Agro argentino sigue lucha y crece tensión en rutas

BUENOS AIRES (Reuters) - La puja entre el campo y el Gobierno argentino continuó el viernes, pese a los cambios aplicados esta semana a un polémico impuesto, con productores agropecuarios radicalizando sus protestas en decenas de carreteras en todo el país.
La gestión de la presidenta Cristina Fernández, desgastada tras casi tres meses de protestas, anunció el jueves una rebaja en el impuesto a las exportaciones de granos, pero la medida fue considerada insuficiente por el sector, uno de los motores de la pujante economía local.
Los productores rechazan un nuevo esquema impositivo creado en marzo por el Gobierno que elevó la presión fiscal sobre la soja, el mayor cultivo del país, y el miércoles iniciaron la tercera huelga en casi tres meses contra ese tributo.
La huelga incluye la suspensión de la venta de granos para exportación y de hacienda, pero ante la falta de diálogo con el Gobierno los manifestantes, que se mantenían a la vera de las carreteras, comenzaron a bloquear los caminos.
Por la tarde del viernes las fuerzas de seguridad en la provincia de Buenos Aires detuvieron a ocho granjeros que cortaban una carretera, lo que despertó la furia del resto de los manifestantes y un enérgico rechazo de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap).
"Carbap responsabiliza al Gobierno por este acto de intimidación y provocación al sector impidiendo ejercer el derecho de protestar," expresó la entidad en un comunicado.
El ministro de Justicia, Aníbal Fernández, se defendió de esa acusación y dijo que las detenciones "tienen que ver con decisiones judiciales" y no del Gobierno.
Minutos después se conoció que un juez de la misma provincia citó a una dirigente política de la oposición, al líder de una de las entidades agrícolas en conflicto y a otros productores por haber participado en bloqueos de carretera durante la primera protesta rural en marzo.
"No hay otra posibilidad que adjudicar (a la citación del juez) una intencionalidad política," expresó Margarita Stolbizer, dirigente del opositor partido Coalición Cívica.
"No existe ningún delito que nosotros hayamos cometido," agregó. La Coalición Cívica dijo que la citación del juez es por violar un artículo del Código Penal que garantiza el libre paso de vehículos por las carreteras.
En otros puntos del país algunos camioneros mostraron su hartazgo con los productores tras horas de estar varados.
Con estos acontecimientos el conflicto, que según encuestas ya cansó a la población urbana y produjo una crisis política que sacudió al Gobierno y a los mercados financieros, sigue avanzando sin que nadie se anime a decir hasta dónde llegará.
Los precios internacionales de los granos y los derivados también se vieron impulsados en los últimos meses por el temor a interrupciones en las exportaciones de Argentina, uno de los mayores proveedores mundiales de alimentos.
ãCAMBIO DE ACTITUD?
Antes de los acontecimientos de la tarde, una de las entidades en conflicto dijo que pese a creer que la medida anunciada por el Gobierno era insuficiente, se trataba de un gesto conciliador.
Fernando Gioino, presidente de Coninagro -una de las entidades que siempre se mostró negociadora- consideró que la actitud del Gobierno podría mejorar el diálogo.
"Empezó a conocerse una posición distinta por parte del Gobierno y empezaron a corregirse los errores. Ojalá ésto sea el inicio para ponerse a dialogar desde los disensos," dijo Gioino a una radio local.
Coninagro ya había mostrado diferencias con las otras tres entidades en conflicto a lo largo de la prolongada protesta e incluso medios locales difundieron versiones de que abandonaría ese grupo, lo que fortalecería la posición del Gobierno.
"Se puede decir cualquier cosa, pero no se puede decir que el Gobierno se ha mantenido inflexible. El Gobierno ha corregido cosas escuchando las observaciones que recibía," dijo a Radio Mitre el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, quien tildó a los productores de "inflexibles e intolerantes."