El panorama económico venezolano para el cierre del año 2026 ha tomado un giro tras el devastador terremoto del pasado 24 de junio. Leobaldo Molero, economista y docente de macroeconomía en la Universidad del Zulia (LUZ), dijo que, aunque el primer semestre del año perfilaba una trayectoria distinta, el desastre natural reconfiguró de manera inmediata el entorno económico.
En primer lugar, la actividad productiva sufrió una desaceleración drástica debido a las severas afectaciones en infraestructuras neurálgicas para el comercio nacional, tales como el puerto de La Guaira y el aeropuerto internacional de Maiquetía.
Molero explicó, en el programa De Primera Mano de Radio Fe y Alegría Noticias, que existen dos perspectivas importantes: las pérdidas millonarias y el efecto multiplicador de la reconstrucción.
Sobre las pérdidas millonarios, comentó que organismos multilaterales estiman que los daños materiales en infraestructura, viviendas y zonas residenciales oscilan entre los 19.700 millones y 40.000 millones de dólares. Esta cifra representa aproximadamente un 33% del Producto Interno Bruto (PIB) con el que Venezuela cerró el año 2025.
En cuanto a la reconstrucción sostuvo que a pesar de la contracción inicial, el proceso de recuperación podría generar un impulso en la demanda agregada, si el gasto público y la ayuda internacional se canalizan de forma eficiente hacia la reparación de viviendas, carreteras, escuelas u hospitales, sectores como la construcción y servicios afines podrían registrar cifras positivas a corto plazo.
Por otra parte, a raíz de los anuncios emitidos por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, sobre el programa Venezuela Renace (el cual plantea financiamientos de hasta un 80% para viviendas de hasta 70.000 dólares a pagar en 25 años mediante la banca pública y privada), Molero enfatizó que el principal reto radicará en la viabilidad financiera.
“Por un lado, la medida es bienvenida desde el punto de vista social y de asistencia a los afectados. Por otro lado, para que el sistema bancario posea el músculo financiero necesario para otorgar créditos hipotecarios y productivos a tan largo plazo, el Estado tendría que reducir el encaje legal”, explicó.
Sin embargo, esta flexibilidad crediticia entra en contradicción directa con la política monetaria restrictiva que ha ejecutado el Banco Central de Venezuela (BCV). Dicha estrategia buscaba contener la inflación y la presión cambiaria mediante la limitación de bolívares en circulación, por lo que expandir la liquidez crediticia podría tensionar nuevamente los precios y el mercado cambiario.
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