Durante más de un siglo, en casos que involucran a acusados que van desde un cajero de banco de Chicago del siglo XIX acusado de robo hasta un dictador centroamericano acusado de tráfico de drogas, los jueces estadounidenses han rechazado argumentos de que presuntas violaciones del derecho internacional o de obligaciones de tratados deban resultar en el sobreseimiento de acusaciones penales.
Por Luc Cohen | Reuters
El expresidente venezolano Nicolás Maduro ahora está listo para poner a prueba esos precedentes cuando presente mociones el próximo miércoles argumentando que su caso penal por tráfico de drogas debe ser desestimado.
Maduro, de 63 años, se ha declarado no culpable. Su abogado, Barry Pollack, ha dicho que Maduro goza de inmunidad de procesamiento como jefe de un Estado soberano y ha planteado dudas sobre la captura militar estadounidense del histórico adversario socialista de Washington durante una redada el 3 de enero en la Venezuela rica en petróleo.
Enfrenta una batalla cuesta arriba para convencer al juez de distrito de EEUU con sede en Manhattan, Alvin Hellerstein, aunque el derecho internacional generalmente protege a los jefes de Estado en ejercicio de ser procesados en los tribunales de otros países.
Aunque los casos penales estadounidenses que involucran a jefes de Estados extranjeros o a personas capturadas por la fuerza en el extranjero son extremadamente raros, los casos anteriores que guardan similitudes con el de Maduro no le son favorables, dijeron a Reuters seis expertos estadounidenses en derecho internacional y defensa penal.
La decisión de Hellerstein dependería de si Maduro era realmente jefe de Estado. Los tribunales estadounidenses tienden a deferir al presidente y a su gabinete en disputas sobre quién es reconocido como líder de un país extranjero, y Estados Unidos no ha reconocido a Maduro como presidente de Venezuela desde 2019.
“En los pocos casos en que esto ha surgido —y han sido pocos y espaciados— los tribunales esencialmente han tomado la decisión del Poder Ejecutivo de presentar cargos como una determinación en sí misma de no inmunidad”, dijo Chimène Keitner, profesora de derecho en la Universidad de California, Davis, y exabogada del Departamento de Estado.
Los jueces también han sostenido de manera constante que los acusados penales pueden ser procesados incluso si pueden haber sido llevados ilegalmente a Estados Unidos.
Pollack no respondió a las solicitudes de comentarios. Un portavoz de la oficina del fiscal de EEUU de Manhattan se negó a comentar.
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