En 13 años de Gobierno
el presidente Hugo Chávez ha anunciado la ejecución de 19 planes para combatir
la inseguridad (AVN)
A poco más de cuatro meses para las elecciones,
el presidente Hugo Chávez, quien lleva 13 años en Miraflores, decidió lanzar la
Gran Misión A Toda Vida Venezuela para enfrentar el principal quebradero de
cabeza de la nación: la violencia.
El plan en cuestión se enfocará en los 79 municipios "con mayor incidencia delictiva" del país y consta de seis vértices: prevención integral y convivencia solidaria; fortalecimiento de los órganos de seguridad ciudadana; transformación del sistema de justicia penal y creación de mecanismos alternativos de resolución de conflictos; transformación del sistema penitenciario; sistema nacional de atención a las víctimas; y creación y socialización de conocimiento para la convivencia y la seguridad ciudadana.
El plan en cuestión se enfocará en los 79 municipios "con mayor incidencia delictiva" del país y consta de seis vértices: prevención integral y convivencia solidaria; fortalecimiento de los órganos de seguridad ciudadana; transformación del sistema de justicia penal y creación de mecanismos alternativos de resolución de conflictos; transformación del sistema penitenciario; sistema nacional de atención a las víctimas; y creación y socialización de conocimiento para la convivencia y la seguridad ciudadana.
Para el abogado Luis Izquiel, la propuesta de Chávez no tiene nada novedoso. Recuerda que ya en 1999 el Jefe de Estado prometió limpiar el sistema de justicia. Entonces, se instaló la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial y se reformó la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Resultados? "Sacaron a los jueces de carrera y un Eladio Aponte Aponte llegó al TSJ", ilustra el penalista-criminólogo.
El experto cuestiona el "doble discurso" del mandatario. "El miércoles hablaba de desarme y la semana pasada anunciaba una fábrica de fusiles 'Catatumbo'". Además, lamenta que llame "capos" a los jefes de las policías administradas por la oposición, pero no toque ni con el pétalo de una rosa a los "pranes" que controlan las cárceles. "Parecen aliados", acotó.
Punto clave
A Izquiel, quien participó en la elaboración del plan de seguridad de la Mesa de la Unidad Democrática, le preocupa un punto en particular: la modificación, vía Habilitante, del Código Orgánico Procesal Penal y la creación de "tribunales municipales", que se encargarán de juzgar los delitos cuyas penas no excedan los 8 años de prisión. "Allí entra el 80% de los delitos registrados en el COPP, entre ellos hurto, estafas, lesiones y apropiación indebida. Esos juzgados no van a detener a nadie, sino que impondrán trabajo comunitario. Esto decreta la impunidad".
El sociólogo Roberto Briceño León, director del Observatorio Venezolano de Violencia, comparte la misma inquietud. "Esa reforma del COPP legaliza la impunidad", advierte Briceño León.
"Si los tribunales municipales se convierten en lugares de impunidad, donde por desvalijar una casa te impongan como castigo barrer la calle, eso terminará generando más violencia", alerta el investigador.
Briceño León rechaza la politización del diagnóstico de las causas de la violencia. "Culpar al capitalismo y entrar en un dilema derecha-izquierda no contribuye ni da resultados".
"Sorprende que el Presidente reconozca que los policías no tienen armas y, al mismo tiempo, inaugure una fábrica de fusiles e invierta en aviones no tripulados", apunta.
Deplora que el verbo presidencial ataque a jefes de policías en manos de la oposición y no a homicidas. "Cualquier política pública debe tener un carácter universal", enfatiza.
Briceño León aplaude la intención de constituir 39 orquestas juveniles, pero duda que eso ayude a disminuir la criminalidad. Al igual que Izquiel, tampoco observa elementos novedosos, salvo la instalación de la unidad de atención a las víctimas. Mas, aclara: "que le paguen a una señora porque le matan al hijo no hace que haya menos asesinatos ni que la gente se sienta segura".
El Universal
