En las horas posteriores a los potentes terremotos ocurridos la semana pasada en Venezuela, Diosdado Cabello, pidió a la población que se mantuviera resguardada y confiara en las autoridades. Muy pronto quedó claro que, si los venezolanos se quedaban esperando la respuesta gubernamental, la catástrofe podría haber sido peor.
La potencia de los sismos, la magnitud de los daños y las emergencias simultáneas podrían colapsar la capacidad de respuesta de cualquier gobierno, pero en el caso de Venezuela la frustración de sus ciudadanos, dentro y fuera del país, con la lentitud de las tareas de rescate se explica en la certeza de que Venezuela es un país quebrado y con limitados recursos para hacer frente a este tipo de emergencias.
Las imágenes de la devastación y la falta de respuesta oportuna denunciada en las redes sociales flotaban en la cabeza de la venezolana Soraly Arteaga, presidenta de la Fundación Principito, cuando prestó el nombre de su organización para coordinar el envío de insumos desde Lilburn, un suburbio de Atlanta, hasta Venezuela. Hasta el domingo Arteaga había recibido al menos 40 toneladas de alimentos no perecederos, herramientas para remover escombros y productos de higiene personal en un operativo que reunió a más de 600 voluntarios que se encargaron de clasificar los productos, según dijo a CNN.
Arteaga explicó que enviaría esa donación por carretera hasta Miami, desde donde saldría hacia Venezuela bajo el paraguas de una organización internacional sin ánimo de lucro, que tiene, dice, la infraestructura necesaria para repartirla. En ninguna parte de su detallado plan se planteaba contactar a las autoridades venezolanas para distribuir la ayuda.
“Nosotros no trabajamos con el Gobierno, sino con oenegés de Venezuela”, dijo a CNN. “Es una ayuda directa”.
Tampoco el empresario venezolano Radamez Rouffet, quien trabaja en Atlanta, buscó el apoyo de las autoridades para intentar ayudar en la hora más crítica de la catástrofe. Junto a un grupo de amigos y urgido por la llamada de una amiga que hasta el viernes, 48 horas después de los potentes sismos, tenía a su padre sepultado entre los escombros del edificio Aguja Azul de Catia La Mar, una de las zonas del estado La Guaira más afectadas por los sismos, Rouffet alquiló una grúa telescópica, una herramienta que remueve losas de concreto de los edificios que colapsaron, y otras dos maquinarias pesadas. “Quería ayudar de la forma más efectiva posible. Ya había muchas personas recogiendo insumos y pensé que alquilando todo eso y enviándolo allí donde no hubiera llegado la ayuda oficial era una buena manera”, dijo a CNN. Una semana después, la grúa seguía apoyando el trabajo de los rescatistas en el edificio, informó Rouffet.
Cuenta Roufett que, hasta el viernes en la tarde, cuando decidió alquilar las maquinarias, por la que paga unos US$ 1.740 diarios, las autoridades no habían llegado hasta ese edificio de Catia La Mar. Muchos videos en redes sociales mostraban a vecinos intentando remover escombros pesados con el apoyo de herramientas precarias para la magnitud de la tragedia. Ahora Rouffett agradece haberse apurado para rentar la maquinaria. El viernes en la noche las autoridades restringieron el paso hacia las zonas devastadas, una decisión que causó malestar, pero que el Gobierno de Delcy Rodríguez presentó como la manera de agilizar el desplazamiento de los equipos de rescate y atención a las víctimas por la única autopista que comunica a Caracas con La Guaira. Mientras tanto, Rouffet dice que sigue recolectando dinero para pagar la grúa, incluso de personas desconocidas.
Como ellos, muchas personas quieren ayudar asegurándose de que no haya intermediarios. Una muestra de desconfianza especialmente visible en las múltiples iniciativas de ayuda motorizadas dentro y fuera de Venezuela.
Una tenaz desconfianza
No es nueva la desconfianza de los venezolanos con sus autoridades, pero la brecha se ha ensanchado durante los 27 años de gobiernos chavistas, de acuerdo con las mediciones históricas de Latinobarómetro, el estudio anual que mide el estado de la opinión pública en 18 países de América Latina. Si en 2002, el tercer año de la autodenominada Revolución Bolivariana, 61,2 % de los encuestados decía tener poca o ninguna confianza en el gobierno de Venezuela, en 2024 el 80,3 % de los entrevistados manifestaron la misma opinión.
Entre una y otra fecha se profundizó la polarización en Venezuela. Muchos ciudadanos comenzaron a sentir que el gobierno no los representaba apenas comenzado el gobierno de Hugo Chávez. En 2001, dos años después de asumir el poder, el entonces presidente comenzó a llamar “escuálidos” a sus rivales políticos, un término peyorativo que luego se extendió a la ciudadanía que lo adversaba. Y esa zanja se fue ahondando conforme se extendió el hostigamiento a los funcionarios estatales que entre 2002 y 2003, con el apoyo de la organización Súmate, liderada entonces por María Corina Machado, respaldaron con sus firmas la celebración de un referéndum revocatorio en contra de Chávez.
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