el sábado 4 de julio de 2026. (Foto AP/Ariana Cubillos)
Ricos y pobres compartían un paraíso en Caraballeda, en la costa caribeña de Venezuela. Sus apartamentos —algunos con acceso directo a una marina y cientos ubicados en torres de vivienda pública— se alineaban en la misma calle curva y ofrecían vistas idílicas de playas de arena blanca y aguas cristalinas.
Por Regina García Cano/ Associated Press
Los propietarios de yates y quienes se desplazaban en transporte público que compartían esa vía simbolizaban la integración social que el gobierno se había propuesto alcanzar. Muchos de ellos, que disfrutaban de un día festivo o descansaban en sus hogares el 24 de junio, corrieron la misma suerte cuando la tierra tembló con tal violencia que sus viviendas quedaron reducidas a escombros en cuestión de segundos.
Ahora, unas 17.000 personas que sobrevivieron comparten también la poco común condición de no tener hogar en Venezuela. Mientras la cifra oficial de fallecidos supera los 3.500, muchos dependen de un gobierno duramente criticado por su respuesta a la tragedia y que en el pasado ha politizado el acceso a la vivienda para saber dónde vivirán, si es que llegarán a tener un nuevo hogar.
La vivienda sigue siendo una prioridad incluso en tiempos de crisis
Desde la segunda mitad del siglo XX, la vivienda ha sido una de las principales aspiraciones de los adultos venezolanos. El auge petrolero permitió al Estado financiar grandes complejos habitacionales, a las familias de bajos ingresos construir viviendas de ladrillo y cemento conocidas localmente como ranchos, y a los más acomodados comprar segundas y terceras residencias.
Incluso cuando la economía del país colapsó en 2013, la mayoría de los venezolanos seguía teniendo un techo bajo el que vivir, ya fuera porque el gobierno, que se define como socialista, les adjudicó una vivienda; porque compraron una a muy bajo precio a personas que necesitaban dinero para emigrar; porque ampliaron los ranchos construyéndolos unos sobre otros; o incluso porque ocuparon viviendas abandonadas.
Quienes viven en viviendas construidas por el partido gobernante desde hace 27 años —actualmente encabezado por la presidenta interina Delcy Rodríguez— no poseen las escrituras de las propiedades, pero esas viviendas les permitieron ahorrar y mantener a familias enteras fuera de la calle.
«Era su hogar, su casa. Fue una alegría inmensa cuando les asignaron estas viviendas», dijo Carlos Ortega sobre los 12 apartamentos de Caraballeda que fueron entregados a sus familiares hace más de una década, tras años de dificultades económicas provocadas por un deslave.
«Imagínese: les dieron una casa después de perderlo todo, pero ahora lo han perdido todo otra vez, incluso la vida».
Solo uno de los hermanos de Ortega sobrevivió al derrumbe de las torres de vivienda pública. Su hijo, que vivía en un apartamento del noveno piso pero estaba trabajando en una tienda de conveniencia cuando ocurrieron los terremotos, seguía desaparecido más de una semana después del desastre. Ortega esperaba encontrarlo en un hospital, un refugio o alguno de los campamentos de tiendas de campaña instalados en espacios públicos y estacionamientos privados.
No muy lejos de donde hacía una pausa tras retirar los escombros que sepultaban a su familia, otras personas evaluaban los daños en viviendas destruidas junto a un club náutico, mientras algunas motos acuáticas eran remolcadas. Allí, los rescatistas recibían galletas y otros alimentos servidos en bandejas de plástico mientras permanecían sobre los restos del edificio donde la esposa de un general del ejército esperaba que él y sus hijos fueran encontrados.
Los esfuerzos del gobierno por integrar a distintas clases sociales
Ronal Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, en Colombia, explicó que los gobiernos venezolanos, incluso antes de la llegada de Hugo Chávez a la presidencia en 1999, intentaron evitar la segregación socioeconómica construyendo proyectos de vivienda en zonas consideradas exclusivas o cerca de ellas. Según dijo, esta estrategia también les daba una ventaja política al diversificar el electorado en barrios de mayores ingresos, donde normalmente predominaba el voto opositor.
Sin embargo, las viviendas construidas bajo la «Gran Misión Vivienda Venezuela» de Chávez, que su sucesor Nicolás Maduro mantuvo hasta que fue derrocado por el ejército estadounidense en enero, tenían una condición: los beneficiarios nunca recibían las escrituras de propiedad.
«Lo que el chavismo intenta hacer es mantener la dependencia política», afirmó Rodríguez sobre el movimiento político fundado por Chávez. «Es decir, si en algún momento te vuelves contra mí y dejas de apoyarme, entonces te quitaré el techo que te di».
Esto vuelve a dejar a esos residentes en una situación de vulnerabilidad frente a las decisiones del gobierno, especialmente después de que muchos sobrevivientes denunciaran públicamente la falta de apoyo oficial en las labores de búsqueda y rescate.
El gobierno de Rodríguez, cuya deficiente respuesta a la catástrofe ha sido ampliamente cuestionada por habitantes de todos los sectores sociales, todavía no ha anunciado un calendario para las tareas de reconstrucción y recuperación de viviendas a largo plazo.
El alcance de los daños sigue sin conocerse con precisión, pero al menos 10.000 estructuras —aproximadamente un tercio del total— resultaron dañadas en Catia La Mar, ciudad situada al oeste de Caraballeda, también en el estado La Guaira, según imágenes satelitales analizadas por el laboratorio AI for Good de Microsoft. Los edificios antiguos, las construcciones de baja calidad y las características geográficas hicieron que muchos barrios venezolanos fueran especialmente vulnerables a terremotos de gran intensidad.
Recoger los pedazos
Benito Mantilla, de 68 años, vive ahora en una tienda de campaña instalada en el estacionamiento de una farmacia en Catia La Mar después de que su vivienda, de propiedad privada, sufriera daños. Su esposa viajó la semana pasada a República Dominicana, pero él decidió quedarse e intentar encontrar trabajo en Caracas, a unos 40 minutos de distancia, ya que los terremotos también destruyeron el taller de reparación de automóviles que compartía con su hermano.
Otra mujer que también vive en ese estacionamiento seguía confiando en que el gobierno le asignara pronto una vivienda. Según explicó, su hija forma parte de la estructura organizativa local del partido gobernante.
Mientras tanto, Caryudedi González, que compró su propia casa cuando tenía 21 años, esperaba que su vivienda de clase trabajadora, de la que la mitad se desplomó por un barranco, pudiera repararse de alguna manera.
«En muchos países es muy difícil tener una casa propia, y aquí trabajamos muchísimo para conseguir lo que es nuestro», dijo González, de 44 años.
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