En la madrugada del 7 de enero de 2026, un helicóptero militar estadounidense sobrevoló las aguas del Caribe hasta situarse sobre la cubierta del petrolero Sophia. Desde la aeronave, un grupo de agentes descendió mediante cuerdas y tomó el control del buque sin encontrar resistencia. En sus tanques transportaba cerca de dos millones de barriles de petróleo venezolano. La operación formaba parte de la ofensiva de Washington contra la llamada flota oscura, utilizada para transportar crudo sujeto a sanciones internacionales.
Por Cuentas Claras Digital | Investigación
Pero lo más desconcertante de aquella operación no fue la incautación, sino su desenlace. Tras desaparecer durante casi dos semanas y reaparecer luego frente a las costas de Puerto Rico, el Sophia fue objeto de una decisión tan inesperada como poco explicada: Estados Unidos resolvió devolverlo a Venezuela. El 28 de enero, Reuters reveló que las autoridades estadounidenses habían dispuesto su entrega, sin informar por qué renunciaban a mantener bajo su control un petrolero que acababan de interceptar ni aclarar qué había ocurrido con los casi dos millones de barriles de crudo que transportaba.
El episodio dejó abiertas preguntas que trascienden el destino de un solo buque: ¿quién era el verdadero comprador de aquel petróleo? ¿Quién debía recibirlo? ¿Y cuánto dinero terminaba ingresando efectivamente a las cuentas de Petróleos de Venezuela (PDVSA) por los cargamentos que salían de sus terminales?
Una investigación basada en contratos comerciales, facturas, conocimientos de embarque y registros internos de PDVSA y del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes), permite reconstruir una parte de ese circuito: las operaciones de empresas vinculadas al empresario Jorge Andrés Giménez Ochoa, presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, que recibieron cargamentos de combustible venezolano por cientos de millones de dólares mientras acumulaban importantes saldos pendientes de pago.
Durante años se ha especulado sobre la multimillonaria deuda que Giménez Ochoa tendría con PDVSA. Como intermediario petrolero vinculado al entorno de Delcy Rodríguez, tuvo acceso a más de 27 millones de barriles de crudo Merey 16 y de combustible (fuel oil) entre 2022 y 2024, por un monto de 1.560 millones de dólares. Para ello utilizó empresas diferentes, entre ellas, Panglobal Energy SMC LTD., Ripple Oil Trading LTD. y Hong Xing Energy LTD., registradas en Uganda y China. Sin incluir en este balance las deudas de Shandong Mingshuo Energy Trading C, que será objeto de la segunda entrega de esta investigación.
De contratista menor de PDVSA al círculo de Delcy Rodríguez
Los negocios de Jorge Giménez con el Estado venezolano son anteriores a su incursión como intermediario de grandes cargamentos petroleros. En 2016 constituyó junto a su padre, Fenelón Giménez, Construcciones Energéticas del Sur (Cenesur), empresa que obtuvo contratos para suministrar equipos y repuestos a distintas filiales y empresas mixtas de PDVSA, entre ellas Petrocedeño, Petrozamora, Petrolera Sinovensa, Petrosucre y Petroboscán, según documentación del Registro Nacional de Contratistas.
Para entonces, Giménez también había comenzado a construir relaciones con figuras del poder político. En junio de 2018 apareció junto a sus socios Antonio González y Martín Merckx Landaluce en un acto encabezado por el entonces gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez, relacionado con una exportación de cacao desde La Guaira.
En agosto de 2019, Giménez, entonces presidente del Deportivo Lara, viajó a España para suscribir un acuerdo de colaboración con el Zamora CF. Allí se reunió con Víctor de Aldama, presidente ejecutivo del club español, quien actualmente enfrenta varias causas judiciales en España, entre ellas el caso Hidrocarburos en la Audiencia Nacional.
La cercanía de Giménez con Delcy Rodríguez quedó expuesta en enero de 2020, cuando el empresario formó parte de la comitiva que acompañó a la entonces vicepresidenta en su viaje a Madrid, episodio que dio origen al denominado Delcygate. Entre los integrantes del séquito también figuraba el comerciante Yussef Abou Nassif Smaili, pareja sentimental de Rodríguez. La presencia de Giménez en aquel viaje ha sido documentada por reseñas periodísticas y mencionada durante la comisión de investigación del Senado español.
Posteriormente, las averiguaciones de la Guardia Civil española aportaron nuevos elementos sobre esa relación. Al examinar las comunicaciones entre Víctor de Aldama y Giménez, la Unidad Central Operativa (UCO) identificó al empresario venezolano como una persona de confianza de Delcy Rodríguez. En uno de los mensajes, fechado el 15 de junio de 2020, Aldama recordaba un negocio realizado con Giménez y hacía referencia a su relación con “la jefa”, expresión que los investigadores identificaron con la vicepresidenta.
Ese mismo año, los negocios de Giménez con el Estado adquirieron otra dimensión. Alimentos Lual, empresa vinculada a su entorno empresarial, participaba en el suministro y empaquetado de alimentos destinados a los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), negocio que utilizaba como medio de pago los recursos procedentes de la comercialización de petróleo venezolano.
