La reanudación de las relaciones consulares entre Chile y el régimen venezolano puso fin a casi dos años de ruptura diplomática y abrió un nuevo canal de comunicación entre ambos países. Sin embargo, detrás del anuncio quedó una pregunta que continúa sin respuesta: si este acercamiento tendrá algún efecto sobre la investigación que la Fiscalía chilena mantiene contra el ministro del Interior del chavismo, Diosdado Cabello, por el secuestro y asesinato del exteniente venezolano Ronald Ojeda.
La revisión de expedientes judiciales, documentos oficiales y la cobertura publicada por medios chilenos y venezolanos muestra que, al menos por ahora, la respuesta parece ser negativa. Mientras el acuerdo consular marca un cambio en el plano diplomático, el expediente que involucra a Cabello permanece sin modificaciones sustanciales: continúa bajo investigación, pero sin formalización de cargos ni una solicitud de extradición presentada por las autoridades chilenas.
Más allá del anuncio diplomático, la cronología de los acontecimientos apunta a otro escenario. La cooperación judicial entre ambos países comenzó a reactivarse meses antes del restablecimiento consular, tras la caída de Nicolás Maduro y la salida de Tarek William Saab de la Fiscalía venezolana. Eso significa que el obstáculo que mantenía inmóvil la causa dejó de ser, hace tiempo, la ausencia de relaciones diplomáticas.
Una causa que no se movió
El recorrido del expediente evidencia dos velocidades completamente distintas. Por un lado, la investigación contra quienes habrían ejecutado materialmente el asesinato de Ojeda avanzó hasta la fase de juicio. Por el otro, la situación procesal de Cabello prácticamente no ha cambiado desde comienzos de 2026, pese a que la Fiscalía chilena lo mantiene como el principal investigado por su presunta participación intelectual en el crimen.
La diferencia se hace aún más evidente al revisar las actuaciones desarrolladas por Chile durante el último año y medio. Aunque ambos países mantienen vigente el tratado bilateral de extradición firmado en 1962, las autoridades chilenas presentaron 12 solicitudes de extradición a Venezuela sin incluir en ninguna de ellas el nombre de Cabello. Ese patrón se mantuvo durante la ruptura diplomática y continuó incluso después de reabrirse el canal de comunicación entre ambos Estados.
En paralelo, surgió una versión según la cual Caracas habría condicionado el restablecimiento de las relaciones a que Chile evitara confrontar públicamente al régimen.
No obstante, debemos recordar que en diciembre de 2025, el entonces presidente electo José Antonio Kast expresó en Buenos Aires su respaldo a cualquier salida que pusiera fin a la dictadura venezolana y recibió una respuesta tajante de Maduro. Sin embargo, tal parece que esas declaraciones no condicionaron a priori el proceso de normalización entre ambos países.
La cooperación que volvió… sin tocar a Cabello
Si el restablecimiento de las relaciones consulares no explica el estado actual del caso, ¿qué ocurrió entonces con la cooperación judicial entre ambos países? La reconstrucción de los hechos muestra que ese mecanismo permaneció prácticamente paralizado durante más de un año. En ese período, Chile autorizó 14 solicitudes de extradición que ni siquiera pudieron ser notificadas a Venezuela debido a la ruptura de las relaciones. La situación comenzó a cambiar a principios de 2026, cuando la salida de Saab de la Fiscalía venezolana y la caída de Maduro facilitaron la reanudación de los contactos entre ambos ministerios públicos.
Ese detalle modifica por completo la lectura del anuncio del 30 de julio. Para cuando ambos países acordaron reactivar sus relaciones consulares, el canal de cooperación entre las fiscalías ya había sido restablecido. En otras palabras, el problema dejó de ser la imposibilidad de comunicarse y pasó a concentrarse en las decisiones adoptadas una vez recuperado ese mecanismo. La evidencia revisada muestra que, pese a contar nuevamente con esa vía, el expediente contra Cabello permaneció sin avances procesales.
La diferencia resulta todavía más evidente al revisar el uso que Chile dio al tratado bilateral de extradición vigente desde 1962. Aunque ese instrumento continuó plenamente operativo y fue reconocido como válido por las propias autoridades chilenas, ninguna de las 12 solicitudes de extradición presentadas recientemente tuvo como destinatario a Cabello. Mientras otros requerimientos siguieron su curso, el principal señalado por la Fiscalía en el caso Ojeda quedó fuera de esas actuaciones.
Ese patrón también se reflejó en las declaraciones públicas emitidas durante el desarrollo de la investigación. A lo largo de 2025 y la primera mitad de 2026, la Fiscalía chilena insistió en que evaluaría solicitar medidas contra Cabello si lograba acreditar su participación en el crimen. Sin embargo, la revisión cronológica del expediente no muestra que esa posibilidad haya dado paso a una acción judicial concreta.
La presión que nunca llegó
Mientras el expediente permanecía prácticamente inmóvil en Chile, otro frente siguió avanzando fuera del alcance de la relación bilateral. El 28 de marzo de 2025, las autoridades chilenas entregaron a la Corte Penal Internacional los antecedentes del asesinato de Ojeda para incorporarlos a la investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela. Ese procedimiento continuó su curso de manera independiente y no depende de la existencia de relaciones diplomáticas entre ambos países.
A ese escenario se suma otro elemento que trasciende a Santiago y Caracas. Una investigación publicada por ProPublica sostiene que la administración de Donald Trump mantiene con Cabello lo que describe como un “unspoken bargain” (“pacto tácito”), mediante el cual la acusación por narcoterrorismo sería utilizada como herramienta de negociación vinculada a intereses estratégicos en minería y petróleo. Esa investigación cita por su nombre a los exfuncionarios estadounidenses Todd Robinson y Brian Naranjo, quienes explican el uso que Washington estaría dando a esa acusación.
Ese contexto adquiere mayor relevancia si se considera que Estados Unidos mantiene vigente una recompensa de 25 millones de dólares por información que conduzca a Cabello. No obstante, todo parece indicar que esa presión en ningún momento ha sido utilizada para impulsar específicamente la causa por el asesinato Ojeda, pese a tratarse del expediente internacional que más directamente compromete al dirigente chavista.
Con todos esos elementos sobre la mesa, la evidencia apunta a una conclusión distinta de la que podría sugerir el anuncio diplomático. La reapertura de las relaciones consulares entre Chile y el régimen de Delcy Rodríguez no modificó el curso de la investigación contra Cabello, cuyo expediente permanece en el mismo punto mientras avanzan otras causas vinculadas al crimen de Ojeda. Hoy, el proceso sigue dependiendo de decisiones que exceden la diplomacia bilateral y cuyo principal impulso continúa concentrado en la instancia abierta ante la Corte Penal Internacional.
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