LA PAZ (Reuters) - Autoridades regionales opositoras bolivianas acordaron el jueves convocar a un paro cívico en cinco departamentos del país, luego de que celebraron una poco fructífera primera ronda de diálogo con el presidente Evo Morales y están decididos a volver a conversar.
El acercamiento entre el Gobierno y prefectos, realizado en dos etapas desde el miércoles, fue convocado por Morales tras su ratificación en un referendo de mandatos el domingo, del que también salieron airosos cuatro de los seis gobernadores que se oponen al proyecto socialista del presidente.
Morales explicó que la dificultad para un acuerdo inicial fue que los prefectos querían discutir el reparto de un impuesto petrolero sin levantar su bloqueo a una nueva Constitución, que reconocería autonomías regionales pero daría más poder a los indígenas y establecería una economía de tendencia socialista.
La declaración de un paro cívico por 24 horas, en defensa al reparto interno de un llamado Impuesto Directo a los Hidrocarburos, se cumplirá el martes en los departamentos de Pando, Beni, Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija y será el inicio de una serie de medidas de presión, anunciaron los prefectos.
"Creíamos que, con el discurso que dio el presidente el domingo, teníamos un presidente con toda la voluntad de aportar (...) pero más bien los resultados lo han hecho más duro. El presidente se cree el dueño absoluto de la verdad," declaró Leopoldo López, prefecto del departamento amazónico de Pando.
El prefecto de Potosí, Mario Vierreira, uno de los dos oficialistas que asistió al encuentro, advirtió que "todavía hay una actitud de confrontación que dificulta el diálogo," en alusión a la autoridad del rico distrito de Santa Cruz, quien llamó el jueves a elecciones regionales sin permiso del Congreso.
CONSTITUCION-AUTONOMIAS
Previamente, Morales expresó en un breve contacto con periodistas: "Lo que siento de manera general es que los prefectos sólo quieren plata, no quieren tocar la cuestión política."
Morales dijo que espera que los prefectos opositores "interpreten el sentimiento del pueblo boliviano" expresado en el reciente referendo, el cual, según su lectura, exige un diálogo entre el proceso nacional que él lidera y las demandas regionales representadas por los prefectos ratificados.
"En el referendo revocatorio el pueblo boliviano quiere cambios profundos en lo estructural, en lo político. El pueblo boliviano quiere autonomías, una nueva Constitución," afirmó, reiterando su ofrecimiento de "juntar" los todavía ilegales estatutos regionales de autogobierno con la nueva carta magna.
"He ofrecido constitucionalizar las autonomías, todo lo que se plantea mediante los estatutos, juntándolo con la nueva Constitución y el sentimiento del pueblo. ¿Qué más podemos hacer como Gobierno nacional? (...) Siento, repito, que sólo quieren plata y no tocar otros asuntos ni interpretar lo que piensa el pueblo," agregó.
El prefecto de Tarija, Mario Cossío, dijo que la oposición regional no rechazaba la propuesta gubernamental, pero lamentaba que no fuese posible un acuerdo inmediato sobre el reparto del Impuesto a los Hidrocarburos, destinado en parte por el Gobierno al pago de una renta universal de ancianos.
El Gobierno "quiere ahogar a las prefecturas," denunció, sin responder a la declaración oficial de que los prefectos opositores mantienen invariable su bloqueo al cambio constitucional.
La nueva carta magna "plurinacional," que Morales dijo que puede ser "revisada y mejorada," fue aprobada en diciembre por una Asamblea Constituyente boicoteada por la oposición y, para entrar en vigencia, debe pasar por al menos dos referendos.
El acercamiento entre el Gobierno y prefectos, realizado en dos etapas desde el miércoles, fue convocado por Morales tras su ratificación en un referendo de mandatos el domingo, del que también salieron airosos cuatro de los seis gobernadores que se oponen al proyecto socialista del presidente.
Morales explicó que la dificultad para un acuerdo inicial fue que los prefectos querían discutir el reparto de un impuesto petrolero sin levantar su bloqueo a una nueva Constitución, que reconocería autonomías regionales pero daría más poder a los indígenas y establecería una economía de tendencia socialista.
La declaración de un paro cívico por 24 horas, en defensa al reparto interno de un llamado Impuesto Directo a los Hidrocarburos, se cumplirá el martes en los departamentos de Pando, Beni, Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija y será el inicio de una serie de medidas de presión, anunciaron los prefectos.
"Creíamos que, con el discurso que dio el presidente el domingo, teníamos un presidente con toda la voluntad de aportar (...) pero más bien los resultados lo han hecho más duro. El presidente se cree el dueño absoluto de la verdad," declaró Leopoldo López, prefecto del departamento amazónico de Pando.
El prefecto de Potosí, Mario Vierreira, uno de los dos oficialistas que asistió al encuentro, advirtió que "todavía hay una actitud de confrontación que dificulta el diálogo," en alusión a la autoridad del rico distrito de Santa Cruz, quien llamó el jueves a elecciones regionales sin permiso del Congreso.
CONSTITUCION-AUTONOMIAS
Previamente, Morales expresó en un breve contacto con periodistas: "Lo que siento de manera general es que los prefectos sólo quieren plata, no quieren tocar la cuestión política."
Morales dijo que espera que los prefectos opositores "interpreten el sentimiento del pueblo boliviano" expresado en el reciente referendo, el cual, según su lectura, exige un diálogo entre el proceso nacional que él lidera y las demandas regionales representadas por los prefectos ratificados.
"En el referendo revocatorio el pueblo boliviano quiere cambios profundos en lo estructural, en lo político. El pueblo boliviano quiere autonomías, una nueva Constitución," afirmó, reiterando su ofrecimiento de "juntar" los todavía ilegales estatutos regionales de autogobierno con la nueva carta magna.
"He ofrecido constitucionalizar las autonomías, todo lo que se plantea mediante los estatutos, juntándolo con la nueva Constitución y el sentimiento del pueblo. ¿Qué más podemos hacer como Gobierno nacional? (...) Siento, repito, que sólo quieren plata y no tocar otros asuntos ni interpretar lo que piensa el pueblo," agregó.
El prefecto de Tarija, Mario Cossío, dijo que la oposición regional no rechazaba la propuesta gubernamental, pero lamentaba que no fuese posible un acuerdo inmediato sobre el reparto del Impuesto a los Hidrocarburos, destinado en parte por el Gobierno al pago de una renta universal de ancianos.
El Gobierno "quiere ahogar a las prefecturas," denunció, sin responder a la declaración oficial de que los prefectos opositores mantienen invariable su bloqueo al cambio constitucional.
La nueva carta magna "plurinacional," que Morales dijo que puede ser "revisada y mejorada," fue aprobada en diciembre por una Asamblea Constituyente boicoteada por la oposición y, para entrar en vigencia, debe pasar por al menos dos referendos.
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