
El acuerdo petrolero que Donald Trump llamó “el más grande de la historia” fue diseñado para que ningún gobierno futuro, ni en Washington ni en Caracas, pueda desmontarlo con facilidad. Así lo muestra una copia del documento de 18 páginas que revisó ProPublica, en una investigación firmada por Aaron C. Davis, Cate Brown y Sebastian Rotella y publicada este martes.
El texto, firmado por el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, le da a Estados Unidos una participación del 35% en North American Blue Energy Partners (NABEP), la empresa de Alejandro Betancourt, a través de una sociedad matriz registrada en Barbados. El papel del Gobierno venezolano y los beneficios para su población, concluye el medio, “están en gran medida ausentes del texto”. LaPatilla adelantó esta mañana los puntos centrales del reportaje; estos son los detalles que completan el cuadro.
Un firmante que nadie había mencionado
Junto a Betancourt, Rubio y Hegseth, el acuerdo lo firmó Orlando Alvarado en nombre de la sociedad matriz. La administración Trump nunca lo presentó como parte del pacto. Alvarado ha ocupado cargos directivos en varias empresas de Betancourt, entre ellas la dirección financiera de una compañía energética envuelta en escándalos hace una década. Según el Miami Herald, citado por ProPublica, fiscales federales lo identificaron como coconspirador no imputado en un esquema para desfalcar a Pdvsa.
El vocero de NABEP, Terry Wade, respondió que “ni el señor Betancourt ni el señor Alvarado han sido acusados de ningún delito en ningún país, y cualquier señalamiento en su contra carece de fundamento”.
Acciones a un centavo y disputas en Texas
Estados Unidos no pagará nada por adelantado. El documento prevé que una oficina del Pentágono adquiera su participación a 0,01 dólares por acción mediante certificados de compra que vencen a los 75 años del cierre. Trump ha dicho que esas acciones podrían valer “cientos de miles de millones”. Los senadores demócratas del Comité de Servicios Armados sostienen que esa oficina no tiene autoridad legal para cerrar un trato con una empresa extranjera que opera en un país sancionado, algo que el Congreso ya había puesto en duda en septiembre.
Si surge un conflicto, Venezuela no podrá llevarlo a sus tribunales. El acuerdo establece que cualquier disputa entre la empresa y Estados Unidos se resolverá bajo ley estadounidense, ante el Tribunal del Distrito Norte de Texas. Donde no aplique la ley federal, regirá la de Texas.
A cambio, Washington obtiene el derecho a comprar el 20% del crudo de NABEP a 30 dólares el barril, prioridad sobre el resto de la producción durante 50 años, el derecho irrevocable a quedarse con toda la producción si declara una emergencia nacional y un trato de “nación más favorecida”: si la empresa firma un contrato mejor con otro, debe ofrecerle las mismas condiciones.
Cien años que no están en el papel
Trump ha dicho que el acuerdo asegura el dominio energético de Estados Unidos por un siglo. El texto, en cambio, fija los derechos de compra en 50 años. Un funcionario estadounidense afirmó que Delcy Rodríguez otorgó a NABEP concesiones por 100 años, pero esa cifra no aparece en el acuerdo y choca con la ley venezolana, que limita las concesiones petroleras a 25 años.
La producción también está lejos de lo prometido. NABEP extrae hoy unos 200.000 barriles diarios: en un año entero, eso equivale a lo que Estados Unidos consume en tres días. La meta es llegar a 500.000 barriles a finales de 2028. La empresa sumó dos plataformas de perforación este mes.
Cómo Betancourt llegó a la mesa
La investigación reconstruye cómo el Gobierno estadounidense descartó a petroleras como Chevron, Exxon y Conoco. “NABEP tuvo prioridad. Exxon, Conoco y las demás fueron tratadas como de segunda clase”, dijo una fuente.
Betancourt había servido de interlocutor de Washington con Maduro y, según Reuters, aportó información para la captura del exmandatario. Cuando empezó a ganar terreno, seguía bajo arresto domiciliario en su finca de Oxfordshire, en Inglaterra, por una solicitud de extradición de Suiza ligada a una investigación por lavado de dinero. Según The Washington Post, altos funcionarios de Trump pidieron a sus pares europeos levantarle las restricciones de viaje y cerrar las pesquisas. En España sigue investigado por presunto lavado. Betancourt no ha sido acusado en ningún país y su abogado sostiene su inocencia.
El 5 de agosto, Betancourt llegó al Pentágono acompañado por Jacob Hirshman, director de Erebor Bank. David Lorch, jefe de la Oficina de Capital Estratégico del Pentágono, diseñó la estructura para que el sucesor de Trump no pudiera deshacerla.
La Casa Blanca, el Departamento de Estado, el Pentágono y NABEP defendieron el acuerdo. “Este acuerdo histórico es un paso importante para estabilizar la economía de Venezuela”, dijo la portavoz Taylor Rogers. El exembajador James Story anticipa otra discusión si los demócratas ganan el Congreso en noviembre: “La primera pregunta será: ¿por qué Betancourt?”.
Lo que Venezuela tiene derecho a saber
La pregunta de fondo es por qué un acuerdo sobre el petróleo venezolano protege con tanta precisión a Betancourt y deja sin garantía expresa lo que se prometió al país. El texto le asegura la dirección de la empresa, fija una junta por quince años y no obliga a revelar quiénes son todos los inversionistas que ganarán con el negocio. Los 200.000 millones de dólares en impuestos y regalías anunciados para Venezuela, en cambio, no figuran como obligación en el documento examinado.
La administración Trump debería publicar el acuerdo completo, con sus anexos, e identificar a los beneficiarios finales. Los venezolanos tienen derecho a conocer qué se pactó sobre su petróleo, cuánto recibirá el país y qué compromisos podrían atar a gobiernos que todavía no han podido elegir.
La propia investigación recoge la advertencia de María Corina Machado, quien en una entrevista con The New York Times vinculó a Betancourt con una “corrupción obscena” que causó un profundo sufrimiento a los venezolanos. Esa advertencia hace más urgente que alguien explique por qué fue él el elegido. El petróleo es de los venezolanos, y una promesa de prosperidad no reemplaza la rendición de cuentas.
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