El grupo rebelde más grande de Colombia podría ser expulsado de su santuario histórico, Venezuela, tras el primer ataque significativo del gobierno venezolano contra los insurgentes por parte de las fuerzas de seguridad venezolanas.
Por insightcrime.org
Ante la creciente presión de Estados Unidos, el Gobierno de Delcy Rodríguez envió drones para bombardear un campamento del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el estado de Apure, cerca de la frontera con Colombia. Según The New York Times, la operación se llevó a cabo con asistencia estadounidense.
El bombardeo, ocurrido el 30 de octubre, dejó al menos 19 muertos, entre ellos venezolanos, colombianos y mexicanos. El campamento aparentemente albergaba un laboratorio de procesamiento de drogas, según fotografías y videos difundidos en redes sociales.
Hasta ahora, el gobierno venezolano no ha emitido declaraciones oficiales sobre el ataque. El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, tan solo comentó que están tomando previsiones ante recientes episodios de violencia en Colombia el 2 de noviembre.
Estados Unidos tampoco ha dado declaraciones, pero el secretario de Estado Marco Rubio dijo en septiembre desde Colombia que habían discutido con la administración de Rodríguez posibles acciones contra el ELN en Venezuela.
“Imagine que una banda criminal operara desde un territorio al otro lado de la frontera, entrara en su país, cometiera delitos, asesinatos y atentados, y luego regresara y se escondiera en otro país. Eso no es sostenible. Tenemos que hacer frente a esta situación”, dijo Rubio a la prensa tras reunirse con el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella.
Un quiebre con el pasado
La afinidad del gobierno con las guerrillas colombianas ha sido prevalente desde la presidencia de Hugo Chávez en la década del 2000, quien abrió las puertas del país a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el mayor ejército guerrillero del país hasta la firma del acuerdo de paz en 2016.
El ELN rápidamente llenó el vacío criminal que dejaron las FARC y, desde entonces, fue ganando progresivamente control de gran parte de los 2.219 kilómetros de la porosa frontera que comparten Venezuela y Colombia y se extendió por distintos estados al interior de Venezuela, hasta llegar al extremo oriental, fronterizo con Guyana.
Esta expansión fue apalancada por alianzas con múltiples funcionarios y militares venezolanos, que le permitieron al ELN implementar sistemas de gobernanza criminal y reclutar a miles de venezolanos a sus filas. También le permitieron controlar zonas clave para el tráfico de cocaína y la minería ilegal, dos economías criminales de las que el gobierno y el ELN se han beneficiado durante años.
En el estado de Apure, el ELN construyó uno de sus principales centros operacionales, pues el estado colinda con el departamento colombiano de Arauca, un histórico bastión del grupo guerrillero. Desde los llanos apureños, el ELN ha consolidado operaciones de procesamiento y tráfico de cocaína hacia múltiples países.
Pero la abierta protección con la que operaba el grupo quedó en el aire desde la captura del entonces presidente Nicolás Maduro en enero por parte de fuerzas estadounidenses y el giro político de Rodríguez como presidenta interina bajo presión de Washington.
¿Qué tan difícil podría ser combatir al ELN en Venezuela?
El ataque en Venezuela ocurre al tiempo que el grupo es asediado en Colombia, y aunque su posición estratégica en la frontera podría verse amenazada por primera vez, el ELN difícilmente cederá su poderío en el territorio sin luchar por él.
Si bien en los últimos años del gobierno de Maduro la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) reportó algunas incautaciones de brazaletes del ELN y destrucción de supuestos campamentos clandestinos, nunca se llevó a cabo una acción contundente en su contra.
Las fuerzas de seguridad, en general, se han mantenido al margen de las disputas por territorios mineros en el sur de Venezuela entre el ELN y disidencias de las FARC a lo largo de este año, y apenas han intervenido con despliegues militares superficiales para evitar mayores episodios de violencia.
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