La situación de los derechos humanos
encendieron las alarmas de la comunidad internacional que desde 2014
ha mantenido su mirada en las violaciones y arbitrariedades que han
sucedido en el país, es por ello que de manera inédita en la región,
este año dos grandes organismos multilaterales iniciaron procesos para
investigar a Venezuela.
En medio de los señalamientos y
exhortos de organismos e instancias mundiales que han hecho al gobierno
de Nicolás Maduro, por la crisis que atraviesa el país y la violación de
los derechos fundamentales de los ciudadanos, la Fiscalía de la Corte
Penal Internacional y recientemente la Organización Internacional del
Trabajo abrieron averiguaciones: la primera, contra funcionarios del
gobierno que podrían ser condenados y la otra contra el Estado
venezolano que en tal caso debe adoptar una serie de recomendaciones.
La CPI comenzó en febrero las experticias para determinar si durante 2017 se cometieron delitos de lesa humanidad en el país.
También en Honduras, pero en 2013,
ese organismo realizó averiguaciones de este grado, pero no procedieron
porque no demostraron el carácter sistemático de las violaciones, cosa
que en Venezuela sí, aseguró Ali Daniels, director de Acceso a la
Justicia.
Señaló que en el caso de Venezuela
existen indicios graves de que sí hubo delitos contra la humanidad de
manera sistemática, no solo contra opositores sino contra sectores
desfavorecidos –como los 8.000 asesinatos de la Operación de Liberación
de Pueblo–.
Tan grave es la situación que por
primera vez la Organización de Estados Americanos designó un panel de
expertos para evaluar la situación y concluyeron que desde 2014 el
gobierno de Maduro ha cometido delitos de esa naturaleza.
En el informe que publicaron en mayo,
recomendaron activar los mecanismos del Estatuto de Roma –del que
Venezuela forma parte– para que la CPI comience una investigación
relacionada con los asesinatos, arrestos arbitrarios y violaciones de
los derechos humanos cometidos por funcionarios del gobierno.
Falso discurso
Activistas por los derechos humanos
ven como una paradoja que un gobierno que se promulga como “socialista,
humanista y obrerista” tenga encima dos investigaciones por transgredir
las garantías de pactos y tratados internacionales suscritos por
Venezuela y que, de acuerdo con la carta magna, tienen rango
constitucional como por ejemplo los convenios de la OIT en materia de
libertad sindical, fijación del salario y respeto a la negociación
tripartita (entre el Estado, el empleado y la empresa), que llevaron a
ese organismo por primera vez a realizar una investigación de esta
naturaleza.
“Nicolás Maduro se ha autodenominado
como un presidente obrerista y está bajo el procedimiento más alto de la
OIT; además se niega a ocuparse de eso”, señaló Carlos Patiño, abogado y
coordinador de exigibilidad de Provea. Indicó que luego de la
investigación, lo probable es que la OIT haga recomendaciones al Estado
venezolano y, en caso de que este incumpla –como lo ha hecho con las
recomendaciones del Comité de Derechos Humanos de la ONU–, el caso puede
ir a la Corte Internacional de Justicia.
El gobierno ha cometido 180
violaciones a los derechos laborales contra empleados públicos en ocho
estados del país, de acuerdo con el registro de la ONG Movimiento
Vinotinto.
“La investigación de la OIT pone en
evidencia que no es un presidente obrero. Por el contrario, en vez de
defender los derechos de los trabajadores ha sido el que más los ha
anulado”, expresó Daniels. Vio con suspicacia el hecho de que ante estas
dos inéditas investigaciones el gobierno de Maduro se mantenga en
silencio.
“Este no es un presidente obrero. Por el contrario, en vez de defender los derechos de los trabajadores ha sido el que más los ha anulado”Ali DanielsDirector de Acceso a la Justicia
El Dato
Venezuela es el tercer país en
América que se encuentra bajo una investigación preliminar por delitos
de lesa humanidad. Anteriormente la Corte Penal Internacional abrió un
expediente a Colombia y Honduras. El primer caso sigue abierto y el
segundo cerró en 2015. A través del examen preliminar se determina si
existen razones para comenzar la averiguación formal.
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