El Universal La posibilidad de caos es alta y tiene preocupado a José Miguel Insulsa
El próximo 15 de abril los ecuatorianos deberán resolver en una consulta popular si apoyan o no la creación de la asamblea constituyente y las reglas para la elección de sus 130 miembros. El acto comicial es uno de los más trascendentes que se han llevado a cabo (y que seguramente se realizarán en el futuro) en Ecuador. La asamblea de amplios poderes y la reforma constitucional son los ejes del plan político de Rafael Correa, los pilares fundamentales para mantenerse en el poder, llevar al país a un modelo de socialismo revolucionario similar al de su vecino Hugo Chávez, y terminar con la democracia representativa y los partidos políticos tradicionales.
En principio, Correa lleva la delantera. El Presidente tiene una aceptación del 69 % y un 86,5 % de los ecuatorianos apoya la instauración de la asamblea, mientras que el apoyo al Congreso es de sólo un 10 %. También cuenta a su favor que la Corte Electoral tomara la inédita decisión de sustituir a 57 de los 100 diputados del Congreso, con lo cual ahora tiene mayoría parlamentaria aunque el Parlamento esté prácticamente paralizado. No obstante, sin ser mayoritarios los sectores opositores son fuertes y no están dispuestos a dejar pasar un proyecto autoritario "como lamentablemente lo hicieron los venezolanos". Asimismo (y para vergüenza nuestra) lo afirmó el presidente del Congreso Jorge Cevallos días atrás. Y ya sabemos cómo son los ecuatorianos cuando se ponen en pié de lucha.
La posibilidad de caos es alta y tiene preocupado a José Miguel Insulsa. Como jefe de la misión de observación de la consulta ha enviado a otro Correa, pero éste chileno. Enrique Correa, ex secretario de gobierno durante la presidencia de Patricio Aylwin, no sólo tiene que velar por el respeto al Estado de Derecho y por que la consulta se desarrolle en un clima de civismo, sino darle cara a la petición de intervención de la OEA formulada por los diputados de la oposición destituidos, una posibilidad que ya el presidente Correa rechazó. Otro vecino andino en encrucijada democrática.
Mteresa100@hot.mail.com
El próximo 15 de abril los ecuatorianos deberán resolver en una consulta popular si apoyan o no la creación de la asamblea constituyente y las reglas para la elección de sus 130 miembros. El acto comicial es uno de los más trascendentes que se han llevado a cabo (y que seguramente se realizarán en el futuro) en Ecuador. La asamblea de amplios poderes y la reforma constitucional son los ejes del plan político de Rafael Correa, los pilares fundamentales para mantenerse en el poder, llevar al país a un modelo de socialismo revolucionario similar al de su vecino Hugo Chávez, y terminar con la democracia representativa y los partidos políticos tradicionales.
En principio, Correa lleva la delantera. El Presidente tiene una aceptación del 69 % y un 86,5 % de los ecuatorianos apoya la instauración de la asamblea, mientras que el apoyo al Congreso es de sólo un 10 %. También cuenta a su favor que la Corte Electoral tomara la inédita decisión de sustituir a 57 de los 100 diputados del Congreso, con lo cual ahora tiene mayoría parlamentaria aunque el Parlamento esté prácticamente paralizado. No obstante, sin ser mayoritarios los sectores opositores son fuertes y no están dispuestos a dejar pasar un proyecto autoritario "como lamentablemente lo hicieron los venezolanos". Asimismo (y para vergüenza nuestra) lo afirmó el presidente del Congreso Jorge Cevallos días atrás. Y ya sabemos cómo son los ecuatorianos cuando se ponen en pié de lucha.
La posibilidad de caos es alta y tiene preocupado a José Miguel Insulsa. Como jefe de la misión de observación de la consulta ha enviado a otro Correa, pero éste chileno. Enrique Correa, ex secretario de gobierno durante la presidencia de Patricio Aylwin, no sólo tiene que velar por el respeto al Estado de Derecho y por que la consulta se desarrolle en un clima de civismo, sino darle cara a la petición de intervención de la OEA formulada por los diputados de la oposición destituidos, una posibilidad que ya el presidente Correa rechazó. Otro vecino andino en encrucijada democrática.
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