El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció este viernes 30 de octubre la muerte de dos personas privadas de libertad que padecían enfermedades graves y fallecieron los días 26 y 27 de octubre en los estados Táchira y Bolívar, respectivamente. La organización exigió investigaciones inmediatas para esclarecer las circunstancias de ambos decesos y determinar si hubo retrasos u omisiones en la atención médica.
En una publicación en su cuenta de X, el OVP identificó a los fallecidos como Rendy Ramón Ladera Araujo e Ildelfonzo Gil. El segundo caso generó especial preocupación, debido a que su defensa había solicitado reiteradamente una medida humanitaria de arresto domiciliario, pero la boleta que la acordaba apareció fechada el mismo día de su muerte.
Ladera Araujo falleció el 26 de octubre en el Hospital Central de San Cristóbal. El hombre permanecía recluido en el Centro Penitenciario de Occidente I (CPO I), conocido como la cárcel de Santa Ana, en el estado Táchira, y, de acuerdo con la información recibida por la organización, padecía leucemia.
El OVP señaló que su muerte se suma a otros fallecimientos documentados durante 2026 en ese establecimiento penitenciario. En mayo murió Francisco Orellano y, en junio, Yonny José Bastidas Briceño, quien padecía peritonitis aguda y otras complicaciones de salud.
A esta situación se suma el hacinamiento en el CPO I, donde, según la denuncia, permanecen más de 1.300 personas recluidas en instalaciones con capacidad para 800, lo que representa una ocupación superior al 162 %.
El segundo caso corresponde a Ildelfonzo Gil, quien falleció durante la mañana del 27 de octubre en los calabozos policiales de Guaiparo, en Puerto Ordaz, estado Bolívar. El detenido padecía cáncer avanzado en el rostro y permanecía bajo detención preventiva, sin haber recibido una condena.
Según el OVP, su abogado defensor había solicitado en reiteradas oportunidades al Tribunal de Violencia contra la Mujer de Puerto Ordaz una medida humanitaria de arresto domiciliario, debido a la gravedad de su condición de salud. Un médico habría advertido que a Gil le quedaban pocos meses de vida, por lo que su defensa y sus familiares realizaron diligencias para que pudiera pasar ese tiempo junto a sus seres queridos.
Sin embargo, de acuerdo con la denuncia, el tribunal negó la medida en tres oportunidades. El aspecto más cuestionado por la organización es que, después del fallecimiento, apareció una boleta judicial que acordaba el arresto domiciliario y que estaba fechada el mismo 27 de octubre.
«¿Por qué se rechazaron las solicitudes anteriores y cómo se explica que la medida apareciera cuando Gil ya había muerto?», cuestionó el OVP, que pidió esclarecer las actuaciones judiciales relacionadas con el caso.
La organización también alertó sobre las condiciones de hacinamiento en los calabozos de Guaiparo, donde permanecen aproximadamente 850 detenidos, pese a que originalmente fueron concebidos para albergar a un máximo de 100 personas. Aunque posteriormente se incorporaron espacios de una prefectura contigua para ampliar su capacidad, el hacinamiento continúa siendo crítico.
Humberto Prado, director del OVP, advirtió que la sobrepoblación supera el 566 % y explicó que los traslados de detenidos a centros hospitalarios para recibir atención médica requieren autorización judicial, salvo en situaciones de estricta emergencia.
A esta situación se suma el cierre de otros establecimientos de reclusión en Bolívar, que, según la organización, ha contribuido a mantener abarrotados los calabozos de los cuerpos policiales, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).
Ante ambos fallecimientos, Prado exigió investigaciones inmediatas, exhaustivas e imparciales para determinar qué atención médica recibieron los detenidos y establecer si existieron retrasos u omisiones que comprometieran sus vidas.
En el caso de Gil, solicitó además la intervención de las autoridades judiciales competentes en Caracas, de la jueza rectora y del Ministerio Público, con el propósito de esclarecer las actuaciones del tribunal que conocía su causa y determinar posibles responsabilidades penales, administrativas o civiles de los funcionarios involucrados.
El director del OVP también instó a las autoridades penitenciarias y judiciales a identificar urgentemente a las personas privadas de libertad que padecen enfermedades graves, crónicas o terminales, garantizarles atención médica especializada y tratamientos continuos, y evaluar sin dilaciones las medidas humanitarias que correspondan según su condición.
Prado advirtió que estas decisiones no pueden postergarse hasta que la vida de los detenidos se encuentre en peligro inminente. Finalmente, exigió investigar las muertes relacionadas con la falta de atención médica y las demás violaciones de derechos humanos en los centros de reclusión venezolanos, determinar las responsabilidades correspondientes y evitar que los hechos queden impunes.
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