El salto hacia la intermediación directa de grandes cargamentos petroleros llegaría posteriormente. Desde finales de 2022 aparecen en operaciones de comercialización de PDVSA las compañías Panglobal Energy, Ripple Oil Trading y Hong Xing Energy, relacionadas por distintas vías a la estructura empresarial de Giménez.
El escándalo PDVSA-Cripto, destapado en marzo de 2023, sacudió las estructuras del poder petrolero venezolano y provocó la caída de altos funcionarios y empresarios vinculados al régimen. La investigación dejó 66 detenidos, entre ellos el exministro de Petróleo Tareck El Aissami, el exministro de Finanzas Simón Zerpa, el empresario Samark López, el exdiputado Hugbel Roa y Antonio José Pérez Suárez, vicepresidente de Comercio y Suministro de PDVSA.
El nombre de Jorge Giménez también estuvo vinculado al caso. Sin embargo, a diferencia de otros empresarios involucrados, no figuró entre los acusados formalmente. Según fuentes conocedoras de aquellas operaciones, Giménez contó con la protección de Delcy Rodríguez, entonces vicepresidenta de la República y ministra de Economía, Finanzas y Comercio Exterior.
Pese al estallido del caso PDVSA-Cripto y a las investigaciones que siguieron, las empresas vinculadas a Jorge Giménez continuaron recibiendo cargamentos de hidrocarburos. Los documentos examinados permiten identificar un patrón de operaciones caracterizado por condiciones comerciales privilegiadas, acumulación de deudas sin que se interrumpieran los despachos, vacíos documentales y mecanismos de compensación financiera opacos relacionados con el suministro de alimentos del programa CLAP. Un circuito comercial que movilizó más de 1.560 millones de dólares y plantea interrogantes sobre los controles de PDVSA y las responsabilidades de quienes autorizaron estas operaciones al más alto nivel.
Hong Xing: Cargamentos millonarios y facturas impagadas
Las condiciones de PDVSA establecían que las empresas compradoras debían adelantar la mitad del pago antes de iniciar la carga y cancelar el resto antes de que el buque abandonara el puerto. Sin embargo, una conciliación bancaria de la Vicepresidencia de Finanzas de la petrolera fechada en junio de 2025 revela que, años después, las empresas de Giménez Ochoa aún tenían saldos pendientes, en muchos casos, incluidas operaciones por las que no se había recibido ningún abono.
Entre diciembre de 2023 y septiembre de 2024, Hong Xing habría facturado un total de casi 370 millones de dólares correspondientes a 7 millones 532 mil barriles de fuel oil.
La conciliación bancaria revela que de los 369,3 millones de dólares facturados a Hong Xing Energy por 16 cargamentos de combustible, apenas 63,8 millones figuran como recibidos. Tres operaciones registran abonos mediante compensación financiera, una modalidad de pago vinculada al suministro de cajas de alimentos del programa gubernamental denominado Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP); otras cinco presentan pagos parciales y ocho no registran ningún abono. La diferencia pendiente asciende a aproximadamente 305,5 millones de dólares, equivalente al 82,7 % del monto facturado.
Entre las operaciones sin pago registrado, la conciliación identifica cuatro cargamentos que estarían pendientes de documentación, otra de las irregularidades que se repite en las transacciones de las empresas relacionadas con Jorge Giménez.
Más de un millón de barriles sin factura
Las irregularidades documentales no se limitan a las operaciones de Hong Xing. El conocimiento de embarque N.º 19263-8215-1-1, de fecha 19 de marzo de 2022, registra que el buque Henry, identificado con el IMO 9233741 de bandera vietnamita, transportó 1.014.079 barriles de crudo Merey 16 a nombre de Panglobal Energy SMC Ltd desde la plataforma Jose, terminal petrolera situada en la costa del estado Anzoátegui, hasta Qingdao, China.
El valor estimado del cargamento podría situarse entre 40 y 53 millones de dólares. Sin embargo, según fuentes de PDVSA consultadas para esta investigación, no se ha localizado una factura asociada a esa operación.
Los documentos revelan otros aspectos cuestionables de estas operaciones, relacionados con las condiciones de venta y los precios autorizados por PDVSA, que en algunos casos se situaron considerablemente por debajo de las cotizaciones internacionales de referencia.
PDVSA vendió combustible a Giménez con descuentos de casi un 40%
Un análisis de las operaciones de PDVSA con Hong Xing Energy Limited y del contrato suscrito entre ambas bajo el número 37020330 de junio de 2024 revela importantes diferencias entre los precios facturados por la estatal venezolana y las cotizaciones internacionales de referencia.
En el período analizado, la empresa recibió cargamentos de hidrocarburos facturados a precios fijos de 46 y 52 dólares por barril, mientras que las cotizaciones del mercado Platts Singapur, utilizadas como referencia, oscilaron entre 66,15 y 78,50 dólares por barril.1
En las 16 operaciones examinadas, las diferencias alcanzaron hasta 26,50 dólares por barril, equivalentes a descuentos cercanos al 40 % respecto a la cotización de referencia.
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