La jornada de este viernes dejó 64 excarcelaciones verificadas por el Foro Penal, mientras el régimen de Delcy Rodríguez anunció 131 medidas de libertad para presos políticos. Más que una cifra penitenciaria, el movimiento vuelve a mostrar hasta dónde llega el margen de maniobra de la nueva mandamás del chavismo en una Venezuela donde Washington continúa teniendo la última palabra sobre buena parte de la hoja de ruta política.
El propio secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, confirmó el respaldo de Washington a las liberaciones y aseguró que 1.046 venezolanos han salido de prisión desde el 3 de enero, mientras la administración Trump sigue vigilando de cerca las conversaciones entre el régimen y la delegación de la Asamblea Nacional de 2015. El mensaje difícilmente puede ser más claro: las excarcelaciones no están ocurriendo en un vacío político, sino dentro del proceso que Estados Unidos impulsa tras la captura de Nicolás Maduro.
Y el libreto ya había sido anunciado por Rubio desde enero. Washington planteó tres etapas para Venezuela: estabilización, recuperación y transición. La segunda incluye explícitamente la reconciliación nacional y la liberación de opositores encarcelados, mientras la tercera contempla el paso hacia una transición política. Es decir, lo que durante años el chavismo trató como una concesión imposible terminó convertido en una pieza de la agenda diseñada por el principal actor externo del nuevo escenario venezolano.
La pregunta es qué cambió. La respuesta está en el tablero posterior al 3 de enero. Tras la captura de Maduro, la administración Trump dejó claro que tendría capacidad de presión sobre las autoridades del régimen y que utilizaría esa influencia para conducir el proceso. La propia Casa Blanca habló entonces de la capacidad de Estados Unidos para ejercer “máxima influencia” sobre las autoridades provisionales, mientras Rubio vinculaba las liberaciones y la reconciliación con la segunda fase de su estrategia.
El terremoto del 24 de junio terminó de alterar el escenario. La emergencia obligó al chavismo a aceptar una cooperación estadounidense que meses antes habría resultado impensable, mientras Washington movilizó recursos de rescate, asistencia humanitaria y logística y coordinó directamente con el régimen. Rubio incluso habló con Rodríguez el día posterior al desastre.
A partir de allí, la tragedia dejó de ser solamente una emergencia humanitaria y se convirtió también en un acelerador político. Las conversaciones entre el chavismo y la AN de 2015, respaldadas por Washington, avanzaron hacia una agenda de reinstitucionalización, reforma electoral y garantías de participación política. El Departamento de Estado había señalado expresamente que apoyaba ese diálogo como una hoja de ruta hacia una transición democrática.
Y el chavismo terminó poniendo sobre la mesa una pieza que durante años había protegido como una fortaleza: el Tribunal Supremo de Justicia. El acuerdo alcanzado esta semana contempla renovar completamente el máximo tribunal mediante un nuevo proceso de selección, mientras ambas partes también acordaron gestionar el retorno del oro venezolano depositado en el Banco de Inglaterra para atender la reconstrucción tras los terremotos.
El detalle no es menor. La nueva mandamás del régimen puede conservar el discurso de soberanía y negar que Washington dicte sus decisiones, pero Estados Unidos mantiene una presencia determinante en el proceso: respalda la mesa de diálogo, reconoce a la AN de 2015 como interlocutor, supervisa el avance hacia la transición y ha convertido la liberación de presos políticos en uno de los indicadores de progreso.
Así, las excarcelaciones de este viernes encajan en una secuencia bastante difícil de esconder. El viejo aparato puede seguir ocupando oficinas, pero cada vez resulta más complicado sostener que controla por completo el volante. El asunto, entonces, no es solamente cuántas puertas de cárceles se abrieron este viernes. La verdadera noticia es que el régimen de Delcy está ejecutando medidas que forman parte de una hoja de ruta en la que Washington conserva un enorme poder de presión. Y después de 27 años de chavismo, que la discusión sobre una transición ocurra bajo esa tutela no es precisamente el final que la cúpula oficialista habría escrito para su propia historia.
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