9,7 millones de ecuatorianos podrán votar en el referendo constitucional
La conmoción que se sintió en Ecuador respecto al proyecto de una nueva constitución tuvo como protagonista al aborto. Grupos de oposición del país suramericano protestaron la inclusión en la propuesta de ley del artículo 66, que defiende el derecho de las mujeres a decidir cuándo y cuántos hijos tener. Analistas acotan que esta crítica halló una aceptación popular entre los detractores del proyecto constitucional que impulsa el gobierno de Rafael Correa. Al contrario, los simpatizantes de esta ley vieron en el texto lo que Correa prometió: una reivindicación de los sectores olvidados por otros gobiernos. Esta diferencia en la percepción del texto derivó en un debate de distintos niveles entre gobierno y oposición, que le valió al oficialismo la aceptación de más de 50% de los 9,7 millones de electores que hoy votan en el referendo constitucional. Por ello, especialistas atribuyen el apoyo que el gobierno ha conseguido, en gran parte, a las omisiones de la oposición que no centró el debate en temas significativos de la Carta Magna como la creación de dos nuevos poderes dentro del Estado o el control otorgado al presidente sobre los recursos del país. Sin embargo, mientras este debate inmediato captó la atención en Ecuador, otra discusión, más extensa, ocupó a analistas y académicos que temen que la reestructuración del Estado presentada en el texto constitucional otorgue facultades ilimitadas de poder al presidente. Y es que el paso de un Estado neoliberal a otro socialmente solidario y controlado principalmente por el poder Ejecutivo es el objetivo principal de esta norma legal de 444 artículos que introduce la visión indígena del "Sumak Kawsay" o Buen Vivir como el eje central del sistema. Para el jurista Diego Pérez Ordoñez, sin embargo, no se trata de hablar del buen o del mal vivir, en especial porque "las constituciones no acaban con la pobreza", sino de hacer énfasis en que "el proyecto constitucional propone un regreso a un sistema económico controlado por el Estado, así como un notable fortalecimiento del régimen presidencial en detrimento de las funciones legislativas del Estado". Pérez Ordoñez asegura que de aprobarse esta Constitución el Presidente recibiría competencias como la disolución "casi a discreción" del Congreso. Al respecto, Gabriela Calderón, editora de ElCato.org, explica que el proyecto de ley atenta contra las libertades de Ecuador porque concentra el poder en el presidente a través de artículos como el 303 que le da control de la política monetaria del país. Calderón destaca además que bajo el esquema planteado "no hay espacios legales para que la oposición participe", porque el proceso que comenzaría luego de su aprobación dejaría a los, ahora cinco, órganos del Estado, en manos de sectores oficiales. De ganar el Sí, como señalan los sondeos (57% de apoyo a la ley), la inmediata conformación de la Asamblea Nacional deberá hacerse manteniendo la proporción política de 80% de mayoría oficialista de la Asamblea Constituyente, que sería la encargada de designar luego a autoridades como el Procurador General del Estado y los miembros del Consejo Electoral. Así, "con una mayoría oficialista de 80%, a las dos semanas de aprobada la Constitución, el Ejecutivo estará blindado de cualquier fiscalización por parte de otros poderes del Estado". No obstante, para la académica esta no es la mayor preocupación que se deriva del texto. Existe además el temor por las arbitrariedades que podría generar la aplicación de esta ley. Según Calderón, hay artículos redactados de forma confusa, como los referidos a la propiedad privada, que llevarán a las personas en el poder a decidir qué interpretaciones hacer. Pese a esto, Farith Simon, profesor de la Universidad San Francisco de Quito, explica que por principio todo texto constitucional debe ser abierto. El problema para él no es que la Constitución vaya a ser interpretada, sino que altas esferas del poder en Ecuador hayan declarado que ciertas normas no se aplicarán. Con todo, los ecuatorianos parecen estar a punto de aprobar su vigésima Carta Magna, que como prometió Correa introducirá al país en una Revolución Ciudadana enmarcada dentro del Socialismo del siglo XXI.
