Las muertes por enfermedades dentro de las cárceles venezolanas dejaron de ser una excepción hace muchos años, y se han convertido en una tragedia repetida que las autoridades conocen, pero frente a la cual siguen sin ofrecer respuestas ni soluciones.
Mientras cambian los nombres de quienes fallecen, las causas continúan siendo las mismas: abandono, atención médica insuficiente y un sistema penitenciario incapaz de proteger la vida de quienes mantiene bajo su custodia.
Ese patrón volvió a repetirse con la muerte de Yoandry Medina González, privado de libertad en el Centro de Formación del Hombre Nuevo “Dr. Francisco Delgado”, conocido anteriormente como El Marite, en el estado Zulia, quien fue ingresado de emergencia al Hospital Universitario de Maracaibo tras presentar complicaciones de salud asociadas a VIH y tuberculosis.
Este caso obliga a formular preguntas que el régimen sigue evitando responder: ¿Cuántos privados de libertad conviven actualmente con enfermedades crónicas o infectocontagiosas sin recibir tratamiento adecuado?, ¿cuántos diagnósticos se realizan de manera oportuna dentro de los establecimientos penitenciarios?, ¿existen programas efectivos para controlar la tuberculosis y garantizar el acceso continuo a terapias para personas con VIH? y ¿cuántas personas más deberán morir para que la atención médica penitenciaria deje de ser una promesa incumplida?
En este punto es importante mencionar que El Marite, concebido originalmente para albergar a 700 personas, mantiene actualmente una población superior a las 1.000 personas privadas de libertad, lo que representa una ocupación que supera el 143 % y un hacinamiento mayor al 43 %.
En un establecimiento con estas condiciones resulta imposible desvincular el deterioro de la salud de las condiciones de reclusión, puesto que el hacinamiento favorece la propagación de enfermedades infectocontagiosas, dificulta el seguimiento médico y convierte la atención sanitaria en una respuesta tardía, cuando no inexistente.
Ahora bien, las autoridades ya no pueden alegar desconocimiento. Durante años, desde el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) hemos documentado muertes asociadas a tuberculosis, VIH, desnutrición y otras enfermedades prevenibles dentro de los centros de reclusión.
La pregunta ya no es qué está ocurriendo en las cárceles venezolanas, sino es por qué, después de tantos años de denuncias, el Gobierno sigue permitiendo que las personas privadas de libertad mueran por causas que pudieron prevenirse o tratarse oportunamente.
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