Cinco dólares por un colchón, diez dólares por unas horas en una habitación con derecho a bañarse, entre 6 y 9 dólares por almuerzo —sin incluir el traslado— son algunos de los gastos que se suman a la angustiante espera de familiares que aguardan a las afueras de la cárcel El Rodeo por la excarcelación de presos políticos.
Desde el pasado jueves, cuando el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunció que se excarcelaría a “un número importante” de detenidos, este centro penitenciario se convirtió en destino de familiares, amigos, periodistas y diplomáticos que siguen de cerca las liberaciones.
El Rodeo, una prisión creada para delincuentes comunes y ubicada en el estado Miranda, a las afueras de Caracas, lideraba la lista de centros con más presos políticos, con 102 recluidos hasta el 5 de enero, según la ONG Foro Penal.
Ninguna autoridad ofrece información oficial. Los familiares han colocado una larga fila de velas en la reja de entrada y levantaron un campamento improvisado, con 16 carpas donadas y colchones alquilados, especialmente para quienes llegan desde otros estados del país.
500 kilómetros
Massiel Cordones, madre del teniente del Ejército José Ángel Barreno Cordones, encarcelado desde 2020, relató que pagó 60 dólares en transporte desde Punto Fijo (estado Falcón), a más de 500 kilómetros de distancia. De no haber recibido un descuento, el viaje habría costado 90 dólares.
Cordones explicó que viaja una vez al mes para ver a su hijo, ya que no tiene empleo y debe ahorrar cada dólar. Trabajó 23 años en una institución del Estado, pero perdió su cargo a finales de 2024 por reclamar públicamente información sobre su hijo, tras denuncias de que los presos fueron “golpeados y torturados” y sometidos a 100 días de castigo e incomunicación.
Desde entonces, vende comida en su casa para financiar las visitas. Tras el anuncio del jueves, viajó esa misma noche y aseguró que no se irá hasta que su hijo sea liberado.
“Dineral”
Delmar Hernández, esposa de Jesús Alberto García Páez, extrabajador de Pdvsa, detenido en noviembre de 2023, describió los gastos como “un dineral”: comidas, pasajes, ropa extra y dinero para sus hijos, que quedaron en casa.
Hernández, residente en Guacara (estado Carabobo), a 200 kilómetros, llegó para una visita y decidió quedarse indefinidamente, gracias a la ayuda económica de terceros. Sus hijos de 12 y 14 años permanecen al cuidado de familiares.
Frente a la prisión, los comercios ofrecen comida, electricidad para recargar teléfonos y alquiler de baños, con precios equivalentes a entre 12 y 15 centavos de dólar, según el tipo de cambio oficial del BCV.
Maryolin González, esposa de Ebro Leonardo Delgado Briceño, detenido desde julio de 2022, pagó cerca de 100 dólares en pasajes para viajar desde Colombia, donde emigró tras perder su vivienda y recibir amenazas contra sus hijos.
Tras el anuncio del Parlamento, pidió dinero prestado y regresó de inmediato a Venezuela, donde planea quedarse hasta ver a su esposo libre. Durante este tiempo, ha recibido apoyo de la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos.
El lunes, el Ministerio de Servicio Penitenciario informó sobre “116 nuevas excarcelaciones”, sin publicar nombres ni condiciones.
Hasta el mediodía de este martes (16:00 GMT), la ONG Foro Penal y la Plataforma Unitaria Democrática confirmaron entre 56 y 76 excarcelaciones, 13 de ellas de extranjeros o venezolanos con doble nacionalidad.
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