La transición venezolana ya entró en una fase de negociación, pero todavía está lejos de su punto decisivo: unas elecciones presidenciales con garantías suficientes para producir un nuevo poder político. Tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero, Estados Unidos pasó a tener una influencia determinante sobre el escenario venezolano y Delcy Rodríguez quedó al frente de un régimen provisional cuya margen de maniobra está condicionado por Washington.
La estrategia estadounidense no parece plantear un relevo inmediato, sino una transición por etapas. Marco Rubio ha definido el proceso alrededor de la estabilización del país, la recuperación económica y, finalmente, la creación de las condiciones para celebrar elecciones democráticas. En ese esquema, los acuerdos alcanzados entre el régimen de Delcy y la oposición no representan todavía el cambio de poder, sino la construcción de las instituciones que deberán hacerlo posible.
La pieza que mejor permite calcular los tiempos es el sistema electoral. Dinorah Figuera, interlocutora opositora respaldada por Washington, ha sostenido que Venezuela todavía no reúne las condiciones para ir a elecciones y ha colocado diciembre de 2026 como horizonte para avanzar en la reestructuración del Consejo Nacional Electoral y la arquitectura institucional necesaria. Su planteamiento encaja con la hoja de ruta estadounidense: primero reconstruir las reglas del juego y después convocar a los venezolanos a decidir quién debe gobernar.
En paralelo, las negociaciones entre el chavismo y la oposición ya produjeron un primer acuerdo de peso: la renovación completa del Tribunal Supremo de Justicia. El pacto también contempla mecanismos relacionados con futuras elecciones y la creación de nuevas mesas de trabajo. El acuerdo demuestra que existe capacidad para modificar estructuras del Estado, pero todavía no resuelve los asuntos que determinarán la competencia electoral: un CNE confiable, habilitación política, garantías para los candidatos, actualización del registro electoral y condiciones para la participación de los venezolanos dentro y fuera del país.
Otro elemento que Washington parece utilizar como indicador del avance del proceso es la situación de los presos políticos. El régimen de Delcy avaló medidas de libertad para 131 personas, aunque organizaciones como Foro Penal han advertido que la cifra de excarcelaciones efectivamente concretadas era menor inicialmente y que todavía permanecían cientos de presos políticos. Rubio calificó el movimiento como un paso importante hacia la reconciliación. La señal es clara: las concesiones políticas forman parte de la negociación, pero tampoco equivalen por sí solas a una transición democrática.
En este escenario, la posición de líder chavista resulta central. Su régimen no puede analizarse como una estructura completamente autónoma respecto de Washington: Estados Unidos ha marcado buena parte de los interlocutores, el ritmo y los objetivos de la negociación. Al mismo tiempo, Rodríguez conserva capacidad para ejecutar decisiones dentro del aparato estatal y negociar con la oposición, lo que convierte a su administración en una pieza necesaria para que la hoja de ruta estadounidense avance.
La otra pieza es Figuera. Su regreso a Venezuela y su designación como interlocutora para esta etapa no fueron hechos aislados: Washington la respaldó como figura para negociar con el chavismo y avanzar en la reconstrucción electoral. Su posición, además, permite establecer una diferencia importante entre la transición institucional y la elección presidencial. Si Figuera espera tener lista la arquitectura de la propuesta hacia diciembre, eso convertiría el cierre de 2026 en un punto de llegada de la primera fase, no necesariamente en la fecha de las elecciones.
Aquí encaja la frase de Rubio que más ayuda a establecer un horizonte: la transición debe tomar “meses, no años”. Si se cruza esa declaración con los plazos planteados por Figuera y con los acuerdos alcanzados durante agosto, el escenario más razonable es que 2026 sea utilizado para desmontar y reconstruir parte de la arquitectura institucional, mientras 2027 se convierte en el año con mayores posibilidades para una elección presidencial de transición. No existe, hasta ahora, una fecha oficial de comicios, por lo que cualquier mes concreto sería especulativo.
El próximo gran examen estará en septiembre, cuando las delegaciones retomen las conversaciones. Si para entonces existe un avance verificable en la renovación del CNE, el TSJ, las garantías políticas y la liberación de presos, el proceso podría pasar de la negociación institucional a la preparación electoral. Si no, la llamada transición corre el riesgo de quedarse atrapada en una etapa intermedia: un país sin Maduro, con un régimen provisional tutelado por Washington, pero todavía sin una fecha clara para que los venezolanos decidan en las urnas quién debe asumir el poder.
Por ahora, la ventana de 2027 es la que mejor encaja con las señales disponibles. Diciembre de 2026 aparece como un primer hito institucional; septiembre será una prueba de continuidad de las negociaciones y el verdadero punto de quiebre llegará cuando exista un cronograma electoral verificable. Ese será el momento en que podrá hablarse de una transición en sentido estricto y no simplemente de una negociación para hacerla posible.
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