En una oscura sala judicial de Caracas se acaban de realizar las vistas iniciales de un juicio?, de naturaleza política, en el que se procesa a los acusados en 2024 de participar en una supuesta conjura para asaltar cuarteles y tramar el asesinato de Nicolás Maduro. ?Aunque durante las audiencias de apertura empezaron a verse las fisuras en los procedimientos e indicios que sujetan la causa, que esta se haya confiado a una jueza conocida por dictar sentencias duras, alineadas con el régimen, hace incierto su final.
Por Kaoru Yonekura | Armando.info
En la Sala Este del quinto piso del Palacio de Justicia, en el centro de Caracas, nunca hubo un retrato de Simón Bolívar o de Nicolás Maduro que presidiera el recinto. En cambio, solía haber un logo del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, tal vez a manera de un recordatorio de cómo el Poder Ejecutivo solía incidir en el Poder Judicial. El logo ya no está. Lo que hay ahora es una sala oscura, una puerta dislocada, tres bombillos que titilan y los bancos de toda la vida.
A las 11:06 de la mañana del martes, 11 de agosto de 2026, Alejandra Verónica Romero Castillo, juez del Tribunal Tercero de Juicio con Jurisdicción Nacional en Casos de Terrorismo, entró a esa sala dando pasos cortos y apresurados hacia el estrado donde, hasta su llegada, dos de sus asistentes reposaban. Romero Castillo es una treintañera que, en persona, no se parece a la foto que de ella circula en la red social X. Aún más: si no fuese por la toga negra, tampoco parecería juez. Tiene la cara tersa, el cabello negro y muy liso, hasta la cintura y sin copete, lentes geek chic y zapatos de goma con plataformas para que sus aparentes 1,60 metros de altura ganen prestancia. Pero de que ejerce como jueza no queda ninguna duda.
Se sabe que en otros procesos políticos no ha tenido empacho en condenar a acusados de cuya presunta culpabilidad había escasos indicios y hasta ninguno, como los del Boicot a la Asamblea Nacional y los veredictos contra Rafael Tudares -yerno del presidente electo, Edmundo González Urrutia- y Luis Guillermo Istúriz -dirigente de Vente Venezuela-. También es a quien le confiaron dictar sentencia en el llamado Caso PDVSA-Cripto, un proceso de gran relevancia, con potencial para revelar fracturas internas en el chavismo, de cuyas vistas, actualmente en curso, el régimen de Delcy Rodríguez se ha ocupado de mantener lejos del acceso del público.
Pero hoy Romero Castillo se apersona para dar inicio, con dos años de retraso, a las audiencias de la causa de la comúnmente denominada Operación Brazalete Blanco. De hecho, la agenda semanal de la jueza por estos días se estructura en torno a los dos procesos: lunes, miércoles y viernes, atiende Pdvsa-Cripto; martes y jueves, se ocupa de Brazalete Blanco.
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