Maracaibo.- En el documento central de la 64 asamblea anual de Fedecámaras, el gremio le exige a los poderes Ejecutivo y Legislativo "respetar" la Constitución que "ha sido vulnerada por decretos, reglamentos, disposiciones y leyes que ahogan y frustran el desarrollo regional y la libre empresa".
En la propuesta empresarial, denominada Declaración Social y Económica desde el Zulia, se indica que la aprobación de nuevos instrumentos jurídicos "lleva a construir un Estado completamente centralizado" que se traduce en poca o ninguna inversión privada, "única vía para generar bienestar social que incluya a los sectores más desposeídos de nuestro país".
Al mismo tiempo Fedecámaras solicitó a la Sala Constitucional del TSJ que "actué en resguardo de la constitucionalidad y desaplique toda disposición que contravenga nuestra Constitución en materia de descentralización y federalismo".
José Manuel González, presidente de Fedecámaras, llamo a las autoridades "a colocar el interés nacional por encima de cualquier objetivo particular".
El empresariado aprobó la declaración final en la cual se considera "impostergable e imprescindible" que se llegue a un "Gran Consenso Nacional que produzca el entusiasmo de las mayorías, hoy angustiadas por el curso de los acontecimientos". Ese acuerdo debe estar orientado igualmente a "definir el marco de actuación de los factores productivos en función de maximizar los resultados del esfuerzo individual y social que son necesarios para este fin".
El informe indica que deben "respetarse las reglas exitosas del juego de la economía, fortalecer al sector productivo nacional, garantizar seguridad jurídica de bienes y personas y crear un marco de confianza sólido, respetando como elemento fundamental la propiedad privada y propiciando la inversión nacional y extranjera, incrementando los empleos".
El documento propone garantizar el crecimiento de la economía a través de la estabilidad macro y monetaria, sostenibilidad fiscal, plan de prosperidad y lucha contra la pobreza, política petrolera e incentivos para impulsar la competitividad.
Se indica que "sin estabilidad económica y paz social, no se pueden crear condiciones para atraer las inversiones necesarias. No hay posibilidades para inversiones en planta, equipos, obras civiles de construcción, vías de comunicaciones, infraestructura física, hospitales, centros educativos, espacios para la recreación, puertos, aeropuertos, tecnología y una larga lista de aspiraciones nacionales en materia educativa, de salud, empleo, cultura, esparcimiento, tecnología, salario y calidad de vida".
En la propuesta empresarial, denominada Declaración Social y Económica desde el Zulia, se indica que la aprobación de nuevos instrumentos jurídicos "lleva a construir un Estado completamente centralizado" que se traduce en poca o ninguna inversión privada, "única vía para generar bienestar social que incluya a los sectores más desposeídos de nuestro país".
Al mismo tiempo Fedecámaras solicitó a la Sala Constitucional del TSJ que "actué en resguardo de la constitucionalidad y desaplique toda disposición que contravenga nuestra Constitución en materia de descentralización y federalismo".
José Manuel González, presidente de Fedecámaras, llamo a las autoridades "a colocar el interés nacional por encima de cualquier objetivo particular".
El empresariado aprobó la declaración final en la cual se considera "impostergable e imprescindible" que se llegue a un "Gran Consenso Nacional que produzca el entusiasmo de las mayorías, hoy angustiadas por el curso de los acontecimientos". Ese acuerdo debe estar orientado igualmente a "definir el marco de actuación de los factores productivos en función de maximizar los resultados del esfuerzo individual y social que son necesarios para este fin".
El informe indica que deben "respetarse las reglas exitosas del juego de la economía, fortalecer al sector productivo nacional, garantizar seguridad jurídica de bienes y personas y crear un marco de confianza sólido, respetando como elemento fundamental la propiedad privada y propiciando la inversión nacional y extranjera, incrementando los empleos".
El documento propone garantizar el crecimiento de la economía a través de la estabilidad macro y monetaria, sostenibilidad fiscal, plan de prosperidad y lucha contra la pobreza, política petrolera e incentivos para impulsar la competitividad.
Se indica que "sin estabilidad económica y paz social, no se pueden crear condiciones para atraer las inversiones necesarias. No hay posibilidades para inversiones en planta, equipos, obras civiles de construcción, vías de comunicaciones, infraestructura física, hospitales, centros educativos, espacios para la recreación, puertos, aeropuertos, tecnología y una larga lista de aspiraciones nacionales en materia educativa, de salud, empleo, cultura, esparcimiento, tecnología, salario y calidad de vida".
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