El exdiputado Juan Francisco García Escalona denunció este sábado 31 de octubre un presunto bombardeo del Ejército venezolano contra un campamento del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el estado Apure, que habría dejado al menos 19 personas fallecidas y un número todavía indeterminado de heridos, según reportes preliminares que no han sido confirmados oficialmente.
A través de su cuenta en X, García Escalona, el también coordinador de la organización Fundaredes en Apure, aseguró que la operación militar habría ocurrido el viernes 30 de octubre en el sector Buena Vista del Meta, una zona fronteriza donde desde hace años se denuncia la presencia de organizaciones armadas irregulares y actividades relacionadas con el narcotráfico.
«Según información preliminar recibida del bombardeo; nueve personas habrían muerto y sus cuerpos habrían sido trasladados a San Fernando, donde una comisión nacional del CICPC estaría realizando los procedimientos forenses correspondientes», manifestó el exparlamentario, al detallar parte de los testimonios que llegaron a su conocimiento.
Agregó que otros diez cadáveres permanecerían en el lugar del presunto ataque, mientras que varios heridos habrían conseguido desplazarse hacia territorio colombiano. No obstante, hasta el momento no se dispone de un balance oficial que permita comprobar estas cifras ni establecer la identidad de las posibles víctimas.
La denuncia se produce después de aproximadamente veinte días de reportes sobre enfrentamientos en distintas zonas del sur de Venezuela. Según García Escalona, pobladores indígenas han informado de movimientos armados en Los Pijiguaos, estado Bolívar, y en áreas próximas al paso del Burro, en las inmediaciones de los ríos Meta y Orinoco, presuntamente vinculados con disputas por el control de territorios donde se explotan minerales como bauxita y coltán.
«Durante años responsablemente he advertido sobre la presunta presencia de grupos armados irregulares en esta región», sostuvo el exdiputado, al asegurar que los testimonios recopilados describen lugares utilizados como retaguardia y puntos de acopio de cocaína.
Los señalamientos incluyen presiones contra habitantes de San Rafael, El Terrón, Capanaparo, Achaguas, Quintero y Elorza, así como denuncias relacionadas con Palmarito, Guasdualito, El Amparo, La Victoria y El Nula. García Escalona también acusó a autoridades regionales y municipales de mantener vínculos con organizaciones armadas.
El dirigente informó que habitantes de Puerto Páez habrían encontrado documentos y pertenencias personales en el área del supuesto bombardeo. Entre ellos mencionó identificaciones y licencias de conducir con los nombres de Jesús Javier Brugal Carrero, Juan Carlos Guerrero Márquez, Wilden Luis Solorzano Camacho y Gabriel Carlos Brugal, además de una credencial relacionada con una empresa de servicios aeroportuarios de Miami.
En su Informe Mundial 2024, Human Rights Watch reiteró que organizaciones armadas irregulares continuaban operando en distintos estados fronterizos venezolanos, donde imponían restricciones a los habitantes mediante amenazas y otras formas de violencia. Fundaredes también había advertido sobre la expansión de la extorsión y las actividades criminales en esas regiones.
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