Más de 500 militares y policías patrullan desde el jueves 29 de octubre las calles de Cúcuta, la ciudad colombiana pegada a la frontera con Venezuela, donde la extorsión, los robos, los sicariatos y los atentados con explosivos forman parte de la rutina. La militarización llegó días después del asesinato del precandidato a la Alcaldía Miguel Castellanos, y retrata una ciudad que, según un reportaje de la revista Semana, vive bajo el asedio de al menos nueve organizaciones criminales.
Los nombres figuran en informes de investigación judicial que revisó ese medio: el Clan del Golfo, el ELN, el frente 33 de las disidencias de las Farc, el Tren de Aragua, Los AK-47, la Familia P, Los Turcos, Los Mexicanos y Los de la F. Entre ellas se matan y también se ayudan, y casi todas comparten el mismo negocio de fondo, el tráfico de drogas. Una autoridad de la ciudad, que pidió no ser identificada, describió incluso alianzas tipo outsourcing entre el ELN y Los Turcos para mover la mercancía.
Para los venezolanos, el capítulo más duro está en las trochas. El exfiscal venezolano Rolnar Sanabria, hoy abogado en Estados Unidos, ha documentado cómo el Tren de Aragua cobra a los migrantes que intentan volver a su país después de fracasar en su paso por Estados Unidos: solo a cambio de dinero los dejan cruzar sin problemas. Por esos mismos caminos, de acuerdo con el reportaje, se mueven drogas, oro ilegal y personas, y esta semana la frontera se convirtió también en un punto de despliegue militar.
Por su parte, Los AK-47 viven de la extorsión: han lanzado explosivos contra comercios que se negaron a pagar la llamada “vacuna”. El frente 33, en su guerra con el ELN por el Catatumbo, llegó a traer sicarios desde Medellín. En lo que va de año, la Policía detuvo a 53 presuntos sicarios de esas estructuras.
Las cifras oficiales, sin embargo, cuentan otra historia. Según datos de la Policía Metropolitana conocidos por Semana, los homicidios bajaron de 265 en 2025 a 237 en lo que va de 2026, y las autoridades lo atribuyen a los operativos y allanamientos. Aun así, Cúcuta ocupó el puesto 28 del ranking 2025 de las 50 ciudades más violentas del mundo que publicó en febrero el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal de México. Indepaz, además, contabilizó cinco masacres en la ciudad este año, con 15 muertos.
La lista de golpes es larga. El 18 de febrero, un convoy policial fue atacado en el anillo vial oriental y murió el subintendente Luis Jesús Sarmiento; en agosto, un ataque con explosivos contra el comando de Policía de Norte de Santander dejó diez uniformados y tres civiles heridos. Ese mismo anillo vial, donde fue asesinado Castellanos, es hoy la vía que los cucuteños evitan de noche.
Ante ese cuadro, el presidente Abelardo de la Espriella dijo que “Cúcuta y Norte de Santander no están solos” y ordenó al ministro de Defensa, Jorge Mora, y a la cúpula militar y policial enfrentar a las bandas. A partir del 3 de noviembre, anunció, se desplegarán la campaña Esparta y el Bloque Operacional de Seguridad Urbana (Bosur) para recuperar el control territorial y golpear las finanzas criminales, un paso que se suma al plan que anunció con el FBI y Europol para las trochas. Mientras tanto, la Alcaldía restringió el paso de motocicletas en las noches de este fin de semana de Halloween.
Con todo, no todos creen que más fusiles basten. Cúcuta tiene una informalidad laboral del 61,9 %, según el Dane, una de las más altas del país, y quienes piden inversión recuerdan que la falta de empleo formal es el caldo de cultivo de las bandas.
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