Nicolás Maduro cumple este viernes seis meses bajo custodia de Estados Unidos. Desde su captura en Caracas, el 3 de enero, y su posterior traslado a Nueva York junto a su esposa, Cilia Flores, el dictador venezolano ha pasado de dirigir un régimen a estar acusado de narcotráfico, corrupción y represión, convirtiéndose así en uno de los procesados más complejos de la Justicia federal estadounidense.
Su expediente se ha ampliado en pocos meses. Maduro sigue detenido en Brooklyn, sin fecha de juicio, mientras su defensa prepara una ofensiva para cuestionar no solo las acusaciones de narcoterrorismo, sino la legalidad de la operación militar que permitió llevarlo ante un tribunal de Manhattan. Al mismo tiempo, se enfrenta a una segunda investigación penal en Miami por posibles operaciones de blanqueo y una nueva demanda civil en Brooklyn que le atribuye responsabilidad en ejecuciones extrajudiciales cometidas por fuerzas venezolanas.
La causa principal es por la vía penal y se encuentra en el Distrito Sur de Nueva York. Maduro y Flores se declararon no culpables de los cargos de narcoterrorismo, conspiración para introducir cocaína en Estados Unidos, tráfico de drogas, blanqueo de capitales y delitos relacionados con armas. La acusación sostiene que ambos participaron en una estructura de poder vinculada al llamado Cártel de los Soles, una red que, según la Fiscalía, utilizó instituciones venezolanas para proteger y facilitar el tráfico internacional de cocaína.
El sumario procede de una acusación revelada en 2020 y que Washington utilizó después como una de las bases legales de la operación de enero. La Fiscalía sostiene que Maduro se sirvió de las estructuras del Estado venezolano para proteger a narcotraficantes, facilitar rutas de salida de cocaína y mantener vínculos con grupos armados colombianos y redes criminales interesadas en introducir droga en Estados Unidos.
Pero el proceso avanza con gran lentitud. La audiencia prevista para el 30 de junio fue aplazada al 22 de julio por petición conjunta de la Fiscalía y de la defensa. El Gobierno alegó problemas de seguridad, transporte y logística, además de la necesidad de continuar entregando pruebas a los abogados de los acusados. Ambas defensas aceptaron el aplazamiento.
En una fase preliminar
La carta remitida al juez Alvin Hellerstein deja claro que el caso sigue en una fase preliminar. La Fiscalía debe completar la entrega de documentación, la defensa necesita revisar ese material y ambas partes han de definir las mociones previas al juicio. La petición incluye además excluir ese periodo del cómputo de la Ley de Juicios Rápidos, con el argumento de que resulta necesario para preparar adecuadamente el procedimiento.
No hay por tanto un calendario cerrado para un juicio que puede prolongarse durante meses o años, mientras Trump cultiva una excelente relación con la sucesora y vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez. El primer gran objetivo de Maduro no será convencer a un jurado sobre el fondo de las acusaciones, sino intentar que el caso quede condicionado por la forma en que fue detenido y trasladado a Estados Unidos.
Su abogado principal, Barry Pollack, ha descrito la operación como una «abducción» y ha adelantado que cuestionará la jurisdicción de los tribunales estadounidenses. La defensa pretende desplazar el centro del proceso desde las operaciones de narcotráfico hacia la soberanía venezolana y los límites de la acción militar norteamericana.
Ese tipo de recurso no es nuevo en la justicia federal. Otros acusados capturados fuera de Estados Unidos han intentado alegar que una detención irregular debía impedir su procesamiento. Los tribunales estadounidenses han tendido, sin embargo, a mantener la jurisdicción una vez que el acusado está bajo custodia federal y puede ejercer plenamente su derecho de defensa. El argumento de Pollack tendrá por ello un fuerte valor político y diplomático, pero no necesariamente una salida fácil en los tribunales.
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