Para el dirigente guayanés Hugo Maestre siete meses después del quiebre institucional que sacudió al poder en Venezuela, las delegaciones encabezadas por Jorge Rodríguez y Dinorah Figuera, finalmente se sientan a la mesa.
La presión sostenida de Washington forzó una fotografía que muchos creían lejana, pero el inicio de esta supuesta ruta hacia la democracia arranca con señales alarmantes, y la agenda pactada no refleja las urgencias estructurales de la nación, sino las conveniencias tácticas de un régimen experto en el arte de la supervivencia política, “en estirar la arruga”, dijo Maestre.
El primer punto del acuerdo busca desbloquear activos congelados en el Banco de Inglaterra, apelando a narrativas de emergencia social, una paradoja que resulta insultante, mientras el oficialismo presiona por acceder a estos fondos externos, guarda un silencio cómplice sobre el saqueo sistemático del erario nacional ¡,es que no se cansan de tanto choreo!… Se calculan más de 700.000 millones de dólares evaporados durante décadas de corrupción institucionalizada y purgas internas. ¿Dónde están las gestiones reales para repatriar esa inmensa fortuna robada a los venezolanos? optan por la vía del chantaje, condicionando la reinstitucionalización a la flexibilización de sanciones.
El verdadero campo de batalla, sin embargo, radica en el segundo punto: la reforma integral del Tribunal Supremo de Justicia y aquí es donde Venezuela se juega su destino republicano, conociendo el prontuario del oficialismo, donde la ingenuidad es un error imperdonable. Las preguntas de fondo son ineludibles:
¿Quiénes integrarán el comité de postulaciones encargado de evaluar las credenciales de los aspirantes?
¿Qué garantías existen de que el baremo de selección responderá a méritos profesionales e idoneidad moral y no a lealtades partidistas?
¿Cuáles serán las normas internas que impidan vetos encubiertos o mayorías manipuladas?
Se pregunta Maestre, porque al entregar la estructura del Poder Judicial a través de un reparto de cuotas, no democratiza al Estado; simplemente legitima el control autoritario bajo un nuevo ropaje.
El oficialismo jamás cede terreno sin sembrar trampas procesales que le permitan mantener el control tras bambalinas, utilizando la ley como escudo frente a sus responsabilidades.
El dirigente guayanés advierte que esta alerta va dirigida a la sociedad civil, a la delegación opositora y, de manera muy especial, a la comunidad internacional que actúa como garante de este proceso.
Una transición tutelada por la conveniencia del verdugo no es transición, es una prórroga calculada. y sin un sistema judicial independiente, transparente y desprovisto de vicios desde su conformación, cualquier pacto será papel mojado y la anhelada libertad quedará sepultada en otra maniobra de engaño, concluyó.
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