QUITO (Reuters) - Los ecuatorianos convirtieron el domingo al presidente Rafael Correa en el mandatario más poderoso en la historia reciente del país andino, al aprobar en referendo una nueva Constitución socialista que reforzará la estabilidad del mandatario.
Pero, ni el giro hacia la izquierda del socio más pequeño de la OPEP, ni las enormes atribuciones que tendrá Correa en términos de la política energética, económica y monetaria tiene por que ser una mala noticia para los inversores extranjeros.
Paradójicamente, la acumulación de poder en manos del mandatario, un economista de discurso nacionalista que no reniega de su formación académica en Estados Unidos y Europa, podría estabilizar las cambiantes reglas de juego en el país y dar un horizonte de expectativas a los capitales externos.
"Creo que la capacidad de Correa para utilizar la nueva Constitución para consolidar su poder y establecer un cierto grado de estabilidad política y reglas del juego predecibles es bienvenida por los inversores", dijo el analista de riesgo político Patrick Esteruelas, de Eurasia Group.
Correa quiere utilizar los poderes que le da la nueva Constitución para fortalecer el rol del Estado en la economía, lo que incluye la renegociación de contratos con compañías extranjeras en sectores clave como el energético y el minero.
Sin embargo, el pragmatismo se ha impuesto hasta la fecha a su dura retórica antimercado y el nuevo articulado podría disipar parte de la incertidumbre de la que se han quejado los inversores, especialmente por las amenazas del Gobierno de no pagar parte de la deuda externa por considerarla "ilegítima".
"Tampoco vamos a meter al país en una aventura insensata que podría perjudicar al país. Pero sí vamos a tratar de hacer justicia", dijo Correa el día antes de su resonante triunfo electoral en el referendo, suavizando sus advertencias de no honrar las obligaciones externas.
Correa ya ha dejado claro que su objetivo final es buscar mayores ingresos fiscales para financiar los planes sociales con los que combate la alta pobreza, sin seguir los pasos de su aliado venezolano, Hugo Chávez, que optó por impulsar la nacionalización de la economía.
En la última década, Ecuador ha vivido una permanente crisis política y económica que ocho mandatarios trataron de domar sin éxito. Ninguno logró finalizar su mandato e incluso tres fueron derrocados en medio de violentas protestas.
Marcado por un constante vacío de poder y un fuerte descontento popular, el país se convirtió en un riesgoso destino para los capitales foráneos.
JUEGO DURO, REGLAS CLARAS
Consciente de que el país necesita ingentes inversiones, el mandatario de 45 años se ha mostrado hasta el momento más moderado que su aliado venezolano y, aunque sigue sin descartar un inmediato impago de la deuda, lo ha ligado a una eventual crisis fiscal de su Gobierno.
"Este es un país con enorme potencial que estuvo frenado por 20 años. Esta Constitución sirve para desatar todo eso y abrir esas puertas al crecimiento económico. Las reglas del juego van a estar claras", aseguró el ex ministro de Energía Alberto Acosta, uno de los ideólogos del texto constitucional.
Aún así, este moderado crítico de Washington también sabe jugar fuerte para lograr los recursos que necesita para cumplir con las ambiciosas promesas que ha hecho al electorado en materia de sanidad, educación e infraestructura, y de las que dependerá su apoyo social, según analistas.
Cuando propuso a las petroleras migrar sus contratos de participación a unos más beneficiosos para el Estado, no dudó en subir el impuesto especial por los altos precios del crudo a un 99 por ciento para ejercer presión en las negociaciones.
Además revirtió casi todas las concesiones mineras antes de negociar una nueva ley del sector y obligó a las telefónicas a desembolsar fuertes sumas para operar en el país.
Pero, ni la alta inflación, ni la oposición de la Iglesia en una país profundamente católico, ni la agresiva campaña mediática de sus adversarios han logrado contrarrestar su efectivo discurso contra las "corruptas élites" político-económicas del pasado.
Sin embargo, incluso con reforzados poderes ejecutivos, su futuro y el de los inversores no está exento de riesgos.
Una acusada caída en los precios del crudo podría empujarlo a una moratoria del servicio de la deuda y su fuerte apoyo popular podría voltearse en el mediano plazo si un mal desempeño económico desdibuja el idílico panorama que pintó a los ecuatorianos para dar que aprobaran su Constitución.
