El asesinato de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, cabecilla del Tren de Aragua, no solo cumple la promesa del presidente estadounidense Donald Trump de perseguir a un grupo criminal que había identificado como una lacra en Estados Unidos, sino que también augura beneficios económicos para Venezuela.
Por Álex Vásquez | Bloomberg
La operación conjunta contra la base de Guerrero tuvo lugar en una región remota que constituye el corazón de una prometedora zona minera aurífera, y se produce en un contexto de creciente interés por parte de Venezuela y Estados Unidos en desarrollar la industria local. Ambos países ven potencial para la producción legal de mineral si se logra erradicar la extracción ilegal y el contrabando, que han florecido en los últimos años.
Mientras Venezuela busca reabrir su vasto sector minero a la inversión extranjera, el asesinato del jefe del crimen organizado subraya la creciente cooperación en materia de seguridad entre la administración Trump y Delcy Rodríguez, lo que constituye el telón de fondo para la apertura de la economía.
Venezuela comenzó a aumentar su presencia militar en la región aurífera del sur tras aprobar en abril una ley minera que abrió el sector a la inversión privada y extranjera. Esta semana, el ejército bombardeó y disparó contra minas controladas ilegalmente en la región de Las Claritas, según Américo De Grazia, un opositor local.
Para Guerrero y su banda Tren de Aragua, Las Claritas ofrecía ingresos procedentes del oro y protección armada, según escribió en Substack Chris Dalby, experto en crimen organizado y director de la consultora World of Crime.
«Los propios funcionarios del Estado llevan mucho tiempo siendo acusados de beneficiarse de la economía ilegal», afirmó Dalby. «Ese acuerdo podría sobrevivir en un contexto de negligencia. No podría sobrevivir a un intento serio de atraer de nuevo capital extranjero a la minería venezolana».
Estados Unidos también ha realizado esfuerzos para atraer inversiones al sector minero venezolano. En marzo, el Departamento del Tesoro emitió una licencia que autoriza la venta y exportación de minerales de origen venezolano, incluido el oro.
«El problema era si alguna empresa seria podría operar en zonas mineras controladas por bandas, guerrillas, sistemas armados y redes locales corruptas», señaló Dalby.
Los acontecimientos se suceden a gran velocidad en un cinturón minero venezolano que cuenta con vastos yacimientos de oro, coltán y bauxita, entre otros.
El potencial económico es enorme y la ley minera no es suficiente, afirmó el economista y consultor venezolano Alejandro Castro en una entrevista.
«También hay que poner orden en la zona mediante las fuerzas armadas o unidades policiales para desalojar a estos grupos irregulares, de modo que las empresas nacionales o extranjeras puedan entrar a explotar estos yacimientos junto con el Gobierno», dijo Castro.
Existe un gran interés por parte de las empresas en entrar en la zona cercana a Las Claritas, ya que es de fácil acceso y sirve como puerta de entrada al vasto cinturón mineral, dijo Leonardo Vera, profesor de Economía de la Universidad Central de Venezuela.
«Poner orden en la explotación de estas minas permitiría cierta trazabilidad: saber de dónde viene el oro, dónde se procesa y cuánto se está procesando», dijo Vera.
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