El gran acuerdo petrolero anunciado por Donald Trump para hacerse durante un siglo con más del 20% de las reservas petroleras de Venezuela parece tener techo bajo cuando se escarba en los detalles sobre su implementación. A las opacidades del anuncio se agregan las versiones encontradas entre Washington y Caracas sobre la duración del pacto, la elección de un socio muy cuestionado como el venezolano Alejandro Betancourt, las dudas acerca de los miles de millones de dólares de inversión prometidos han generado dudas sobre su viabilidad e incluso su legalidad.
Por Florantonia Singer / Alonso Moleiro / elpais.com
La semana pasada desfilaron por Miraflores, la sede del Gobierno en Caracas, gerentes de petroleras como Chevron y la italiana Eni para firmar los primeros acuerdos. Las compañías han ampliado parte de los proyectos en los que llevan años trabajando y han adecuado sus contratos a las nuevas normas establecidas por Estados Unidos para el mercado venezolano. La firma, el 28 de agosto, del “histórico acuerdo” entre el Gobierno de Delcy Rodríguez y la Casa Blanca no ha sido pública.
El presidente de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), Héctor Obregón, afirmó este lunes que el acuerdo petrolero es tripartito y renovable por el tiempo que sea necesario. “El contrato está firmado a 25 años, pero de mutuo acuerdo pueden haber renovaciones contractuales por períodos similares hasta llevarlo al tiempo que corresponda”, indicó en una entrevista en una radio local. “Esperemos, por el bienestar de Venezuela, que el petróleo continúe siendo fuente durante 100 años”, agregó Obregón. El matiz del funcionario introduce algunos de los escollos que puede tener la implementación.
Para algunos expertos, hay mucho de propaganda en las cifras lanzadas por Trump: 65.000 millones de barriles, 100.000 millones de dólares de inversión y 209.000 millones en regalías. “Hubo dos anuncios diferentes. Por un lado, el de la Casa Blanca filtrado a varios medios que habla de 100 años y concesiones, acceso a crudo a precio de costo y la participación de la Oficina de Capital Estratégico del Pentágono con un 35% de las acciones de NABEP [la petrolera de Betancourt], algo que el Congreso estadounidense ya dijo que no era legalmente posible”, apunta el economista Francisco Monaldi. “Y está lo que dice el Gobierno de Venezuela. No son 100 años, sino 25. La empresa mixta o PDVSA pueden dar un Contrato de Participación Productiva en Hidrocarburos (CPPH) a una empresa para que opere el campo y ponga el capital a cambio de ceder parte de la producción. Y el Estado, vía regalías, recibe un pago”, señala. “Todo lo que dice sobre el acuerdo de Trump es ilegal o inconstitucional. Pero, al mismo tiempo, la ley antibloqueo de Venezuela permite cualquier cosa”.
Sin detenerse en el debate sobre la soberanía, el oficialismo hace mucho énfasis en los hipotéticos beneficios económicos y sociales de esta operación. La presidenta enfrenta a los militantes del chavismo disidente, que llaman a la población a la calle y profetizan que estos acuerdos serán nulos en no mucho tiempo. Elías Jaua, exvicepresidente de Hugo Chávez, ha dicho que este es un pacto fruto de una imposición militar y que es “nulo de derecho”, de acuerdo a la Convención de Viena. Rafael Quiróz, economista petrolero de la Universidad Central de Venezuela, opina que, desde el punto de vista legal, el acuerdo con Washington “es un adefesio”. Añade: “No solo viola la Ley de Hidrocarburos, violenta toda la Constitución. Las acciones de PDVSA no pueden enajenarse. Ese petróleo pertenece a generaciones futuras de venezolanos. ¿Esto va a comprometer nuestra presencia en la OPEP? Es un arreglo que presenta una enorme vulnerabilidad jurídica, y no podemos pronosticar un aumento de las inversiones o los ingresos porque desconocemos muchas de las condiciones”.
El cálculo de las reservas venezolanas también tiene algo de espejismo. “Hugo Chávez quería tener las reservas más grandes y las infló. Hay auditores que han puesto por debajo las reservas probadas de Venezuela. Es cierto que el petróleo está ahí abajo, pero no cumple con las exigencias para sacarlo y nunca hemos extraído más del 8% de lo que se dice que hay”, explica Monaldi. “Chávez firmó toneladas de contratos y ninguno de esos proyectos se hizo. La historia de la industria petrolera está llena de contratos que se firman y no se cumplen”, agrega.
Buena parte del crudo extra pesado del llamado Bloque Boyacá quedará bajo tierra, prevé Monaldi, porque se requieren inversiones de largo plazo y tecnología para sacarlo. El experto en políticas energéticas de la Universidad de Rice advierte, además, que la reserva estratégica de Estados Unidos no se puede llenar con crudo pesado y que la elección de socios extranjeros para cubrirlas genera molestias entre los petroleros estadounidenses. Sucede que ellos no pueden competir con los precios por debajo del mercado a los que está sujeta NABEP en el acuerdo.
La capacidad de la venezolana NABEP para desarrollar los 17 campos que recibió en concesión también está en entredicho. El acuerdo robustece sin duda sus opciones de financiamiento, pero la obligación de vender barriles a precios de costo a Estados Unidos pone en duda la viabilidad de las inversiones prometidas.
Ricardo Haussmann, exministro de Planificación durante el Gobierno de Carlos Andrés Pérez y académico de la Universidad de Harvard, afirmó en su cuenta de X que el acuerdo “corrupto y depredador” hará que “la recuperación económica de Venezuela sea más lenta, no más rápida”. Haussmann lamenta que se le otorgue “a una empresa insignificante” —por NABEP— “acceso a enormes recursos, a pesar de no contar con el capital gerencial, tecnológico y financiero para desarrollarlos”. El experto vaticina que necesitarán buscar socios y que estos “serán repelidos por las condiciones depredadoras que le ha impuesto Donald Trump a Venezuela”. También, añaden otros, por las formas poco ortodoxas con las que se ha llegado al acuerdo. “Para un inversionista de largo plazo, el acuerdo es complicado porque no sabe si sus contratos van a ser garantizados; hay un problema serio de legitimidad”, opina Monaldi.
Sobre las condiciones impuestas por Trump, el presidente de PDVSA ha aclarado este lunes que parte de los fondos generados por estos acuerdos serán transferidos a cuentas del Departamento del Tesoro, “para protegerlos de los acreedores” de la enorme deuda que tiene Venezuela, en una prolongación del tutelaje de Washington sobre el interinato de Delcy Rodríguez. “Pero nosotros administramos los fondos y generamos las órdenes de pago”, aseguró Obregón.
Algunos voceros tienen una apreciación algo más matizada. Reconocen las inconsistencias, pero no dejan de ponderar las oportunidades que se abren ante semejante volumen de inversión. “Venezuela tiene una necesidad muy importante de inversiones en el sector petrolero”, observa Luis Oliveros, decano de Economía de la Universidad Metropolitana y también experto en petróleo. “En las condiciones actuales es difícil generar incentivos al inversionista. El país ha perdido capacidad de convocatoria en inversiones petroleras frente a Guyana, Argentina y Brasil. Venezuela no puede levantar capital en condiciones como las que tiene: sancionado y con default”. Oliveros no niega que el acuerdo petrolero anunciado “seguramente tiene muchas cosas que mejorar”, pero advierte que, en las actuales circunstancias, “difícilmente podría el país aspirar a conseguir ese volumen de inversiones en mejores condiciones”.
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