Pero, ni el giro hacia la izquierda del socio más pequeño de la OPEP, ni las enormes atribuciones que tendrá Correa en términos de la política energética, económica y monetaria tiene por que ser una mala noticia para los inversores extranjeros.
Paradójicamente, la acumulación de poder en manos del mandatario, un economista de discurso nacionalista que no reniega de su formación académica en Estados Unidos y Europa, podría estabilizar las cambiantes reglas de juego en el país y dar un horizonte de expectativas a los capitales externos.
"Creo que la capacidad de Correa para utilizar la nueva Constitución para consolidar su poder y establecer un cierto grado de estabilidad política y reglas del juego predecibles es bienvenida por los inversores", dijo el analista de riesgo político Patrick Esteruelas, de Eurasia Group.
Correa quiere utilizar los poderes que le da la nueva Constitución para fortalecer el rol del Estado en la economía, lo que incluye la renegociación de contratos con compañías extranjeras en sectores clave como el energético y el minero.
Sin embargo, el pragmatismo se ha impuesto hasta la fecha a su dura retórica antimercado y el nuevo articulado podría disipar parte de la incertidumbre de la que se han quejado los inversores, especialmente por las amenazas del Gobierno de no pagar parte de la deuda externa por considerarla "ilegítima".
"Tampoco vamos a meter al país en una aventura insensata que podría perjudicar al país. Pero sí vamos a tratar de hacer justicia", dijo Correa el día antes de su resonante triunfo electoral en el referendo, suavizando sus advertencias de no honrar las obligaciones externas.
Correa ya ha dejado claro que su objetivo final es buscar mayores ingresos fiscales para financiar los planes sociales con los que combate la alta pobreza, sin seguir los pasos de su aliado venezolano, Hugo Chávez, que optó por impulsar la nacionalización de la economía.
En la última década, Ecuador ha vivido una permanente crisis política y económica que ocho mandatarios trataron de domar sin éxito. Ninguno logró finalizar su mandato e incluso tres fueron derrocados en medio de violentas protestas.
Marcado por un constante vacío de poder y un fuerte descontento popular, el país se convirtió en un riesgoso destino para los capitales foráneos.
JUEGO DURO, REGLAS CLARAS
Consciente de que el país necesita ingentes inversiones, el mandatario de 45 años se ha mostrado hasta el momento más moderado que su aliado venezolano y, aunque sigue sin descartar un inmediato impago de la deuda, lo ha ligado a una eventual crisis fiscal de su Gobierno.
"Este es un país con enorme potencial que estuvo frenado por 20 años. Esta Constitución sirve para desatar todo eso y abrir esas puertas al crecimiento económico. Las reglas del juego van a estar claras", aseguró el ex ministro de Energía Alberto Acosta, uno de los ideólogos del texto constitucional.
Aún así, este moderado crítico de Washington también sabe jugar fuerte para lograr los recursos que necesita para cumplir con las ambiciosas promesas que ha hecho al electorado en materia de sanidad, educación e infraestructura, y de las que dependerá su apoyo social, según analistas.
Cuando propuso a las petroleras migrar sus contratos de participación a unos más beneficiosos para el Estado, no dudó en subir el impuesto especial por los altos precios del crudo a un 99 por ciento para ejercer presión en las negociaciones.
Además revirtió casi todas las concesiones mineras antes de negociar una nueva ley del sector y obligó a las telefónicas a desembolsar fuertes sumas para operar en el país.
Pero, ni la alta inflación, ni la oposición de la Iglesia en una país profundamente católico, ni la agresiva campaña mediática de sus adversarios han logrado contrarrestar su efectivo discurso contra las "corruptas élites" político-económicas del pasado.
Sin embargo, incluso con reforzados poderes ejecutivos, su futuro y el de los inversores no está exento de riesgos.
Una acusada caída en los precios del crudo podría empujarlo a una moratoria del servicio de la deuda y su fuerte apoyo popular podría voltearse en el mediano plazo si un mal desempeño económico desdibuja el idílico panorama que pintó a los ecuatorianos para dar que aprobaran su Constitución.
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