
España archivó provisionalmente su caso Plus Ultra porque no encontró nada ilícito en el rescate de una aerolínea que representaba el 0,03% de los vuelos nacionales, que fue calificada de estratégica teniendo un avión operativo y que acumulaba pérdidas de más de 13 millones previas al rescate, por lo que parece obvio que no caía por la pandemia de la covid.
Por Libertad Digital
Y fueron Francia y Suiza quienes volvieron a forzar la investigación de Plus Ultra ante la pista de blanqueo venezolano de oro, pero también de dinero procedente de la lucha contra la pobreza. En concreto, de dinero controlado por los CLAP venezolanos, los denominados Comités Locales de Abastecimiento y Producción, controlados por la narcodictadura de Nicolás Maduro y que afirman ser una salvaguarda frente a la pobreza del país.
La red ahora investigada en España incluye desde empresarios ubicados en Canarias y de origen peruano, como Khristian Eduardo Alegre Walter, hasta otros, también peruanos pero cuya pista deambula de París hasta República Dominicana, como Enrique Martín Baca Arbulu, su hermano Luis Felipe Baca Arbulu, sociedades presuntamente usadas en el entramado como Kaimana Capital, Lagundri y Trowbridgeet, residentes en República Dominicana de origen venezolano, como Gabriela Puente Garaboa, u otros empresarios relacionados también con el chavismo, como Danilo Alfonso Diazgranados.
La investigación es amplia e incluye desde delitos de blanqueo de capitales, organización criminal, apropiación indebida o tráfico de influencias.
Pero una de las reclamaciones de Suiza y Francia ha acabado en un hecho llamativo porque afecta directamente a un programa público supuestamente benéfico del régimen de Nicolás Maduro: los Comités Locales de Abastecimiento y Producción. Se trata de los CLAP y consisten en programas de distribución de alimentos básicos importados promovidos por el gobierno de Venezuela desde el año 2016.
El programa es uno de los mecanismos de supuesta solidaridad más publicitado por la narcodictadura, que le permite contar con comités que distribuyen los alimentos prioritarios casa por casa, generando un poderoso sistema de control y pago por lealtad. O, dicho de otro modo, de condena al hambre por deslealtad al régimen dictatorial.
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