En información reseñada por El Nacional se conoció, que los consejos comunales de varias zonas populares de Caracas entregaron a los propietarios que alquilan habitaciones una comunicación del Frente de Resistencia contra los Desalojos Arbitrarios. En la misiva se les invita a asistir a reuniones y textualmente señala: “… Se agradece traer los documentos de titularidad del inmueble“.
Al pie de página con copia a la Guardia Nacional y a la Policía Nacional- está la nota: “La no comparecencia a la reunión será motivo de desacato a las normas de convivencia ciudadana”.
Ese tipo de acción ha perjudicado a los dueños de las pensiones. “Nos obligaron a bajar los precios y como los inquilinos se sienten apoyados se niegan a pagar. Ese dinero es el único ingreso de mi familia”, expresó uno de los propietarios que pidió no mencionar su nombre porque están amenazados.
Otro afectado refirió: “Antes, los alquilados cancelaban puntualmente. Ahora se niegan a pagar pese a que en esa reunión me ordenaron bajar el precio de 524 a 312 bolívares mensuales. Si reclamo me dicen que irán al Frente”.
Los propietarios acudieron al Movimiento de Defensa del Patrimonio Familiar para organizarse y buscar soluciones pacíficas y apegadas a la ley. Los dueños de los antiguos y pequeños edificios de Alta Vista, en Catia, no hayan la manera para que los arrendatarios le paguen los alquileres regulados hace años entre 18 y 90 bolívares mensuales. “Tuve que mudarme a uno de los apartamentos para evitar la invasión de las nietas de una inquilina que murió, indicó afectado.
Por su parte, el dirigente vecinal Ángel Cacique señaló que algunos propietarios de Alta Vista ofrecieron a los arrendatarios la posibilidad de adquirir el inmueble. “Con esa opción a compra se sienten dueños del apartamento”.
El Gobierno sigue siendo el propietario
Los adquirentes de parcelas en las zonas populares no tienen la propiedad del inmueble, pues el Estado se reserva ese derecho como se registra en los documentos de compra-venta a entes gubernamentales como el Instituto Nacional de la Vivienda.
El texto de la transacción refiere que la junta liquidadora del Inavi “se reserva el derecho de preferencia para readquirir el inmueble objeto de esta venta dentro de los veinticinco años siguientes a partir de la presente operación de compraventa”.
Agrega que durante ese cuarto de siglo el registrador subalterno deberá abstenerse de protocolizar documento alguno de venta sobre ese inmueble sin autorización del Inavi.
Los adquirientes del terreno se comprometen también a “ceder a los organismos centralizados y descentralizados las áreas requeridas para las obras de urbanismo necesarias para servicios de infraestructura y equipamientos comunales de ámbito primario para la habilitación y mejoramiento de su hábitat: y todas aquellas familias deberán ser reubicadas dentro del mismo sector”.
En el documento también se lee que el organismo actúa conforme al decreto presidencial 1666 del 4 de febrero de 2002 publicado en la Gaceta Oficial 37378, ahora Ley Especial de Regulación Integral de la Tenencia de la Tierra en los Asentamientos Populares Urbanos del 20 de junio de 2006 y publicada en la Gaceta Oficial 38480 del 17 de julio de 2006.
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