El acuerdo petrolero anunciado entre Estados Unidos y Venezuela ha sido presentado con bombos y platillos por los múltiples beneficios que teóricamente traerá consigo. Al mismo tiempo, ha sido recibido con sorpresa, dudas y desencanto por la opinión pública de ambos países.
Por Alonso Moleiro / elpais.com
En algunos sectores de la política venezolana crece la preocupación por el fortalecimiento de la alianza entre Estados Unidos y el chavismo, un malestar que sigue siendo personal y todavía no tiene expresión política. Se extiende la impresión de que Washington maniobra para reforzar el statu quo revolucionario y que no tiene interés en el liderazgo opositor. En el chavismo disidente también es evidente la irritación con las decisiones del alto gobierno. El Gobierno y la institucionalidad del PSUV, con Diosdado Cabello al frente, han cerrado filas de manera ortodoxa y disciplinada en favor del acuerdo.
¿En qué consiste el acuerdo?
Estados Unidos ha anunciado un pacto para explotar 17 campos petroleros de Venezuela con 65.000 millones de barriles de reservas probadas, una cifra cercana al 22% de las reservas totales del país si se compara con el estimado oficial venezolano de alrededor de 300.000 millones de barriles. Esto se hace mediante una especie de cesión de derechos de largo plazo. Pero hay una discrepancia sobre la duración: el gobierno interno de Venezuela, presidido por Delcy Rodríguez, habla de una cesión preferencial de 25 años, mientras que Washington insiste en que serán 100 años.
Las cifras que se han manejado son de 100.000 millones de dólares en inversión y unos 209.000 millones de dólares en regalías e impuestos para el Estado venezolano en los primeros 25 años.
El economista Leonardo Vera, de la Universidad Central de Venezuela, reconoce que el impacto de estas inversiones, de cumplirse, puede ser muy positivo para la economía nacional. Sin embargo, advierte: “Estamos tan necesitados de inversión en Venezuela que, aun un acuerdo como este —oscuro, chucuto, que regresa al país a prácticas de contratación con el extranjero que ya se habían dejado atrás—, de todas formas hay gente contenta”.
¿Quién es Alejandro Betancourt y por qué es clave NABEP?
El acuerdo se ejecuta a través de North American Blue Energy Partners (NABEP), la sociedad mercantil que ha recibido los derechos de explotación de los pozos. El gobierno de Estados Unidos tiene una participación accionaria del 35 % en la matriz de NABEP, a través de la Oficina de Capital Estratégico del Departamento de Guerra, y un 20 % garantizado de la producción a precio de costo para el Departamento de Estado, además de derecho de primera opción sobre el 80 % restante. La junta directiva requiere mayoría de ciudadanos estadounidenses y Washington tiene poder de veto sobre sus nombramientos.
El profesor Vera ve con preocupación la concentración de poder que acumulará NABEP, “porque puede ser usada en contra de los intereses nacionales; siempre ha sido más ventajoso negociar con varias compañías”. Para el economista, el acuerdo representa un retroceso en las relaciones de la república con las compañías petroleras y el capital internacional.
NABEP está controlada por el controvertido empresario venezolano Alejandro Betancourt, cercano alguna vez al gobierno de Hugo Chávez y hoy amigo de Washington. El propio secretario de Estado, Marco Rubio, ha defendido a Betancourt y ha afirmado que este no es un acuerdo entre naciones, sino de Estados Unidos con un empresario con experiencia en el negocio petrolero y con vínculos con la oposición venezolana en los tiempos de Juan Guaidó. “Esta operación permitirá desplegar ese potencial en beneficio sustancial, tanto de venezolanos como de estadounidenses”, declaró el empresario en un comunicado de NABEP.
¿Por qué la figura de Betancourt es tan polémica?
Betancourt ha sido investigado en Venezuela, Estados Unidos, España y Suiza y fue arrestado dos veces en el Reino Unido en 2025 por solicitudes de extradición de España y Suiza, los dos países que aún mantienen investigaciones abiertas sobre él por lavado de dinero. Nunca ha sido acusado formalmente y él siempre ha negado cualquier irregularidad.
Sobre Betancourt, Delcy Rodríguez ha afirmado este miércoles en el Palacio de Miraflores: “Él no tiene cuentas pendientes con la justicia. Lo que pasa es que la prensa a veces es la que sentencia a la gente, no los tribunales”.
En Venezuela, a Betancourt se le acusó de orquestar con abultados sobreprecios la compra de repuestos y maquinarias usadas, organizar contrataciones sin licitación y fomentar el tráfico de influencias durante la crisis eléctrica de 2011 a través de Derwick Associates de Venezuela, empresa de la cual era propietario. En 2011, Derwick contrató con el Estado venezolano la responsabilidad de suministrar, instalar y poner en funcionamiento equipos para atender aquella emergencia, que se iba a agravar aún más hacia 2014 y que se ha convertido en un mal crónico en el país.
Pese a las acusaciones, Betancourt ha logrado relacionarse con astucia con dos gobiernos enemigos y parece vivir su momento cumbre como empresario. Rubio ha calificado de positiva la experiencia del gobierno de Trump con él, asegurando que “no tenemos en nuestros registros ninguna información que lo comprometa con situaciones irregulares”.
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