando fallan el acceso a Internet, la electricidad y las telecomunicaciones, no solo se dificulta el trabajo periodístico: también se compromete el derecho de la población a recibir información confiable y oportuna.
Restricciones para quienes permanecen en el país
Los periodistas venezolanos y los medios que continúan trabajando en el país también enfrentan riesgos para su seguridad y posibles represalias. En primer lugar, muchos periodistas son también víctimas de la catástrofe: cubren los acontecimientos mientras enfrentan la pérdida de familiares, daños en sus viviendas, cortes de electricidad, problemas de conectividad y una fuerte carga psicológica. El CNP informó a RSF que ha identificado “al menos a 26 periodistas en una situación preocupante debido a problemas de salud, afectaciones psicológicas y las consecuencias de los prolongados cortes de electricidad”. En el estado Aragua, una encuesta del CNP compartida con RSF revela que 12 de los 53 periodistas consultados fueron afectados directamente por el terremoto, 17 sufrieron daños en sus viviendas y 11 solicitaron apoyo psicológico o acompañamiento emocional. “No hemos tenido un solo respiro desde el primer día”, resumió ante RSF Jeny Muñoz, integrante de la directiva del CNP Aragua. Para sostener la cobertura, los periodistas enfrentan una grave escasez de equipos de protección, baterías externas, radios de comunicación y apoyo para desplazamientos.
Cubrir las consecuencias del terremoto también expone a los periodistas a riesgos adicionales. Quienes intentan informar sobre la situación en los hospitales, las operaciones de rescate o posibles fallas en la respuesta de las autoridades, en algunos casos han visto obstaculizado su trabajo. Entre el 25 y el 30 de junio, la seccional del Distrito Capital del CNP documentó varios casos de amenazas contra profesionales de la información.
Acceso para la prensa internacional
Para la prensa internacional, cubrir Venezuela ya representaba un desafío antes de los terremotos. En enero pasado, alrededor de 200 periodistas extranjeros permanecieron bloqueados en Cúcuta a la espera de una autorización para ingresar al territorio venezolano. Otros fueron expulsados o detenidos en la frontera, como documentó RSF. Aunque varios equipos de prensa internacionales lograron finalmente ingresar al país tras el primer terremoto, persistió una gran incertidumbre respecto a la obtención de visas, acreditaciones, permisos de desplazamiento y acceso a las zonas afectadas. Según la información recopilada por RSF, la cobertura de la catástrofe continúa condicionada por requisitos administrativos y autorizaciones oficiales cuyas modalidades no siempre están claramente definidas para los periodistas que trabajan sobre el terreno.
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