El abogado y preso político, Perkins Rocha, respaldó este jueves 3 de septiembre el pronunciamiento de la líder opositora y premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, quien cuestionó los acuerdos petroleros suscritos entre Estados Unidos y la administración encabezada por Delcy Rodríguez.
A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, Perkins Rocha sostuvo que cualquier decisión relacionada con las reservas energéticas de Venezuela debe contar con la participación de los venezolanos y no puede quedar en manos de autoridades que, según afirmó, carecen de legitimidad democrática.
En ese sentido, cuestionó el alcance político y jurídico que tendrían los acuerdos firmados por Rodríguez y aseguró que, desde su interpretación del orden constitucional venezolano, esos compromisos no tendrían fuerza vinculante para el futuro del país.
“Un asunto de vital trascendencia para el futuro de la nación venezolana, como lo es disponer internacionalmente de nuestras reservas energéticas, no puede decidirse de espaldas a los venezolanos”, escribió Rocha.
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El asesor jurídico de María Corina Machado también hizo referencia a la denominada tercera fase de la transición democrática, al considerar que tanto Estados Unidos como los venezolanos tienen interés en que el país avance hacia esa etapa. Según su planteamiento, únicamente autoridades elegidas mediante mecanismos democráticos podrían ofrecer garantías jurídicas suficientes para atraer inversiones de gran magnitud y establecer relaciones comerciales estables con Estados Unidos y otros países.
Rocha coincidió con la preocupación expresada previamente por Machado, sobre la conveniencia de suscribir acuerdos petroleros de largo alcance con el régimen chavista que ahora encabeza Delcy, desde que se convirtió en la sucesora de Nicolás Maduro, que terminó capturado por fuerzas militares de EEUU durante un operativo ejecutado en territorio venezolano la madrugada del 3 de enero.
El preso político afirmó que una eventual recuperación económica y energética de Venezuela requiere instituciones legítimas que puedan garantizar seguridad jurídica, estabilidad contractual y condiciones confiables para los inversionistas internacionales.
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