http://www.eluniversal.com/2008/09/28/int_art_ecuador-al-borde-de_1065654.shtml
La conmoción que se sintió en Ecuador respecto al proyecto de una nueva constitución tuvo como protagonista al aborto. Grupos de oposición del país suramericano protestaron la inclusión en la propuesta de ley del artículo 66, que defiende el derecho de las mujeres a decidir cuándo y cuántos hijos tener. Analistas acotan que esta crítica halló una aceptación popular entre los detractores del proyecto constitucional que impulsa el gobierno de Rafael Correa. Al contrario, los simpatizantes de esta ley vieron en el texto lo que Correa prometió: una reivindicación de los sectores olvidados por otros gobiernos. Esta diferencia en la percepción del texto derivó en un debate de distintos niveles entre gobierno y oposición, que le valió al oficialismo la aceptación de más de 50% de los 9,7 millones de electores que hoy votan en el referendo constitucional. Por ello, especialistas atribuyen el apoyo que el gobierno ha conseguido, en gran parte, a las omisiones de la oposición que no centró el debate en temas significativos de la Carta Magna como la creación de dos nuevos poderes dentro del Estado o el control otorgado al presidente sobre los recursos del país. Sin embargo, mientras este debate inmediato captó la atención en Ecuador, otra discusión, más extensa, ocupó a analistas y académicos que temen que la reestructuración del Estado presentada en el texto constitucional otorgue facultades ilimitadas de poder al presidente. Y es que el paso de un Estado neoliberal a otro socialmente solidario y controlado principalmente por el poder Ejecutivo es el objetivo principal de esta norma legal de 444 artículos que introduce la visión indígena del "Sumak Kawsay" o Buen Vivir como el eje central del sistema. Para el jurista Diego Pérez Ordoñez, sin embargo, no se trata de hablar del buen o del mal vivir, en especial porque "las constituciones no acaban con la pobreza", sino de hacer énfasis en que "el proyecto constitucional propone un regreso a un sistema económico controlado por el Estado, así como un notable fortalecimiento del régimen presidencial en detrimento de las funciones legislativas del Estado". Pérez Ordoñez asegura que de aprobarse esta Constitución el Presidente recibiría competencias como la disolución "casi a discreción" del Congreso. Al respecto, Gabriela Calderón, editora de ElCato.org, explica que el proyecto de ley atenta contra las libertades de Ecuador porque concentra el poder en el presidente a través de artículos como el 303 que le da control de la política monetaria del país. Calderón destaca además que bajo el esquema planteado "no hay espacios legales para que la oposición participe", porque el proceso que comenzaría luego de su aprobación dejaría a los, ahora cinco, órganos del Estado, en manos de sectores oficiales. De ganar el Sí, como señalan los sondeos (57% de apoyo a la ley), la inmediata conformación de la Asamblea Nacional deberá hacerse manteniendo la proporción política de 80% de mayoría oficialista de la Asamblea Constituyente, que sería la encargada de designar luego a autoridades como el Procurador General del Estado y los miembros del Consejo Electoral. Así, "con una mayoría oficialista de 80%, a las dos semanas de aprobada la Constitución, el Ejecutivo estará blindado de cualquier fiscalización por parte de otros poderes del Estado". No obstante, para la académica esta no es la mayor preocupación que se deriva del texto. Existe además el temor por las arbitrariedades que podría generar la aplicación de esta ley. Según Calderón, hay artículos redactados de forma confusa, como los referidos a la propiedad privada, que llevarán a las personas en el poder a decidir qué interpretaciones hacer. Pese a esto, Farith Simon, profesor de la Universidad San Francisco de Quito, explica que por principio todo texto constitucional debe ser abierto. El problema para él no es que la Constitución vaya a ser interpretada, sino que altas esferas del poder en Ecuador hayan declarado que ciertas normas no se aplicarán. Con todo, los ecuatorianos parecen estar a punto de aprobar su vigésima Carta Magna, que como prometió Correa introducirá al país en una Revolución Ciudadana enmarcada dentro del Socialismo del siglo XXI.
http://www.eluniversal.com/2008/09/28/int_art_ecuador-al-borde-de_1065654.shtml
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